Las televisiones autonómicas nacieron a medidos de los ochenta como una herramienta -apropiada para la época- diseñada para reforzar la identidad regional y dar un servicio público añadido a los ciudadanos, pero tres décadas después, sin apenas cambios, su imagen se ha degradado y el debate sobre los gastos que generan, la pésima gestión en algunas, su deficiente programación y, sobre todo, el alto nivel de control político de sus cúpulas y de sus contenidos, se vuelve recurrente.
La decisión del nuevo Gobierno bipartito andaluz de "redimensionar" el ente audiovisual de la comunidad ha abierto de nuevo la espita de los costes y los excesos de estas televisiones, que para muchos, tanto en la izquierda como a la derecha, ofrecen menos de lo que cuestan. Deudas, pérdidas reiteradas, nombramientos a dedo y control político son algunas de las consecuencias de mantenerlas vivas con un funcionamiento similar al de hace años .... ¿Pero son realmente caras las televisiones autonómicas?
La respuesta inmediata es no, mucho menos que las europeas, pero el planteamiento es si merece la pena pagar ese precio por un producto que ha quedado obsoleto, que no cumple su función y que es utilizado para 'apaños' políticos y en un contexto en el que han salido muchos competidores, desde las televisiones privadas y las plataformas de contenidos a la carta como Netflix o HBO, contra las que no pueden luchar, a internet. De media, el coste por persona y año de las 13 televisiones autonómicas actuales es 24,4 euros -21 euros menos que la media europea, según un reciente estudio de la Forta-, pero desde luego las hay que resultan más caras e incluso algunas podrían justificar la inversión porque ofrecen elevadas audiencias.
Durante la crisis sus presupuestos se han reducido drásticamente y los recortes se han traducido en plantillas más precarias y contenidos de menor calidad. Para los ya no tan nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, algunas cosas se pueden arreglar para mantener vivos los entes. Mientras desde la 'formación morada' apuestan porque dejen de ser un instrumento de propaganda política y se acabe con la precarización de las plantillas, desde el 'partido naranja' insisten en que los consejos de administración sean elegidos por profesionales y no por políticos y por compartir contenidos -lo que ahorraría costes- a través de un consorcio que integraría todos los entes.
Con el objetivo de ser sostenibles financieramente y conseguir una adaptación plena al ecosistema digital, los 13 entes luchan, con mínimos avances en la despolitización, con dispares presupuestos, plantillas y 'shares' para salir del pasado. Euskal Irrati Telebista (EiTB), la televisión vasca, es con diferencia la más cara para los ciudadanos. Hasta 58,6 euros per cápita cuesta este ente, que nació en 1982 como una cadena íntegramente en euskera y que un año después lanzó su versión castellana, la más vista en la autonomía. Con una plantilla de más de mil personas y una subvención del Gobierno Vasco de 127,4 millones, el 'share' de ET2B es apenas del 8,4% -en noviembre-: cada décima de audiencia cuesta 1,6 millones de euros.
Mientras, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente catalán, que tiene como cadena estrella TV3, pero que acoge otros cuatro canales de televisión y cuatro de radio, es la que mayor subvención autonómica recibe, 231 millones en 2018. Fue una de las primeras en empezar andar -1983- y en la que siempre se ha mantenido vivo el estigma de la politización, denunciada incluso por sus trabajadores, y con cúpulas y administradores ligados siempre a los partidos que gobiernan en Sant Jaume.
Con una plantilla de más de 2.200 empleados, el principal coste y que se ha incrementado un 35% desde 2012, ha conseguido, pese a todo, que TV3 sea la televisión de una autonomía con más audiencia, 13,3% de cuota de pantalla en noviembre del año pasado. Los ingresos publicitarios son muy importantes, casi 100 millones, que equivalen a uno de cada tres euros de los que recibe, pero sigue siendo excesivamente cara: 1,8 millones por cada décima de audiencia.
En el otro extremo en cuanto a coste para los ciudadanos está la Radio Televisión Madrid, que tiene Telemadrid, que empezó a emitir en 1989, y La Otra, que comenzó a operar en 2001. El ente dependiente de la Comunidad de Madrid ha pasado durante los últimos años por duros recortes, EREs y despidos que han dejado su plantilla en poco más de 450 personas. Con 70,3 millones de subvención en 2018 -en 2019 serán tres más- el coste per cápita apenas supera los 10 euros, pero su cuota de pantalla solo es del 4,8%
A Canal Sur, la cadena andaluza, que ha sufrido importantes ajustes la crisis, los ratios tampoco le acompañan. Con un presupuesto de más de 162 millones -140 solo en subvenciones- la audiencia está en mínimos y ha pasado de 17% a un 9,1% el pasado noviembre, que se resumen en 1,8 millones por cada décima de audiencia. Mientras, más del 54% de los gastos van a personal -sobre todo en la cúpula- y apenas obtiene 21 millones en publicidad.
El plena precampaña, la candidata de Adelante Andalucía -la marca de Podemos en la comunidad-, Teresa Rodríguez, se mostraba tajante y resumía en una entrevista de El País y en muy pocas palabras los problemas que lleva arrastrando la televisión andaluza desde hace muchos años, más allá de si es necesario el cierre, una mejor gestión, la despolitilización o el redimensionamiento. "Los Morancos en verano y Juan y Medio todas las tardes, con todos mis respetos... En Andalucía nos vamos a convertir en algo casposo y gris, que no somos, por culpa de Canal Sur, es de juzgado de guardia. Aparte de la excepcionalidad que supone no haber cambiado el consejo de administración".
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