El pecado de Rato con las preferentes no está en Caja Madrid, sino en el Gobierno

"Ratero, devuélveme el dinero". Con cánticos como éste recibieron centenares de clientes de Bankia a Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, el pasado jueves, cuando acudió a declarar como imputado a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, aunque el exministro de Economía se ha convertido en el foco de la críticas de los clientes afectados por la venta de preferentes, la realidad es que su responsabilidad dentro de esta polémica es muy limitada.

Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogidos en un informe de este verano, el 99,3% del saldo vivo de estos instrumentos corresponde a emisiones realizadas antes de 2010, año en el que Rato aterrizó en Caja Madrid.

En concreto, el expolítico asumió la presidencia de la entidad el 3 de diciembre de ese año, puesto desde el que capitaneó la fusión con Bancaja y otras seis cajas que dio lugar a Bankia. Posteriomente, en julio de 2011, sacó el banco a bolsa y dimitió el pasado mayo.

Por tanto, los más de 100.000 inversores que tienen atrapados sus ahorros en preferentes de Bankia, en realidad, adquirieron estos productos híbridos bajo el mandato de Miguel Blesa y del resto de responsables que capitaneaban las cajas hoy integradas en el banco nacionalizado.

No vendió, pero legalizó

Pero, ¿significa esto que Rato esté limpio de pecado en el escándalo de las preferentes? No del todo, ya que fue él quien, como ministro de Economía, regularizó la comercialización de estos instrumentos en España.

Fue en 2003 cuando modificó una normativa de 1985 con el objetivo de "establecer un marco regulatorio aplicable a estos productos más detallado y evitar su emisión a través de filiales de entidades españolas domiciliadas en paraísos fiscales", según señala la CNMV.

De hecho, el primer folleto de emisión de preferentes que se inscribió en España ante el supervisor se remonta a 1998, pero como se ha señalado, se hacía a través de filiales, lo que convenció a Rato de que se debía regularizar esta situación.

Además, introdujo un régimen fiscal más beneficioso para las preferentes que permitía que el pago de los intereses computara como gasto deducible para el emisor.

Desde el principio, la naturaleza de este producto incluía su carácter perpetuo, aunque abría la puerta a amortizarlo anticipadamente a partir del quinto año, exigía su cotización en mercados secundarios organizados y dejaba claro que, en caso de liquidación de la entidad emisora, los titulares de preferentes iban detrás del resto de acreedores, sólo por delante de los accionistas y de los cuotapartícipes.

El problema, tal y como se está destapando ahora, es que cuando se vendieron se hizo sin avisar correctamente de los riesgos y se colocó entre ahorradores que carecían de la formación necesaria como para adquirir un producto híbrido de este tipo.

El escándalo estalló en 2008

La situación se agravó a partir de 2008, cuando el estallido de la crisis del sistema financiero desincentivó a los inversores institucionales a seguir apostando por estos productos.

Hasta ese año, el mercado valoraba estos instrumentos a precios cercanos al valor nominal, lo que les confería un riesgo reducido y una alta probabilidad de amortización anticipada al 100% de su valor nominal en la primera ocasión en la que el cliente solicitara recuperar su inversión.

Esto permitía que estas colocaciones se realizaran de manera indistinta entre inversores institucionales y minoristas. Pero, a partir de 2008, al desaparecer los primeros, se multiplicó la venta entre los segundos a través de las oficinas bancarias, lo que llevó a ofrecerlos a clientes que carecían de la formación y conocimientos necesarios para adquirirlos.

Pero, en plena crisis, el hecho de que las preferentes pudieran computar como capital de alta calidad y mejorar así su solvencia llevó a las entidades a saltarde las reglas y, como dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, la semana pasada en el Congreso, a aplicar mala praxis con tal de venderlas.

Unas prácticas que, sin embargo, tampoco fueron frenadas por parte del Gobierno de Zapatero, que ostentaba el poder en aquel momento, ni por la CNMV ni el Banco de España.

Y no fue porque desconocieran estos productos o no les prestaran atención, ya que bajo su mandato, en abril de 2011, se modificó la normativa de estos instrumentos para introducir nuevos requisitos, como una mayor discrecionalidad en el pago del cupón, o mecanismos de absorción de pérdidas.

Además, se cambiaron las condiciones del régimen por el que las participaciones preferentes computan como recursos propios de primera categoría a la hora de calcular los ratios de solvencia, en línea con lo que estaba aprobando Europa.

Y es que en 2011 todo cambió, ya que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dejó de computar las participaciones preferentes como capital de alta calidad. Además, el Acuerdo de Basilea III, que entrará en vigor en 2013, prevé lo mismo, lo que hizo que estos productos perdieran atractivo y, prácticamente, dejaran de comercializarse justo cuando Rato llegó a Caja Madrid.

Su pecado puede estar en haber abierto la puerta del mercado español, sin poner los límites necesarios para evitar que se vendieran a pequeños ahorradores, pero los responsables empresariales y políticos en el momento en el que se vendieron indiscriminada en las sucursales eran otros.