El Gobierno quiere evitar que las sospechas de politización atenacen la operativa del nuevo Fondo Cofides, gestionado por el Ministerio de Industria y dotado con 1.000 millones de euros para abordar operaciones de estabilización de empresas de tamaño pequeño y mediano a golpe de inyecciones de recursos públicos, del modo que lo ha hecho con el Fondo Sepi, que lleva meses sin dar luz verde a ninguna operación después del revuelo político, empresarial y ahora judicial levantado por la operación de rescate de aerolínea Plus Ultra. Para conseguirlo ha decidido que las inversiones del Fondo Cofides no sean decididas en última instancia por un sanedrín de secretarios de Estado, como ocurre con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sino por un comité de naturaleza técnica que estará configurado exclusivamente por altos funcionarios de los principales ministerios económicos que no ostentan ni siquiera la consideración de altos cargos del Gobierno.
Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de Cofides, José Luis Curbelo, en un briefing informativo en el que se ha esforzado en explicar con todo lujo de detalle los pasos que se darán antes de aprobar la aportación de fondos públicos a las pyme a las que se dirige este nuevo instrumento de apoyo a la solvencia empresarial. El Gobierno y el Ministerio de Industria han optado por plagar de cautelas el proceso de toma de decisiones inversoras del Fondo Cofides, advertidos muy probablemente por la polémica que ha acompañado prácticamente todas y cada uno de las operaciones financiadas por el Fondo Sepi hasta la fecha.
Curbelo ha precisado que, como punto de partida, todas las solicitudes de ayuda planteadas por las empresas se recogerán en una plataforma informática que empezará a operar el próximo 28 de junio y en la que se consolidará toda la información asociada a cada expediente, si bien no ha especificado si ésta será de acceso público o no. A partir de ahí, los analistas internos de Cofides, una sociedad mercantil propiedad del Estado - aunque está participada en un 47% por los principales bancos del país - que hasta la fecha se dedicaba a financiar planes de apoyo a la internacionalización y a asesorar las operaciones inversores en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid), realizarán una primera evaluación de las ofertas presentadas, que se someterán a la consideración de una agencia de rating, cuyo cometido será verificar la veracidad de la información aportada y asignar un ráting provisional a la operación para determinar su nivel de riesgo para las arcas públicas.
Las solicitudes que superen ese primer filtro porque se sitúen en un nivel de riesgo asumible para Cofides pasarán posteriormente un análisis financiero y jurídico del que se encargarán la treintena de firmas con las que la sociedad ha contratado esta función clave de consultoría. No será una mera evaluación. Las consultoras contratadas para este fin no sólo tendrán que realizar la preceptiva 'due diligence' sino que deberán 'mojarse', elevando a la sociedad pública un dossier en el que recomendarán o desaconsejarán la realización de la operación, en función de su estructura de endeudamiento, la fiabilidad de su plan de negocio y, en definitiva, su probabilidad real de mantener su actividad a medio y largo plazo.
Toda la información acumulada en esos procesos se consolidará en un dossier y se elevará a un Comité Técnico conformado por subdirectores generales de los principales ministerios económicos y con presencia también de la SEPI, que asignará a la operación un 'rating definitivo' a partir de la escala de calificaciones que maneja Standard & Poor's, según ha explicado el presidente de Cofides. Ese rating, que plasmará el grado de riesgo de la operación, será analizado en última instancia por el Comité de Dirección de Cofides con José Luis Curbelo al frente, que será el que asuma la responsabilidad última de la operación.
Respaldo público de entre tres y 25 millones de euros
Los 1.000 millones de euros del Fondo Cofides se orientarán de forma exclusiva a empresas no financieras de pequeño y mediano tamaño con una facturación de entre 15 y 400 millones de euros, que tuvieran una situación compatible con la viabilidad a finales del año 2019 y que se han visto golpeadas por la crisis de la Covid. Las solicitantes de ayudas de este colectivo podrán solicitar ayudas de entre tres y 15 millones de euros en el caso de empresas calificadas como pyme, según la definición europea; y de entre cuatro y 25 millones de euros, en el caso de las que se sitúan por encima de esos umbrales. "No se trata de un fondo de apoyo a empresas estratégicas. Se analizarán muchos factores pero su carácter más o menos estratégico no será uno de ellos, para eso está el Fondo Sepi", ha avanzado el presidente de Cofides.
Uno de esos factores que se vigilará, más allá de la viabilidad del plan de negocio, serán los ajustes de plantilla. Curbelo ha adelantado que no se rechazará ninguna solicitud por plantear un ajuste de plantilla para facilitar su viabilidad, pero sí que se exigirá moderación en esos ajustes y que éstos sean fruto de un acuerdo en la medida de lo posible.
Las empresas que reciban una ayuda pública por este cauce estarán sujetas a las mismas condiciones que planteaba el Fondo Sepi. No podrán repartir dividendos en tanto no haya devuelto una porcentaje del 75% de las ayudas recibidas, no podrán elevar las retribuciones de los administradores por encima de dónde estaban el 31 de diciembre de 2019, tendrán unas condiciones financieras 'blandas' hasta el cuarto año de vida del préstamos y a partir de ahí se endurecerán para incentivar su devolución. La actuación del Estado también tendrá sus límites: sólo podrá tomar una participación minoritaria en las empresas rescatadas - "no habrá nacionalización de empresas", ha aclarado José Luis Curbelo - y no podrá entrar en empresas no viables, aunque este principio es bien laxo como lo han demostrado los rescates de Plus Ultra y Duro Felguera por parte de la Sepi.
Esperando una prórroga por parte de Bruselas
Cofides ha programado empezar a recibir solicitudes de empresas desde el próximo 21 de junio y empezar a gestionarlas ya desde el día 28. El actual marco regulatorio europeo exige a la sociedad dependiente del Ministerio de Industria asignar los 1.000 millones de euros disponibles antes del próximo 31 de diciembre, lo que según Curbelo impone un calendario exigente y un desafío muy importante que esperan que se flexibilice con alguna prórroga de este periodo por parte de las autoridades europeas.
Cofides espera poder "salvar muchas empresas" y "salvar una parte muy importante de los fondos que se han invertido", aunque admite que será complicado que alguna de las inversiones pueda salir mal.
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