Miércoles, 27.05.2020 - 11:59 h
División en la patronal

Las medidas del Gobierno contra el virus recrudecen la 'guerra interna' en la CEOE

Organizaciones sectoriales y territoriales se desmarcan del posicionamiento de Garamendi y critican su "tibieza" ante los "ataques a las empresas".

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, participa en el Foro Económico de ‘El Diario Montañés' en Santander.
Las medidas del Gobierno contra el virus recrudecen la 'guerra interna' en la CEOE / EP

Son días muy difíciles para los empresarios, los peores que se recuerdan desde tiempos de la Gran Recesión. Entonces jugó en contra de muchos la falta de solvencia que acabó por llevarles a la ruina, y ahora el parón en seco de la actividad para evitar que el coronavirus siga matando amenaza la supervivencia a corto y medio plazo de millones de negocios saneados. El Gobierno se ha visto obligado a tomar medidas económicas drásticas que han soliviantado al empresariado y su máximo representante patronal, Antonio Garamendi, ha salido en su defensa en varias ocasiones. Pero en la CEOE hay más de dos millones de compañías de todos los tamaños, de todos los sectores y de todos los rincones de España y algunas critican en privado el posicionamiento de su presidente ante los "ataques directos a la línea de flotación de las empresas".

Representantes de varias organizaciones sectoriales y territoriales han visto "tibieza" en algunas palabras de Garamendi cuando ha pedido en balde que no se pare toda la actividad productiva -como ya se ha hecho, salvo para los servicios esenciales- o advierten de que será muy complicado para los empresarios mantener sus plantillas durante seis meses cuando todo esto acabe. Creen que el presidente de la CEOE debería ir más allá y exigir al Gobierno la suspensión de impuestos para evitar quiebras. Defienden que es el Estado el que debe asumir el coste total de esta crisis y no cargarlo en las espaldas de las empresas. Las críticas vienen sobre todo de las más pequeñas, que se sienten "abandonadas" y se muestran "molestas" con la actitud general de la patronal ante esta crisis sanitaria y económica.

En el sector más incómodo de la CEOE tampoco entienden los elogios que ha dirigido su presidente a Nadia Calviño. Comentan, en conversaciones privadas, que la vicepresidenta económica "puede ser una buena técnica presupuestaria, pero no es una buena gestora para esta crisis". "Ahora no se trata de hacer un cuadro macro", cuestionan. Calviño ha sido la gran aliada de los empresarios desde que llegó Pedro Sánchez al poder y sobre todo tras la conformación de la coalición progresista, pero ahora ven cómo los planteamientos de Unidas Podemos van ganando terreno en la toma de decisiones. "Pablo Iglesias está aprovechando esta situación para desplegar su agenda económica y nadie está haciendo nada por evitar el daño que está haciendo a las empresas", llegan a afirmar.

Durante este paréntesis -como lo llama el Gobierno- y dure lo que dure, las empresas van a tener que seguir pagando religiosamente sus impuestos y también las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de que no acudan a suspensiones temporales de empleo. Y ello aunque su actividad se reduzca a cero, un descalabro que están sufriendo ya cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios. También tendrán que seguir abonando los alquileres de los locales y el resto de costes fijos, ya que el Consejo de Ministros sigue dividido sobre esta cuestión y no ha anunciado medidas al respecto. Además todas las actividades no esenciales que están obligadas a parar deberán dar permisos retribuidos a sus trabajadores. Y todo esto sin poder hacer despidos.

Cataluña y Madrid se desmarcan

Garamendi ha defendido que las medidas aprobadas para dotar de oxígeno a las empresas son suficientes y ha descartado exigir al Gobierno la suspensión del pago de impuestos. "Ya se ha conseguido un aplazamiento para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta seis millones y se puede ampliar ese umbral. Sería siempre aplazar, pero no exonerar, porque el Estado tiene que funcionar. Si no funciona el Estado, nos caemos todos", comentaba en una entrevista en 'El Mundo' antes de que Sánchez decretara el cerrojazo de la economía este fin de semana. Mientras tanto, públicamente, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y también vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, calificaba el plan de choque aprobado por el Ejecutivo de "insuficiente" y le acusaba de "condenar a las empresas" al no aprobar la suspensión de las liquidaciones fiscales y de las cotizaciones sociales.

