Impulsar la inversión en energías renovables e I+D+i, propiciar un acuerdo salarial entre empresarios y sindicatos para que los sueldos suban en España entre el 2,5% y el 3% o restituir el plazo de cinco años como duración legal de los contratos de alquiler para contener la escalada de precios en este mercado. En un debate cargado de argumentos políticos, Pedro Sánchez apenas encontró tiempo durante la maratoniana jornada parlamentaria de ayer para apuntar las prioridades en materia económica de su potencial Gobierno de España, más allá del mantenimiento de los Presupuestos para 2018. Sin embargo, las iniciativas parlamentarias impulsadas desde el Grupo Socialista en los últimos meses y el trabajo interno realizado por el equipo de Manuel Escudero en Ferraz perfilan las prioridades que podrá desarrollar los próximos meses.
Antes de contar con que pudiera haber una moción de censura contra Mariano Rajoy, los responsables del área económica socialista ya trabajaban bajo la hipótesis de que “en dos años, estaremos gobernando”. Con lo que no contaban era con tener que hacerlo en seis meses. La nueva coyuntura política - de prosperar la moción- les obligará a esbozar una suerte de 'plan económico de choque' que, según avanzó este jueves Pedro Sánchez, se sostendrá sobre un puñado de prioridades políticas socialistas y sobre el desbloqueo de un conjunto de iniciativas parlamentarias con amplio consenso, vetadas en su día por el Gobierno, como la supresión del 'impuesto al sol', la modificación del mecanismo de nombramiento del presidente de RTVE o la citada reversión de las reformas introducidas por el Ejecutivo en el mercado de alquiler de vivienda.
Más inversión en I+D y en energías renovables
Un hipotético Gobierno socialista dispondrá en términos efectivos de medio año para desarrollar su plan económico, por lo que no parecen posibles cambio drásticos en ámbitos como el fiscal-Sánchez ni lo ha mencionado- y sí una apuesta clara por centrarse en temas más puntuales y más sencillos de abordar.
Entre éstos, la reactivación de la apuesta pública por la Ciencia apareció ayer como uno de los asuntos más urgentes en la agenda económica de un eventual Gobierno socialista, y también como uno de los más sencillos de abordar. Sin espacio de tiempo suficiente para aspirar a los objetivos formulados en su plan de impulso a la ciencia - disparar al 2,5% del PIB el esfuerzo público en inversión en I+D+i y la contratación de 10.000 investigadores-, los socialistas sí podrían impulsar sin grandes aspavientos la inversión en innovación por el sencillo cauce de incrementar la escasísima ejecución de esos créditos presupuestarios que ha ejecutado el Gobierno del PP en los últimos años.
El impulso a las energías renovables, al que el Gobierno del PP puso freno por motivos presupuestarios en primer lugar y ya de planteamiento político, más tarde, es otra de las prioridades socialistas, como precisó ayer Pedro Sánchez. En ese campo, su primera iniciativa sería la derogación del conocido como 'impuesto al sol', consensuada en bloque por la oposición parlamentaria hace algo más de un año pero que un veto del Gobierno impidió tramitar. Con la proposición de ley ya redactada y el acuerdo político encarrilado, la aplicación efectiva de esta iniciativa sería más que probable en caso de que Sánchez llegara a La Moncloa.
Subidas de sueldos y auditorías de salarios en las empresas
Otra de las prioridades marcadas por Ferraz es la consecución de un acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva para propiciar una subida generalizada de salarios de entre el 2,5% y el 3%. Aquí las cosas se complican. El asunto no depende del Gobierno y el contexto en el diálogo social, agravado por la situación de inestabilidad política, no parece configurar el marco más adecuado para desbloquear la situación. El Gobierno lleva cerca de un año alentando en sus declaraciones públicas un acuerdo que no acaba de llegar, pese al acuerdo salarios en el ámbito de la Función Pública o la subida del Salario Mínimo.
Mucho más probable es una actuación en el campo de la brecha salarial entre géneros. El Grupo Socialista, que en su día impulsó la Ley de Igualdad y que tiene la lucha contra la discriminación entre hombres y mujeres como uno de las banderas más reconocibles de su posición política, registró hace apenas tres meses en el Congreso de los Diputados una iniciativa para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia retributiva y hay pocas dudas de que priorizaría la aprobación de este proyecto legal.
Su aplicación efectiva introduciría cambios muy significativos para las empresas, ya que les obligaría a publicar regularmente un informe comparativo del salario medio cobrado por los hombres y las mujeres de sus plantillas y, en el caso de las grandes empresas, se les obligaría a realizar una auditoría salarial y a implantar de forma obligatoria medidas correctivas si se encontrarán diferentes no justificables. El Gobierno del PP evitó recientemente a las empresas tener que publicar su escala salarial de sus directivos, en contra del criterio del Consejo de Transparencia.
Fuera de ese marco, el líder del PSOE no contempla una reversión total de la reforma laboral, aunque sí tomar medidas para evitar la temporalidad, como un mayor reparto del tiempo de trabajo a través de la generalización progresiva de la jornada de 35 horas semanales. La estrategia económica que desde Ferraz se viene preparando apuesta por medidas que fomenten la productividad, pero sin ajustes de plantilla y haciendo hincapié en la clásica teoría socialista de la productividad de los factores: formación para el empleo y resucitar las políticas activas que mejoren la situación de los parados de más de 50 años, fomento de la inversión público-privada y una política industrial que busque de nuevo “los grandes campeones” que generen polos de atracción de inversiones.
Fuera de esas medidas efectistas que están sobre el tapete, clásicas del programa socialista, la única política macroeconómica que Sánchez puede poner en marcha pasa por mantener los Presupuestos tal y como están, para evitar una inestabilidad e incertidumbre económica que no van a perdonar los mercados ni los socios de la UE, sobre todo si España está pendiente ahora del recorte que le va a llegar a las ayudas agrarias de la PAC, tal y como ha mencionado el propio Sánchez en su discurso.
Y a modo testimonial, para cerrar su propuesta rápida en la moción de censura, el líder socialista ha planteado recuperar el Pacto de Toledo para buscar un futuro a las pensiones, garantizar la universalidad de la sanidad pública y resucitar la dependencia. Otra cosa: el PSOE también está comprometido con la escisión de la CNMC, que el Gobierno acordó con Ciudadanos, pero además tiene muchos más incentivos para modificar con urgencia el sistema de nombramientos en los órganos reguladores - hoy controlados por el PP-, lo que augura un nuevo impulso para sacar adelante esta reforma.
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