Moncloa blinda la renta de los hogares pero deja a las empresas a la intemperie

El escudo social desplegado por el Gobierno durante los primeros compases de la pandemia tenía como objetivo claro 'blindar' las rentas de los hogares españoles y a la vista de los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística el objetivo se puede dar por conseguido. El incremento de cerca del 14% experimentado por las prestaciones públicas abonadas a los hogares durante el pasado año - a horcajadas de los más de 20.000 millones gastados en ERTE y prestaciones por cese de actividad - ha conseguido enjugar casi en su totalidad el efecto de la caída del 5,4% experimentada por las rentas salariales de los hogares y ha servido para apuntalar la economía doméstica de los españoles en un año en el que la economía se ha desplomado un 10,8%. No les ha ido tan bien a las empresas que han tenido que digerir con cargo a recursos propios - aunque ayudadas por financiación bancaria avalada por el Estado - y sin ayudas directas reseñables por parte del Estado el desplome de cerca del 20% de sus márgenes empresariales durante el pasado año: un agujero de más de 56.000 millones de euros.

La actuación de las autoridades, que ha disparado el déficit a cerca del 11% y ha llevado la deuda pública a su máximo histórico, ha servido para invertir uno de los fenómenos más controvertidos que se dio en la pasada crisis financiera, cuando la orientación de las ayudas públicas hacia la estabilización del sector bancario y la ausencia de una red de seguridad para los trabajadores - como ahora han sido los ERTE - hicieron que el peso de los beneficios empresariales en el PIB aumentara con respecto a los salarios. El año pasado ha ocurrido justo lo contrario. Respecto al año 2019, el peso de los salarios en la Renta Nacional se ha incrementado más de dos puntos (del 46% al 48,1%), en tanto que el de los excedentes empresariales ha caído del 43,8% al 42,6%. La crisis la están notando más las empresas.

La información publicada por Estadística ofrece datos muy reveladores sobre lo ocurrido durante el año pasado. Quizá el más llamativo es que la caída del 5,4% de las rentas salariales percibidas por los hogares españoles durante el año pasado, que supuso pérdidas agregadas por valor de más de 31.000 millones de euros, se ha visto compensada casi en su totalidad por el incremento experimentado por las prestaciones públicas, que han tenido la virtualidad de cubrir en términos generales un 96% de ese deterioro. "Lógicamente eso no significa que las pérdidas salariales sufridas por los trabajadores se hayan visto compensadas en su totalidad por los ERTE, ya que la subida de las prestaciones públicas también refleja la subida de las pensiones y otros factores, pero sí muestra el esfuerzo que se ha realizado desde el sector público para garantizar las rentas de éstos", explica la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández.

De hecho, la suma de las rentas salariales percibidas más las prestaciones públicas ingresadas ofrece un resultado muy similar en 2019 y 2020 (ver gráfico), lo que demuestra hasta qué punto la actuación pública ha servido para sostener las rentas de los hogares en España. El fenómeno tiene varias caras. Por una parte, las prestaciones abonadas a los trabajadores incluidos en ERTE y a los autónomos con caídas significativas en su actividad han servido para sostener en buena medida sus rentas; por otra, la cobertura de las cotizaciones sociales por parte de la Seguridad Social también ha servido para producir un fenómeno insólito: que los ingresos por cotizaciones sociales de los hogares en este año de pandemia no sólo no hayan caído sino que se hayan incrementado un 0,4% según los datos del INE. Por último, las restricciones al despido también han jugado un papel en el hecho de que las rentas de los asalariados hayan caído (5,4%) mucho menos de lo que lo ha hecho la actividad general (10,8%).

La estrategia gubernamental no sólo ha beneficiado a los hogares también ha servido a los intereses de las arcas públicas. Lógicamente el saldo de ese 'escudo social' se ha traducido en un mayor volumen de gasto público pero también ha servido para que la recaudación por IRPF haya repuntado un 1,2% pese al repunte del paro y el retroceso de los salarios pagados a los trabajadores. 

Sin 'salvavidas' para las empresas

El esfuerzo realizado para proteger las rentas de los trabajadores no ha tenido su correlato en el tejido empresarial. El 'escudo económico' ideado por el Gobierno ha apostado por abaratar el acceso a la financiación bancaria de las empresas a través de la exitosa línea de avales del ICO- lo que las ayuda a financiar sus pérdidas, pero no a reducirlas - y por retrasar la obligación de pagar sus impuestos - que no las exime de esa obligación, sino que la retrasa -. Las medidas sirvieron para facilitar liquidez a las empresas y pasar el trago de tener que echar el cierre a sus negocios de forma obligatoria, pero no les han ayudado a enjugar las pérdidas generadas por la crisis económica deriva del coronavirus.

Los datos del INE demuestran que las empresas han tenido que digerir por sus propios medios el desplome del 20% de su excedente de explotación. Aunque según explica Gregorio Izquierdo, secretario general del Instituto de Estudios Económicos, el deterioro de resultados haya sido incluso mayor, ya que el concepto 'excedente de explotación' incluye además de los márgenes empresariales elementos fijos que habrían maquillado parte de ese deterioro como el consumo de capital fijo o los alquileres imputados.

Sin ayudas directas y sin medidas reales de alivio fiscal, más allá de las devoluciones recibidas por las retenciones practicadas de más a las empresas en 2019, las sociedades no financieras han visto estrecharse en más de 50.000 millones de euros su excedente bruto de explotación sin recibir ayuda pública alguna. "A corto plazo, la estrategia de sostener las rentas de los trabajadores es beneficiosa, pero a medio y largo plazo no hacer lo mismo con los excedentes empresariales puede generar problemas porque puede desembocar en una reducción de la inversión", advierte el responsable de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza.

Pedraza considera totalmente insuficientes los 11.000 millones de euros en ayudas directas, de las cuales 7.000 millones serán no reembolsables, anunciadas por el Gobierno y advierte de la necesidad de adoptar medidas para mejorar la atracción de inversión foránea y para estimular la inversión empresarial. "Es necesaria una mayor seguridad jurídica y también una mayor seguridad fiscal. La amenaza de subidas de impuestos lo único que hace es retraer la inversión de los agentes económicos en España".