Matricular coches importados en España para enviarlos después de vuelta al extranjero está de moda. Al menos eso se desprende de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre devoluciones practicadas en el Impuesto de Matriculación por este motivo en los últimos años, el llamado modelo 568 de la Agencia Tributaria. La progresión es llamativa: en 2016 el gasto derivado de estas devoluciones rondaba los 10,7 millones de euros, en 2017 se disparó hasta los 22 millones de euros y el año pasado superó ya los 25 millones de euros.
Tras esta evolución se esconde una práctica cada vez más extendida entre los concesionarios y sus empresas satélites, según ha denunciado recientemente la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, que consiste en matricular vehículos procedentes de la Unión Europea en un grupo selecto de pequeños municipios españoles que ofrecen unas condiciones fiscales especialmente favorables y más tarde darlos de baja por tránsito comunitario -es decir, por enviarlos de nuevo a otro país de la UE- solicitando en el proceso la correspondiente devolución por el Impuesto de Matriculación satisfecho en su momento, reintegro que puede ser hasta del 100% si la solicitud se hace en el año siguiente a la primera matriculación del vehículo en España.
La diputada del grupo parlamentario de Unidas Podemos denuncia que la generalización de esta práctica ha traído consigo situaciones insólitas como que el municipio toledano de Borox, con apenas 2.000 habitantes, tenga sin embargo dados de alta más de 27.000 vehículos. La situación ha alimentado las sospechas sobre esta operativa y ha llevado a esta diputada a pedir explicaciones a la Dirección General de Tráfico.
Tráfico se lava las manos. Sostiene que las competencias sobre la devolución de ese impuesto y su correspondiente control corresponden a la Agencia Tributaria y que por su parte cumplen con la responsabilidad de trasladar todos los movimientos diarios de matriculaciones que se producen en España, cambios de titularidad o bajas de vehículos, al objeto de que los organismos competentes actúen cuando identifiquen alguna clase de indicio de comportamiento fraudulento.
Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por La Información sobre estas llamativas prácticas aclaran que la operativa en sí no encierra ningún fraude. El hecho de que empresarios del sector del automóvil matriculen en España contingentes importantes de vehículos de importación para pasado un tiempo volver a enviarlos a otros países de la Unión Europea, solicitando por tanto la devolución de los impuestos de matriculación abonados en su día puede ser una práctica singular, es sin duda farragosa (por los penosos trámites administrativos que conlleva), pero no supone un fraude siempre que se haga cumpliendo los requisitos legales que se establezcan. "El único fraude teóricamente posible en este contexto sería que los vehículos se quedaran 'de facto' en España sin enviarse fuera, aún habiendo obtenido la devolución", señalan las fuentes consultadas, que apuntan también que no es una situación muy verosímil.
Sobre el papel, el impacto efectivo para las arcas públicas es también neutro. Los 25,58 millones que la Hacienda Pública devolvió en 2018 por las solicitudes de devolución realizadas a este respecto corresponden a las cuotas del impuesto abonadas en su día a las CCAA por la matriculación de los vehículos...o a un porcentaje de esa cuota en función de las circunstancias. Se trata de un flujo fiscal de ida y vuelta, pero no es considerado abusivo por la Hacienda Pública.
En otra dimensión se sitúa la competencia planteada por un puñado de municipios de pequeño tamaño para atraer a empresas del sector con grandes flotas de vehículos con tipos superreducidos del impuesto de circulación. El asunto levantó una gran polvareda en su momento e incluso desembocó en una causa judicial abierta por el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Alberto Ruiz Gallardón, contra estos paraísos fiscales. Entendía el municipio que esos paraísos fiscales privaban al ayuntamiento de la capital de unos recursos que le correspondían en buena ley por tratarse de vehículos que circulaban en Madrid, pero que estaban domiciliados en otro lugar por motivos puramente fiscales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso planteado por el Ayuntamiento, consideró lícitas esas ofertas fiscales y abrió la puerta a este tipo de prácticas.
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