Portugal se ha convertido en un polo de atracción imbatible para grandes fortunas, profesionales con rendimientos elevados y jubilados VIP gracias a un régimen fiscal que nació en 2009, solo un año antes de que los principales indicadores lusos empezasen a dar síntomas de alarma, y que recibió su impulso definitivo tres años después. Gracias a esta fiscalidad, los residentes no habituales (RNH) que acrediten vivir más de medio año -de forma ininterrumpida o alterna- en el país tributan al 20% por las rentas obtenidas en territorio luso y están exentos de pagar al fisco por sus pensiones, tanto en Portugal como en su país de origen.
Este 'gancho' tributario, pero también el milagro económico -impulsado por el socialista António Costa- que ha experimentado el país que tras sufrir una profunda recesión ahora roza el pleno empleo, tiene prestaciones elevadas, ha reducido a mínimos sus ratios de paro de larga duración y juvenil y ha dejado su déficit a niveles mínimos, además ofrece una excelente calidad de vida, han hecho que en apenas una década el número de españoles que residen allí haya aumentado un 46%, pasando de apenas 9.100 en 2009, a 13.375 en 2019, según el Instituto Nacional de Estadistica (INE).
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Buena parte de ellos, a diferencia de los procedentes de otros países lusoparlantes, Ucrania y Rumanía, que aportan una mano de obra joven a un Portugal demandante de trabajadores extranjeros, son jubilados y pensionistas. Según los registros del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el pasado mes de octubre había 6.300 españoles recibiendo prestaciones de jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente en Portugal, que tras Alemania y Francia es el principal receptor en el mundo de pensionistas españoles.
Aluvión de beneficiarios
Algo más de 9.500 jubilados con rentas altas, fundamentalmente franceses, británicos que huyen del Brexit y ciudadanos de los países del norte de Europa, se han apuntado masivamente al reclamo fiscal luso, que se han establecido en Oporto, Lisboa, Estoril o el Algarve. Basta comprar una vivienda o alquilarla y acreditar que se reside durante al menos 183 días al año en territorio portugués para acogerse a este sistema que ha servido como palanca económica para el país vecino.
Además de la exención de las rentas, la norma contempla que estos residente no habituales paguen un tipo único del 20% sobre los ingresos que obtengan en Portugal, lo que sitúa la tributación a un nivel similar al de las rentas más bajas. Mientras, los pensionistas cobran su pensión íntegra durante una década e incluso pueden rescatar sus planes de pensiones privados sin pagar a Hacienda por ello. En total, según el Ministerio de Finanzas luso, 27.367 personas se benefician de este esquema fiscal, de las que 9.589 -un tercio de ellos franceses- aportaron rendimientos de pensiones pagados por un país extranjero.
Mientras apenas un 8% son profesionales de alto nivel, el grupo más numeroso corresponde -25.226- a los que no tienen actividades de valor añadido, un grupo en el que además de los pensionistas se integran quienes tienen en Portugal dividendos y ganancias de capital. El número de beneficiarios ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Entre 2014 y principios de 2019 el incremento fue del 270%, pero si compara con 2009, año en el que vio la luz el plan, entonces el crecimiento ha sido del 1.472%.
Más facilidades, menos burocracia y algo de control
Diez años después del nacimiento del régimen de residente no habitual, pensado para atraer jubilados y profesionales VIP, la Administración Tributaria portuguesa ha decidido introducir cambios y ponérselo más fácil a los extranjeros que quieran apuntarse a esta atractiva fiscalidad. Si, hasta ahora, cuando estos profesionales acudían para hace la solicitud y acogerse a la exención las autoridades fiscales tenían que evaluar y reconocer una actividad de alto valor añadido, a partir de ahora tal reconocimiento ya no será necesario y se da por descontando.
Según una reciente circular de la Hacienda portuguesa, la verificación de la situación podrá tener lugar más tarde y los beneficiarios deberán estar preparados para dar información de su actividad y de sus ingresos. Según reconoce la Administración Tributaria, el modelo que estaba vigente hasta ahora, con el procedimiento administrativo de reconocimiento previo en el momento de la aprobación del estado de los residentes no habituales, "era excesivamente largo" y, además, no impedía que las autoridades fiscales tuvieran que asegurarse más tarde de que los contribuyentes continuaban ejerciendo su actividad.
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