"Los 6.000 euros para el tratamiento de la fibrosis quística de Mara, los 100.000 euros del tratamiento de la leucemia de Luis, los 70.000 euros del trasplante de pulmón de María, los 2.500 euros diarios del 'tratamiento covid' en la UCI de Enrique, los diez millones de pensiones, los millones de colegios, institutos y escuelas infantiles, los millones de euros para la investigación en ciencia, los cientos de hospitales, centros de salud y médicos rurales...¿y si tú te vas, quién paga?". Al calor de la tremenda polvareda levantada por el anuncio del célebre 'youtuber' español, 'El Rubius', del traslado de su residencia a Andorra, Unidas Podemos se apresuró a lanzar una decidida campaña en redes sociales apelando al patriotismo de la solidaridad y posicionándose de forma clara a favor de un cambio legal para volver a considerar el Principado como un paraíso fiscal.
La ofensiva mediática de Unidas Podemos sobre el asunto se completó con una declaración formal del portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique, en la que manifestó la voluntad de su grupo de respaldar la iniciativa parlamentaria de ampliar la actual lista española de paraísos fiscales "para incluir en la misma a países como Andorra" que no cumplieran con una serie de parámetros mínimos de presión fiscal. La iniciativa en cuestión era una enmienda de ERC al proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude, en la que se solicitaba la consideración como territorio de baja tributación y, por tanto, susceptible de caer en esa lista de paraísos fiscales a cualquier territorio que regulara un "gravamen inferior al 10% en el Impuesto de Sociedades o a los dos tercios del tipo efectivo en el IRPF o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes", umbrales ambos que no se cumplen en el caso de Andorra.
La cuestión anunciaba 'guerra'. No sólo porque los dos principales apoyos parlamentarios de Sánchez, Unidas Podemos y ERC, fueran de la mano en una cuestión tan delicada - la salida de Andorra de la lista de paraísos fiscales no fue una decisión española sino del protocolo de la OCDE -, sino porque además la formación morada ya venía torcida por la unilateralidad con la que Hacienda se había manejado en la elaboración de este proyecto legal. Pero como reza el refrán, 'Días de mucho, vísperas de nada'. El debate a cara de perro que se prometía sobre la necesidad de recuperar la consideración de Andorra como paraíso fiscal se debería haber sustanciado este martes en el Congreso, en el marco del trámite de votación de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude. Sin embargo, el asunto no sólo no fue conflictivo sino que ni siquiera se debatió.
Tras hacer causa del asunto durante varias semanas mientras duró el ruido en torno a la mudanza de 'El Rubius', este pasado martes el portavoz de Unidas Podemos ni siquiera mencionó al asunto de Andorra entre las cuestiones que les hubiera gustado incorporar a la norma, entre las que sí citó por ejemplo la creación de un observatorio de seguimiento de la economía sumergida, la ampliación de la lista de defraudadores al Fisco o la promoción profesional del colectivo de los técnicos de Hacienda. La enmienda de ERC ni tan siquiera se votó por separado y fue rechazada entre un puñado de propuestas más del Grupo Republicano con el voto favorable, eso sí, de Unidas Podemos.
Maniobras del Gobierno para sacar a Andorra del foco
Fuentes parlamentarias advierten de que el repentino silencio en torno a la singular fiscalidad del Principado no es fortuito. Aseguran que desde el Gobierno y el Ministerio de Hacienda ha habido movimientos en las últimas semanas para intentar no reabrir el debate político en torno a la posible ampliación de la lista española de paraísos fiscales para incluir a Andorra - una posibilidad que Hacienda descarta de forma taxativa - en el marco del trámite parlamentario de la 'ley antifraude'. Las fuentes consultadas aseguran que desde el Gobierno incluso se ha sugerido a ERC la posibilidad de retirar esa enmienda para atajar cualquier posibilidad de debatir la cuestión en sede parlamentaria, opción que la formación republicana habría rechazado.
Estas mismas fuentes señalan que esos movimientos se produjeron con posterioridad a la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada precisamente en Andorra y en la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, anunciaron un acuerdo bilateral para avanzar en la cooperación tributaria y el intercambio de información fiscal entre ambos países, así como la institucionalización de un encuentro anual de trabajo para abordar estas cuestiones, críticas en la relación entre ambos territorios.
Conflicto a la vista con los pactos sucesorios
El Gobierno ha salvado en la votación de las enmiendas a la 'ley antifraude' el peliagudo asunto de la regulación de los 'pactos sucesorios', pero en este caso todo apunta a que el problema está lejos de haberse cerrado. Los 'pactos sucesorios' son un dispositivo fiscal que reserva a gallegos, navarros, catalanes, aragoneses, vascos y residentes en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera un privilegio fiscal derivado de sus fueros territoriales que les permite ejecutar la transmisión en vida de padres a hijos de bienes y otros elementos patrimoniales con las mismas condiciones que si fuera una herencia por causa de muerte y, como consecuencia de ello, con una factura fiscal significativamente más reducida
En la zona noble del Ministerio de Hacienda se observa desde hace años este régimen como una anomalía, ya que entienden que se trata a todos los efectos de una transmisión en vida y que por ello debería estar sujeta a tributación en el IRPF y al mismo tratamiento fiscal que tienen las donaciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó el 9 de febrero de 2016 en una sentencia fundamental la capacidad de cada comunidad autónoma para ordenar a través de su derecho civil el modo en que se podían sustanciar las herencias y sentó la imposibilidad de aplicar el IRPF a un acto administrativo ya gravado por el Impuesto de Sucesiones. La 'ley antifraude' ha decidido sin embargo acabar con este régimen e imponer el criterio de Hacienda al respecto.
El debate parlamentario sobre la norma ha aflorado la oposición frontal a la maniobra de una parte muy significativa del arco político. Desde el Partido Popular se calificó como "un nuevo ataque frontal del Gobierno a las competencias fiscales de las comunidades autónomas", en referencia a la anunciada pero nunca concretada intención del Ejecutivo de obligar a la Comunidad de Madrid a establecer una tributación mínima en Patrimonio; el PdeCAT la denunció como una interferencia clarísima en el derecho civil catalán, mientras el ERC habló de mísil dirigido a la línea de flotación de la norma civil catalana. La votación posterior de la enmienda del PP que planteaba la derogación de la reforma de los 'pactos sucesorios' se quedó a un solo voto de la aprobación, pero el bloque de oposición ya anunció que éste no sería el último episodio del asunto, ya que aprecia rasgos de inconstitucionalidad en la maniobra gubernamental.
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