El Gobierno ha solicitado a los organismos gestores de las principales infraestructuras de tránsito de personas y mercancías del país - Aena (aeropuertos), Puertos del Estado (infraestructuras portuarias) y Adif (gestor de la red ferroviaria de mercancías y pasajeros) - la elaboración de planes de contingencia al objeto de identificar con antelación las principales necesidades que se generarían y disponer todas las potenciales medidas a adoptar ante la eventualidad de que el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea se resolviera sin acuerdo, en lo que se ha dado en denominar 'Brexit duro'.
Aena, Puertos del Estado y Adif han estado trabajando en las últimas semanas en satisfacer la petición gubernamental, que instaba a estas entidades - y también a otras vinculadas con la gestión fronteriza como la Agencia Tributaria, responsable de los Servicios de Control y Vigilancia Aduanera - a cumplimentar una suerte de cuestionario en el que se pedía precisar las iniciativas que se deberían adoptar desde los gestores y eventualmente desde el Gobierno Central en cada uno de esos ámbitos en cualquiera de los escenarios posibles, ya fuera en el de una salida pactada de la Unión Europea o en el de un Brexit sin acuerdo, según han confirmado a La Información fuentes conocedoras del proceso.
El Ministerio de Fomento ha recabado la información procedente de estos organismos entre la semana pasada y ésta, aunque según las fuentes consultadas el proceso está siendo dirigido desde Presidencia del Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, avanzó este miércoles que el Consejo de Ministros estudiará el viernes un informe sobre las medidas de contingencia que el Gobierno tendría que aplicar en caso de desenlace no acordado en la negociación entre UE y Reino Unido.
Fuentes del Gobierno admiten que en Moncloa preocupa singularmente la resolución de los problemas que se puedan originar en los movimientos de personas y mercancías en frontera, más que otros aspectos que han centrado más la atención hasta ahora como el impacto sobre los servicios financieros o la aplicación de la normativa fiscal.
Cambios en los controles de frontera
Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas extranjeros hacia España y de hecho la llegada de británicos explica cerca del 25% de los flujos de entrada de visitantes foráneos en el curso de un ejercicio: en torno a 20 millones de entradas cada año.
Un 'Brexit duro' y la eventual suspensión del derecho a la libre circulación de personas dentro de la UE para los ciudadanos británicos, con la consiguiente exigencia de visado para entrar en el país, generaría un desafío de proporciones muy importantes para el sistema de control de fronteras en puertos y aeropuertos, no ya tanto por el control en sí - que ya se aplica a los naturales de países de fuera del Espacio Schengen - sino por el incremento exponencial del volumen de turistas que deberían pasar estos controles adicionales.
Según los requisitos que se recogen en la web de Aena, la suspensión del actual sistema de libre circulación de personas de nacionalidad británica podría obligar a las autoridades españolas a chequear la información de más de 20 millones de personas más cada año para acreditar cuestiones como la acreditación de medios económicos suficientes, la justificación de su visita al país o incluso la existencia de un hospedaje contratado.
Otro ámbito afectado sería el control aduanero. Como naturales de un país de fuera de la UE los viajeros británicos no podrían introducir en territorio español ni alimentos ni vegetales de ningún tipo y también estarían obligados a declarar las mercancías introducidas o sacadas del país por valor superior a 430 euros, según las normas establecidas para los ciudadanos no comunitarios.
Aena se enfrenta a un desafío aún mayor si se confirmara la amenaza de la Comisión Europea de no permitir volar libremente por el espacio aéreo de la UE a las enseñas de la británica IAG - British Airway e Iberia - en el caso de un Brexit sin acuerdo, al incumplir el requisito de tener al menos un 50% de capital comunitario para preservar esa ventaja.
A finales del pasado noviembre Bruselas advirtió que era "esencial" para poder seguir operando que se "adoptarán las medidas necesarias para cumplir con dicho requerimiento el 30 de marzo de 2019". Otras aerolíneas como Easyjet ha optado por crear un holding europeo en Austria, Ryanair apuesta por dejar sin efecto los derechos de voto del capital extranjero, pero aún se espera la respuesta de IAG.
También habrá restricciones al acceso en los puertos, si bien la preocupación del Gobierno afecta también aquí a las mercancías. Según la normativa europea, muchos productos de fuera de la UE necesitan de una autorización administrativa para ser descargados en cualquier puerto de la Unión lo que exige su sometimiento a un programa de inspecciones.
Donde habrá que adoptar menos medidas será en el ámbito ferroviario, dada la ausencia de conexión directa con el Reino Unido - el control siempre se pasaría previamente en Francia - y el escaso peso del tráfico de mercancías por vía ferroviaria, en el que no actúa ningún operador británico de manera habitual.
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