El teletrabajo para los funcionarios llega para quedarse y el 60% podría optar a él

El teletrabajo vuelve a ser esencial para que millones de empleados públicos puedan prestar sus servicios y que las administraciones sigan funcionando pese a estar confinados en casa por la imposibilidad para desplazarse a causa de los efectos de la borrasca más devastadora en cinco décadas. Esta práctica, con una importante implantación en países vecinos, apenas tenía cabida en España hace un año, pero ahora se ha convertido en fundamental ante acontecimientos como la pandemia, el toque de queda o las inclemencias meteorológicas que han dejado media Península aislada.

Los casi 2,6 millones de empleados públicos han sido los trabajadores que en mejores condiciones han podido optar por trabajar desde casa, si bien buena parte de los efectivos públicos -policías, militares, guardia civil, sanitarios o profesores- han estado activos cumpliendo sus servicios donde se les solicitase e incluso han doblado sus guardias. Mientras, otros empleados, como auxiliares de control y de limpieza y, en último extremo, los profesores de infantil, en la mayoría de ocasiones no acudirán a sus centros ni trabajarán desde casa. Estos suponen entre un 5% y un 8% del total.

El teletrabajo está presente en la vida de muchos funcionarios desde hace meses. Antes de la aparición del coronavirus, apenas un 5% de los empleados vinculados a la Administración General del Estado (AGE) desarrollaba su labor en su casa. Sin embargo, hasta seis de cada diez pudieron hacer en los momentos más duros de la pandemia un porcentaje que se ha reducido a en torno el 22% y que sin duda volverá por encima del 50% por el temporal.

Mientras, en la Comunidad de Madrid, que cuenta con 160.000 empleados, podrían teletrabajar también cerca del 60%, como ya ha sucedido en algunos momentos de la pandemia, según sus datos, mientras que para el resto es necesaria su actividad presencial -sanitarios, profesores, personal de servicios o Justicia-.

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La mayoría de teletrabajadores reconoce ventajas y pocos inconvenientes. Entre las primeras, la fundamental es la conciliación laboral y familiar. Junto a esto, el ahorro en tiempo y dinero en transporte y comida o en horas extras en los colegios y el aumento de productividad, son claves. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer en aspectos tecnológicos: ayer lunes se cayó la plataforma virtual de EducaMadrid durante varias horas, impidiendo las clases a miles de alumnos. El sindicato más crítico con este sistema, Comisiones Obreras, advierte de que están en juego algunos derechos de los empleados.

Ordenador y facilidades

El pasado junio, los sindicatos UGT y CSIF, mayoritarios entre los empleados públicos, arrancaron al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un acuerdo trascendental por el que más de 230.000 funcionarios de la Administración General del Estado tendrán derecho a teletrabajar al menos un día por semana, mientras que si tienen hijos y/o personas dependientes a su cargo, podrán trabajar desde su domicilio hasta cuatro días de forma voluntaria y reversible.

Además, todos los sindicatos representados en la Mesa de la Función Pública -UGT, CC OO, CSIF, CIG y ELA- han logrado que el Gobierno se comprometa a facilitar tres millones de ordenadores con el fin de que puedan acogerse al teletrabajo con los mínimos desplazamientos.

El último gran logro sindical ha sido la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto que incluye la reforma del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para recoger la regulación básica del teletrabajo para unos 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones, con un impacto económico y presupuestario neutro. Pese a todo, el teletrabajo no será posible para todos los funcionarios, ya que el texto recoge explícitamente que solo lo podrán hacer "siempre que las necesidades del servicio lo permitan".