Primavera de 2019. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, encarga a la OCDE la elaboración de un estudio sobre la implantación de la denominada mochila austriaca en España. La Comisión Europea accede a financiar los trabajos a través de un programa específico para el desarrollo de reformas estructurales. Es una medida que gusta a las autoridades europeas y apoya su estudio. Pero el proyecto estrella de la responsable del área económica del Gobierno socialista choca de plano con Unidas Podemos y desaparece de la agenda del Ejecutivo de coalición. Cuando han pasado dos años del encargo, el organismo con sede en París acaba de publicar el dossier y la actual vicepresidenta ha decidido guardarlo en un cajón.
La publicación del esperado informe, que se hacía efectiva el pasado 17 de marzo, ha pasado inadvertida. Fuentes involucradas en los trabajos que se han estado desarrollando durante el último año y que finalizaron el pasado mes de enero aseguran que responsables del Ministerio de Asuntos Económicos han estado "muy interesados" en la evolución del estudio, del que han hecho seguimiento hasta tener conocimiento de sus conclusiones, según manifestaron, "muy adecuadas". Sin embargo, una vez hecho público por parte de la OCDE, consultados al respecto de los resultados, en el departamento que dirige Nadia Calviño declinan hacer comentarios. Aunque sí admiten haber "monitorizado" el proceso, evitan valorarlo o explicar si las conclusiones del estudio se tendrán en cuenta para futuras reformas.
Desde el Ministerio se limitan a matizar que se trata de un informe "preliminar", con conclusiones "básicas" respecto a un asunto sobre el que se consideró la pertinencia de encargar esos trabajos a la OCDE. Es cierto que el documento publicado, que constituye una evaluación ex ante de los efectos distributivos de lo que sería ese fondo, propiedad del trabajador, en el que la empresa abonaría parte del eventual despido por adelantado -también se podría trasladar a otra compañía o destinarlo a la jubilación- se limita a plantear dos escenarios y a proyectar sus posibles repercusiones sobre empresas y trabajadores en términos de costes y beneficios, pero no entra a analizar su impacto en el mercado laboral o en el sistema de pensiones. Ese trabajo estaba reservado para una segunda fase del estudio que, ahora, el Ministerio de Asuntos Económicos descarta llevar a cabo.
El proyecto, que ha contado en esta primera fase con las aportaciones de miembros del propio Ministerio de Asuntos Económicos -entre los que se encuentra la Subdirectora General de Ordenamiento Jurídico Económico de la Dirección General de Política Económica, María Sobrino Ruiz- se queda, por tanto, cojo. Calviño solicitó a la UE financiación y Bruselas aceptó sufragarlo con fondos del Structural Reform Support Programme, pero la segunda fase del estudio no estaba prevista en el contrato firmado con la OCDE, de modo que los trabajos se paralizan. Fuentes involucradas en el desarrollo de las microsimulaciones que sustentan la evaluación de los efectos de la introducción de la mochila austriaca en España muestran su "decepción" por el "abandono" de esta iniciativa por parte del Gobierno y señalan a Unidas Podemos y a sus responsables económicos, como Nacho Álvarez o la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como responsables de que el análisis de la reforma haya caído en saco roto.
Rechazo de Podemos
Hay que recordar que durante la campaña electoral de finales de 2019, antes de componerse el Gobierno de coalición, se desató la guerra entre el PSOE y UP a cuenta de la mochila austriaca. Los socialistas habían enviado un Plan Nacional de Reformas a Bruselas que incluía, por iniciativa de Calviño, "la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación". Los 'morados' cargaron contra la medida por considerar que supondría la implantación del despido gratuito. A partir de ahí se convirtió en un tema tabú y, tras arduas negociaciones, desapareció de la agenda una vez conformada la coalición PSOE-UP.
No fue casual, sin embargo, que Calviño introdujese la polémica medida dentro del plan de reformas enviado a Bruselas aquel año. La Comisión Europea siempre ha señalado a la mochila austriaca como un mecanismo para corregir algunas deficiencias del mercado laboral patrio y ha sugerido su implantación, junto con el modelo de contrato único. Y de hecho, a día de hoy, cuando España se juega 140.000 millones de euros de los fondos europeos al Plan de Recuperación y Resiliencia que tiene que enviar a la CE en los próximos días, esta sigue siendo una de las recomendaciones de las autoridades europeas. Sin embargo, fuentes gubernamentales indican que la propuesta no se ha incluido en el paquete de reformas que se está ultimando (para frustración de Calviño, de Bruselas, y de los economistas de la OCDE).
Otras fuentes conocedoras de las implicaciones que la aplicación de esta reforma supondría para la economía española explican que la medida no solo sería del agrado de Calviño, sino que también despierta el interés del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estas fuentes explican que la mochila austriaca encajaría en el impulso que el ministro quiere dar a los planes complementarios de pensiones en el ámbito de la negociación colectiva. Esa reforma, por cierto, sí se ha enviado a Bruselas y consiste en la creación de un fondo de promoción pública de libre adscripción que daría cobertura a trabajadores sin planes de empleo en sus empresas y favorecería su movilidad entre compañías gracias a la posibilidad de traspasar los derechos por las aportaciones realizadas en la empresa de origen.
Ganadores y perdedores
La aproximación de la OCDE, en todo caso, no entra a evaluar las implicaciones de la mochila para el sistema de pensiones, sino que, en líneas generales, se limita a plantear dos escenarios: uno en el que la indemnización por despido pasaría del sistema actual de 20 días por año trabajado a un modelo mixto de 12 días, más una contribución anual de la empresa de 8 días; y otro en el que se mantiene esa indemnización única de 12 días por año de servicio, pero la contribución de la empresa sería de 5 días por año. Los expertos concluyen que el primero beneficiaría al conjunto de los trabajadores, pero incrementaría los costes de las empresas, y el segundo seguiría manteniendo los beneficios de los trabajadores en lo que se refiere a la indemnización por despido, pero sería más asequible para las compañías.
El análisis de la OCDE parte de la premisa de que la indemnización de 20 días por año trabajado para los trabajadores indefinidos es "relativamente alta" en comparación con los estándares de los países desarrollados y que la movilidad laboral de los empleados fijos en España es muy reducida. Tras plantear esos dos escenarios, concluye que habría empresas que saldrían beneficiadas (por ejemplo, aquellas con altas tasas de despidos) y otras perjudicadas en términos de costes, como las más grandes o las que despiden menos. En esta línea, los trabajadores que sufren menos despidos saldrían 'ganando' con la acumulación de ese fondo. Todo, en cualquier caso, debería acompañarse de un paquete de medidas complementarias como la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y algunos ajustes en las indemnizaciones por despido, incrementando las de temporales y reduciendo las del despido improcedente para evitar distorsiones.
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