Por su parte, la patronal madrileña CEIM hacía público un comunicado este domingo en el que criticaba duramente el cierre de la actividad en todo el país por el coste que va a suponer para unas empresas "ya extenuadas por la situación y que están haciendo un enorme esfuerzo por mantenerse". Además, aprovechaba la ocasión para afear al Gobierno que haya tomado esta decisión de manera "unilateral, sin el conocimiento y consenso previo, despreciando la oportunidad que el diálogo social ofrece para mejorar una norma y reducir los efectos negativos que se puedan producir en el tejido empresarial y, sobre todo, en el empleo".

"Las empresas no necesitan avales porque no quieren endeudarse, lo que necesitan es que se les exonere de los impuestos porque no tienen liquidez", comenta un empresario ligado al mundo autónomo. A nivel oficial, la voz cantante de este colectivo la está llevando la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Su presidente, Lorenzo Amor, es también vicepresidente de la CEOE, de la que tiene todo el respaldo, pero esta es una lucha sectorial en la que cada uno defiende lo suyo. Por eso ha lanzado una campaña sin cuartel para pedir al Gobierno que suspenda la cuota de autónomos bajo el argumento de que "a ingresos cero, cotización cero".

Por su parte el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, también está tomando cartas en el asunto por su cuenta para trasladar las demandas de la mayor parte del tejido productivo español que son las pequeñas y medianas empresas. Según una encuesta interna el 15% de las pymes temen que la crisis del coronavirus les va a lleva a cesar su actividad y el 95% están convencidos de que el parón económico del país les va a perjudicar. Ante estas perspectivas, Cuerva ha pedido al Gobierno que los ERTE sean todavía más automáticos y ha rechazado que haya abusos en las suspensiones de empleo, como ha detectado ya la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha puesto en marcha un mecanismo de revisión 'ex post' de todos los expedientes para detectar fraudes.

El sábado por la noche las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme emitían un comunicado, respaldado también por ATA, en el que advertían del "enorme impacto sin precedentes en la economía española" del cierre prácticamente total de la actividad anunciado por Sánchez y pedían medidas adicionales para evitar "el agravamiento de la situación ya dramática que atraviesan las empresas" y la "destrucción masiva del tejido empresarial y del empleo de manera definitiva". Desde el Instituto de la Empresa Familiar también se sumaban a estas demandas e incidían en el rechazo rotundo a las insinuaciones que se están haciendo sobre "inexistentes actitudes insolidarias del mundo empresarial". "Desde el comienzo de las crisis las empresas están demostrando su compromiso con España y con sus ciudadanos", zanjaban. 

Las grietas se agrandan

Los empresarios claman al unísono en cuestiones como la prohibición tácita de los despidos -algunos incluso cuestionan su viabilidad jurídica-, la paralización total de la actividad productiva o las imposiciones sobre el mantenimiento de las plantillas, pero internamente cada uno 'barre para casa' y algunos ponen en entredicho la postura de Garamendi. Tampoco es una novedad, pues el descontento con el presidente por su "laxitud" hacia el Gobierno viene de lejos. Le acusan de responder con escasa beligerancia a los ataques a las empresas y de haberse puesto de perfil ante medidas como la subida del salario mínimo.

El coronavirus no ha hecho más que avivar la guerra interna y el malestar ya existente en la Junta Directiva tras polémicas como la surgida en torno al sueldo de 300.000 euros que se asignó Garamendi, el incremento del organigrama de la organización o los fichajes de personas vinculadas en el pasado con la órbita del Partido Popular como Íñigo Fernández de Mesa, exsecretario de Economía y Empresa, vicepresidente de la CEOE y director del Instituto de Estudios Económicos. El intento de reclutar a la exministra de Empleo Fátima Báñez tampoco sentó bien en el seno de la patronal. A esto se suma que la sintonía de Garamendi con Sánchez desde el minuto uno ya abrió las primeras grietas en Diego de León. 

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