Menos del 5% de los autónomos se atreve a desgravarse los gastos con la nueva ley

La apariencia no podía ser más prometedora. La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, aprobada en el Parlamento con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, no solo ampliaba la emblemática tarifa plana de 50 euros a nuevos colectivos o cumplía la histórica reivindicación del colectivo de poder cambiar de base de cotización dentro de un mismo año, sino que también incrementaba hasta los 26,67 euros las dietas diarias por comidas y manutención que los trabajadores por cuenta propia supuestamente se pueden desgravar en el IRPF y parecía crear un sistema más seguro para la desgravación de gastos domésticos asociados a la actividad profesional. 

Sobre el papel y en los argumentarios de los promotores del nuevo marco legal - Partido Popular y Ciudadanos -, un marco fiscal más adecuado y generoso para favorecer la actividad de los trabajadores por cuenta ajena; en su aplicación real, al menos en la opinión del sindicato de autónomos UPTA, un fiasco, que ha complicado hasta el extremo la posibilidad de los profesionales de desgravarse sus gastos normales de manutención y que imposibilita 'de fact0' la capacidad real de éstos para recuperar la factura doméstica extra que se deriva de la utilización de la vivienda particular como 'sede social' del negocio.

El sindicato entiende que el nuevo marco regulatorio y la permanente ofensiva de la Agencia Tributaria contra los profesionales ha generado una sensación de inseguridad jurídica que ha llevado a los trabajadores por cuenta propia a eludir cualquier ahorro para evitar problemas.

¿El resultado? Según asegura el sindicato UPTA a partir de la información que les llega de la gestorías que suelen llevar los asuntos administrativos y fiscales a los autónomos, más de nueve de cada diez autónomos (algo más del 95% en concreto) han optado por no deducirse esos gastos en el Impuesto sobre la Renta ante la incertidumbre que les genera poder exponerse a una inspección fiscal que les conlleve una sanción.

La nueva ley preveía la posibilidad de que los autónomos que trabajaran en su propio domicilio pudieran desgravarse en su declaración de IRPF la parte de las facturas del gas, de la electricidad, del agua o de los servicios de telefonía e internet asociados a su actividad profesional, siempre en función de la superficie de la vivienda que se dedicara a ese fin. 

Luego, el Ministerio de Hacienda se encargó de definir más en detalle lo que esto significaba y cómo se tendría que aplicar. Básicamente, que los autónomos podrían deducirse el 30% de la factura del gasto en suministros, pero no sobre todo el total sino sobre la parte de la vivienda destinada de forma exclusiva a la actividad profesional. Un cálculo tan controvertido como difícil de hacer y que reduce la desgravación total hasta una cuantía mínima. 

"La desgravación real para la mayoría se queda entre el 6% o el 9%. Antes los autónomos sabíamos que nos podíamos desgravar el 30% de los gastos totales en suministros, esta nueva fórmula reduce esa ventaja fiscal a una tercera parte. Al final su impacto real ni siquiera da para compensar el alza del precio de la luz", denuncia el secretario general de UPTA, Eduardo Abad.

Antes el marco legal ofrecía lo que se denomina un 'puerto seguro'. Los autónomos sabían que desgravándose el 30% de sus gastos en suministros Hacienda no iba a poner pegas, la nueva legislación objetiviza lo que los trabajadores se pueden desgravar. La pregunta es: ¿Es realmente objetivable?. "No es tan simple. ¿Cómo determinas la parte de tu domicilio que dedicas a trabajar si haces una jornada completa de trabajo en casa?", se preguntan en UPTA. Difícil de decir.

Y algo similar ocurre con los gastos por dietas y manutención. La ley decidió duplicar para los autónomos el techo de gastos 'deducibles' hasta los 26,67 euros, en una cesión que la propia organización de autónomos asegura que nunca puso sobre la mesa. Después llegaron las restricciones: primero se exigió que el gasto se realizara en establecimientos de restauración u hostelería, y después que se abonara por medios electrónicos. 

Y, además, está el principio general de que esos gastos tienen que estar asociados a la actividad profesional, lo que Hacienda exige acreditar en sus inspecciones con una justificación documental de que el profesional tenía algo concreto que hacer en la zona en la que consumió si quieres desgravarse ese gasto. Una 'fiscalización' que según los datos de gestorías que maneja UPTA ha conducido a que muchos autónomos prefieran no desgravarse ni un solo euro antes que exponerse a una actuación de Hacienda.