Escrivá ignora cuatro recetas de De Cos para reducir la nómina de las pensiones

El Congreso de los Diputados dio el pasado jueves luz verde a la primera de las patas de la reforma de las pensiones que ha diseñado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con el objetivo de garantizar las prestaciones futuras, previo sacrifico de la generación del 'baby boom', que deberá jubilarse más tarde, cotizar más y recibir pensiones menores. El ministro ha supeditado buena parte del éxito de su reforma a garantizar mayores ingresos y a la modificación de las fuentes de financiación de algunos gastos 'impropios' que tenía asumidos hasta ahora la Seguridad Social. Pese a todo, estas medidas se quedarán cortas ante un incremento imparable de la nómina de la pensiones, cada vez más elevadas, más numerosas y que crecerán cada año de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC).

Especialmente crítico ante esta falta de previsión, aunque parte de la reforma sigue negociándose, ha sido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en su reciente comparecencia en el Senado advirtió de que las medidas previstas serán insuficientes para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social y que se deberán implementar nuevos mecanismos si lo que se pretende es garantizar las prestaciones para todos los jubilados y evitar la quiebra del sistema. Buena parte de estas recomendaciones van enfocadas al control de aumento del gasto y supondrían un recorte de las prestaciones, que se uniría al que ya supone la reforma de 2011, la de José Luis Rodríguez Zapatero.

De Cos hizo llegar el año pasado un informe con sus recetas para la reforma de las pensiones, en el que ya se contemplaban algunos de los efectos de la pandemia en la economía, a la Comisión del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones son el punto de partida para la reforma de Escrivá. Sin embargo, el ministro solo ha tenido en cuenta una de las cinco propuestas del gobernador para contener el gasto. De Cos defiende algunas de las medidas contempladas en la reforma del Partido Popular de 2013 y advierte, que con una tasa de empleo del 80% -muy optimista- y un factor demográfico del 58% en 2050 -el peso de la población de más edad sobre la población en edad de trabajar- sería necesario un aumento del tipo efectivo de las  cotizaciones sociales de ocho puntos para mantener constante la tasa de beneficio actual -último sueldo con respecto a la pensión- o de lo contrario, bajar esta tasa al 34%, desde el 46% actual, o lo que es lo mismo, un importante tijeretazo a la pensión.

Solo existen dos vías: aumentar de forma muy importante las cotizaciones e impuestos o reducir los gastos con mecanismos que recortan las pensiones

Una vez tumbada la reforma de pensiones del Partido Popular, que es una de las múltiples reclamaciones de los sindicatos para avalar los cambios de Escrivá, el Banco de España propone rescatar algunas de las iniciativas que contemplaba ese proyecto para controlar el aumento del gasto. Para De Cos, mantener el Factor de Sostenibilidad, que reduciría la pensión inicial de los nuevos jubilados en función de la esperanza de vida y, sobre todo, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), cuya aplicación está suspendida desde 2018 y limita la subida anual de las pensiones, excepto las mínimas, son fundamentales para la sostenibilidad del sistema.

El Banco de España señala que mantener el IPR frente a la revalorización constante con el IPC supondría un ahorro de casi medio punto del Producto Interior Bruto anual -0,43%- en el promedio entre 2017 y 2057. Otra de las medidas que Escrivá ha evitado, de momento, y que si forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo es incrementar el número de años adicionales cotización a tener en cuenta en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. Deberían pasar de los 25 años actuales a 35 de forma progresiva, una receta que también comparte Bruselas y que han aplicado ya prácticamente todos los países europeos.

La aplicación de esta medida, asegura de De Cos, acercaría el sistema español a la situación de algunos países de nuestro entorno, como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia, pero la pensión media se vería afectada. Admite el gobernador en su informe que alargar los años que se tienen en cuenta en el cálculo de la base reguladora por encima de los establecidos en la normativa actual provocaría, con carácter general, una reducción de la pensión media, que se concentraría en los individuos con mayores rentas, ya que los perfiles de los ingresos laborales de los trabajadores con menores ingresos son cada vez más planos.

Uno de los puntos descartados en la reforma ha sido la implantación de los sistemas de cuentas nocionales de contribución definida. La base de este sistema, muy generalizado en Europa, es crear una cuenta ficticia -virtual- a cada trabajador la primera vez que se incorpora al mercado laboral y ahí va sumando sus cotizaciones a la Seguridad Social. Una vez alcanzado el momento de la jubilación, se toma esa cifra acumulada durante toda una vida de trabajo y se divide entre el número de años que resten según la esperanza vida media del país y ese resultado determina la pensión. 

En cuanto al retraso de la edad de jubilación, algo que sí ha tenido en cuenta Escrivá en su reforma -que supondría un ahorro del 0,4% del PIB-, según las proyecciones recogidas por el gobernador, ha tenido un impacto muy limitado desde que se puso en marcha a parir de la reforma de 2011. La edad efectiva de jubilación ha experimentado una tendencia creciente durante los últimos años, desde los 63,5 años en 2006 a los 64,7 actuales, pero todavía cuatro de cada diez altas se producen por debajo de la edad legal. Las propuestas del Banco de España en conjunto tendrían un impacto muy positivo en el gasto, pero repercutirían en la nómina de las pensiones, en un contexto en el que, siendo casi imposible obtener los ingresos suficientes, la opción es que las prestaciones sean menores y más alejadas del último sueldo.