La reincorporación de los trabajadores no esenciales a la actividad laboral amenaza con provocar otra avalancha de bajas por Covid-19. Así lo advierten los médicos de atención primaria, que denuncian la carga de trabajo adicional que supone la tramitación de estos partes en un momento tan crítico para la sanidad pública como el actual. Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el 4 de marzo hasta el 2 de abril se concedieron más de 250.000 bajas, de las que unas 65.000 se corresponden con personas infectadas por coronavirus y el resto, tres de cada cuatro, son de trabajadores aislados en cuarentena, bien con síntomas pero sin positivo oficial por falta de test, bien por contacto directo con contagiados.
"Todo apunta a que en los próximos días habrá un repunte de bajas", augura José Luis Quintana, médico de familia del centro de salud El Greco, en Getafe (Madrid). Este profesional prevé un nuevo aluvión de solicitudes por parte de los colectivos que el Gobierno ha identificado como vulnerables y a los que ha pedido que no acudan a sus puestos de trabajo en el caso de pertenecer a alguna de las actividades consideradas no esenciales que se están retomando obligatoriamente entre este lunes y martes, pese a que se mantiene el confinamiento de la población y se ha prorrogado el estado de alarma hasta el día 26 de abril.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó el sábado en rueda de prensa que "aquellos que presenten algún tipo de vulnerabilidad pueden y deben acogerse a una baja médica y no acudir a su puesto de trabajo". Así se refirió a determinados trabajadores de sectores como la construcción o la industria, que han permanecido paralizados apenas dos semanas (8 días laborables) y que ahora deben volver a sus puestos, siempre que no puedan teletrabajar. Además, advirtió de que si una persona presenta sintomatología, por leve que sea, no debe incorporarse hasta contactar con los servicios médicos de su comunidad autónoma y asegurarse de que no existe ningún peligro de contagio del virus.
Pero además de quienes presenten algún síntoma o quienes hayan estado en contacto estrecho con personas que hayan presentado síntomas o que hayan sido diagnosticadas con Covid-19, el responsable de Sanidad señaló que "aquellas personas vulnerables a la enfermedad por edad, estar embarazadas o padecer afecciones anteriores tampoco deben de ir a su puesto de trabajo, deben ponerse en contacto con las autoridades médicas para que le den la baja". Estas declaraciones, a juicio de Quintana, abren la puerta a un nuevo alud de bajas laborales, ya no solo por la "dificultad" para identificar a esos colectivos, sino también por el "miedo" que existe entre la población a contagiarse.
Más allá de los casos en los que la inseguridad pueda a la necesidad económica, Quintana advierte de que, si bien existen casos evidentes por enfermedades graves que están perfectamente identificados, como un cáncer con tratamiento de quimioterapia, la definición de "enfermedad crónica" o "afecciones anteriores" es muy amplia e imprecisa. Aquí se incluirían, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, personas que hayan sufrido infartos o que padezcan de los bronquios... A su juicio, es "un error" incluir a estas personas, que son colectivos de riesgo en la situación actual de pandemia, en el mismo grupo que a los pacientes enfermos con bajas por incapacidad temporal.
Fuentes del Ministerio de Sanidad insisten en que "si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) no tendrás que acudir al centro de trabajo". Y matizan que "en caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite, en su caso, que efectivamente debes permanecer en una situación de aislamiento a efectos laborales y, si así fuese, se considerará una situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal".
Consultados al respecto, desde la Seguridad Social explican que estos colectivos, entre los que se incluyen los "mayores de 60 años no sanos" deben "abstenerse de ir al puesto de trabajo" en función de tres circunstancias: el nivel de riesgo del puesto de trabajo, el grado de vulnerabilidad de la persona y la imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo. En este sentido, aclaran que el trabajador debe ponerse en contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa (o área similar de la misma) quienes evaluarán estas circunstancias y emitirán el correspondiente informe.
Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá añaden que "si el informe señala la imposibilidad de que la persona acuda a su puesto de trabajo, el trabajador debe hacérselo llegar a su médico de atención primaria para que emita la correspondiente baja laboral por el tiempo que precise". Otro de los problemas que surge aquí, según revela Quintana, es que los médicos no saben por cuánto tiempo dar las bajas, en el caso de los colectivos de riesgo, porque "ni las condiciones que les hacen vulnerables van a desaparecer, ni el virus tampoco. Bajará la incidencia de enfermos, pero no desaparecerá", zanja. Esto está provocando que la mayoría de estas bajas se estén aprobando para una duración máxima de 365 días, a la espera de recibir instrucciones de las autoridades.
Houston tenemos un problema. A los pacientes de riesgo (mayores de 60 años y enfermedades crónicas) salud laboral les da un informe de que no deben trabajar y no los pueden recolocar. Les damos la baja. Y el alta ¿cuando?
— Jose Luis Quintana (@JoseLuisQ) April 10, 2020
Las condiciones no van a desaparecer y el virus... tampoco
En opinión de este médico de familia, el Gobierno ha cometido un error al fijar que estos casos de aislamiento preventivo se tramiten como incapacidad temporal (se considera situación asimilada al accidente de trabajo a efectos de la prestación económica) ya que estima que no son personas enfermas. "Se podía haber seguido un procedimiento análogo al descanso maternal, por ejemplo, y deberían haberlo gestionado entre las empresas y el Instituto Nacional de la Seguridad Social", apunta, para descargar así a los médicos de toda la tramitación y el papeleo en un momento en el que están trabajando "en circunstancias muy difíciles".
Los médicos de familia denuncian el exceso de burocracia al que tienen que hacer frente en la tramitación de estas bajas y han creado una petición de firmas en Change.org en la que explican que un centro de salud de tamaño medio dedica un médico a triaje (atención en puerta y redireccionamiento), otro a la atención de enfermos respiratorios (Covid-19) y los restantes, entre 3 y 5 médicos, a consulta (presencial, telefónica o domiciliaria) . Del tiempo dedicado a consulta, entre un 20% y un 40% se destina a tramitar partes de baja, "obviamente en detrimento de las labores verdaderamente asistenciales", sentencian.
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