"Denegado". Es la respuesta que han recibido los 300 militares, guardias civiles y policías gravemente heridos en acto de servicio que habían recurrido a la ONU para intentar cobrar la pensión vitalicia que les pertenece, tal y como sí perciben sus compañeros víctimas de atentados terroristas. Efectivamente, las pensiones de estos funcionarios con graves heridas y las que cobran las viudas de los fallecidos se encuentran topadas en la máxima desde 1984, por lo que los afectados iniciaron hace ya unos años una larga carrera legal que ha acabado en Nueva York tras agotar todas las vías legales.
El caso es verídico: militar herido de gravedad en misión internacional. El señalamiento de su pensión (el documento con membrete del Ministerio de Defensa) reconoce que la prestación mensual que le pertenece es de casi 6.000 euros por el "grado de gran invalidez" que ostenta. Sin embargo, en el mismo documento se estipula que "el límite máximo de la pensión" que puede cobrar apenas supera los 2.500 euros por la aplicación del mencionado tope. Como él, decenas y decenas de casos que deberían teóricamente cobrar mensualmente más del doble de lo que perciben, a pesar de las heridas que sufrieron fueron en acto de servicio.
Por eso hace unos años iniciaron una batalla en los tribunales. Se agruparon en torno a 300 afectados que, representados por el abogado Fernando Osuna, intentaron eliminar ese límite económico. Primero lo pelearon contra los Ministerios de Defensa e Interior para, a continuación, pleitear ante el Tribunal Económico-Administrativo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No lo consiguieron en ninguno de los casos y por eso acudieron a la ONU.
Los demandantes denunciaban "discriminación" en sus pensiones en comparación con sus compañeros víctimas de atentados terroristas. Intentaban hacer ver a los tribunales que se han vulnerado sus derechos: "No es justo que sus derechos estén siendo restringidos por los poderes públicos dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad que los últimos fueron víctimas de atentados terroristas".
Es más, según su reclamación ante la ONU, el establecer un límite a unas pensiones y no excepcionar de ese tope a otras estaría vulnerando el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (un artículo que establece que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley").
La ONU, sin embargo, se ha desentendido del asunto. De esta forma, el Consejo de Derechos Humanos ha decidido no continuar con la reclamación y, por tanto, dejar en vía muerta la denuncia de los tres centenares de militares, guardias civiles y policías españoles. Así consta en una resolución fechada en Nueva York el pasado 20 de febrero y a la que ha tenido acceso La Información.
La limitación de las pensiones máximas a estos militares, policías y guardias civiles viene contemplada desde los Presupuestos Generales del año 84 y, año tras año, se viene imponiendo con motivo de la aprobación o prórroga de las cuentas públicas. Los afectados se quejan de que fue una medida que en su día se catalogó como "temporal", pero que no se ha eliminado... Salvo para los casos de afectados por atentados terroristas.
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