España afronta su enésimo 'stress test'. Superadas la situación desesperada que solventó el recién elegido Gobierno de Mariano Rajoy solicitando a Europa el rescate financiero y la grave crisis de reputación desencadenada por el descontrol de las cuentas públicas españolas, que llevó a la Comisión Europea a plantearse en el verano de 2016 la primera sanción económica a un país miembro de la historia de la Unión Europea, el país, aupado por una pujante recuperación económica, navega desde hace meses una situación de inestabilidad política de la que casi milagrosamente ha salido indemne hasta la fecha. La demoledora sentencia del caso Gürtel y la casi consecutiva moción de censura del PSOE sitúan de nuevo a España en el ojo del huracán y en el foco de las preocupaciones de los inversores internacionales.
El equipo de analistas de Barclays tardó apenas unas horas en lanzar su primer 'flash' a modo de reacción al nuevo giro de la situación política en España. Si se acepta su valoración como un termómetro de la opinión de los inversores, la conclusión es clara: el mundo del dinero prefiere que España vaya a las urnas. "En nuestra opinión, una hipotética coalición de Gobierno entre Ciudadanos y el PSOE o entre Ciudadanos y el PP no sería muy diferente una de otra, y en ambos casos sería más estable y más inclinada a las reformas que un Gobierno en minoría".
Desde esta perspectiva el mayor riesgo que afronta España es que la situación política se enquiste, bien porque la moción de censura no prospere y el Ejecutivo se encastille en tratar de agotar la legislatura, según la voluntad manifestada este viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; o bien porque prospere y el nuevo presidente salido de la moción se empeñe en gobernar sin pasar por las urnas, como parece ser la intención de Pedro Sánchez.
España se juega mucho en el envite. Existe una coincidencia generalizada en que la más confortable situación económica española debe mucho a la confianza del inversor internacional y no sólo porque ésta haya alimentado los flujos de inversión hacia nuestro país sino también porque ha permitido relajar la presión sobre nuestros títulos de deuda. Un dato ilustra hasta qué punto este último elemento es clave: las Administraciones Públicas españolas se han ahorrado 10.000 millones de euros entre 2014 y 2017 a pesar del constante incremento de su endeudamiento gracias a la reducción de la prima de riesgo.
Seis indicadores económicos clave, en el punto de mira
La prima de riesgo de la deuda española experimentó este viernes su mayor subida en meses, después de repuntar cerca de 20 puntos desde los 92 en que cerró el jueves hasta los 111 puntos, con la única razón aparente de la creciente inestabilidad política. Desde que la actuación del BCE estabilizó los mercados de deuda, las mayores agitaciones de la prima de riesgo en España han venido más de la refriega política que de la realidad económica del país.
El pasado otoño, la situación de incertidumbre creada por el 'procés' hizo que las agencias de calificación retrasaran la mejora del rating de España que ya habían anticipado durante el verano. La aplicación del artículo 155 y la disipación del riesgo de secesión hicieron que a principios de año S&P, Fitch y Moody's desbloquearan la mejora y situaran a España a un paso del nivel de inversión de bajo riesgo. Entre junio y septiembre las agencias revisarán de nuevo su calificación sobre España y el clima político no será irrelevante en la situación que adopten.
Y la decisión que adopten no será irrelevante para España. Con la deuda anclada en máximos históricos y la subida de tipos por parte del BCE a la vuelta de la esquina, cualquier factor que encarezca la factura por intereses de la Administración es crítica para España. El repliegue de la prima de riesgo ha sido básico para que el Gobierno haya reconducido el déficit público sin grandes recortes y en el futuro lo seguirá siendo si España quiere cumplir el exigente programa de ajuste de deuda que Bruselas le exigirá a partir de 2019. La Comisión Europea ya ha advertido a España de que podría volver a caer dentro del Procedimiento de Déficit Excesivo si no reduce la deuda a un ritmo de cinco puntos anuales.
Los problemas de España para cuadrar sus cuentas y para cumplir con los objetivos pactados con Bruselas no han pesado tanto en la reputación internacional de España como sus exuberantes tasas de crecimiento de los últimos años. Pero el crecimiento económico también está expuesto a la incertidumbre política como demostró la situación en Cataluña. Un enquistamiento de la situación puede pasar factura en términos de crecimiento y de creación de empleo, en un contexto en el que la actividad económica ya se está desacelerando en el país, como advierte Barclays, y cuando aún presenta una cifras de desempleo impropias de un país desarrollado.
Entre el patrimonio económico a proteger ante la situación que se avecina está también la confianza tanto de los inversores internacionales como de los empresarios domésticos. La inversión extranjera en España sumó el pasado año más de 50.000 millones de euros después de experimentar un incremento superior al 140%, en una demostración clara de que los agentes internacionales consideran España un destino seguro para sus inversiones. También lo consideran los empresarios domésticos que no sólo han incrementado sus inversiones en el país sino que, a juzgar por los indicadores de confianza empresarial, creen en que la mejora de la situación económica es sólida y duradera. De momento, desde CEOE ya se ha calificado la situación creada como negativa para el país.
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