El Gobierno tiene pendiente la aprobación de un plan de ahorro energético en el marco de la Administración General del Estado (AGE). Se trata de un conjunto de medidas que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha comprometido a negociar con los sindicatos, pero han pasado varias semanas y el departamento que dirige María Jesús Montero sigue sin convocar a los representantes de los empleados públicos. Así lo confirman varias de las fuentes consultadas que añaden que se agota el tiempo, ya que el Gobierno se dio un mes para la puesta en marcha de este plan.
Función Pública avanzó a los sindicatos algunas de las medidas que se contemplan, como el cierre temporal de oficinas públicas, como publicó este periódico, pero, por el momento, no ha trasladado una propuesta cerrada en forma de borrador. La intención del Ejecutivo es sacar adelante un acuerdo que incluya tanto medidas técnicas, relativas al control de temperatura de las instalaciones o incluso la instalación de aparcamientos para bicicletas; y por otro, un reglamento para regular el teletrabajo o el horario de cierre de algunos edificios. El Gobierno también quiere fomentar el uso del transporte público.
El objetivo es el de conseguir "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país". Y es que el incremento de los precios de la energía no solo se nota en el bolsillo de los ciudadanos, sino también en las arcas públicas. Además, en varias ocasiones, desde la Secretaría de Estado de Energía se ha manifestado que el Plan puesto en marcha como consecuencia de la guerra de Ucrania no puede ignorar la seguridad y garantía de suministro. Un mensaje que encaja con este Plan de ahorro y eficiencia energética.
De hecho, este plan se incluye en la orden en la que figuran medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que el Gobierno tiene que convalidar con el apoyo del Congreso la próxima semana. El margen para sacar adelante las medidas de ahorro energético en la administración tienen algo más de tiempo -hasta el 2 de mayo-, pero fuentes sindicales advierten de que el tiempo ya es muy justo para negociar las medidas.
El tiempo apremia y los sindicatos recuerdan que llevan más de un año a la espera de que el acuerdo de teletrabajo que firmaron con el anterior titular de Función Pública, Miquel Iceta, vea la luz en forma de Real Decreto. Desde UGT y CCOO consideran que el plan de ahorro energético puede ser una oportunidad para que la norma vea finalmente la luz. Según el acuerdo, los empleados públicos podrán teletrabajar de forma voluntaria hasta tres días a la semana, pero todavía no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque la intención de Montero era, inicialmente, que estuviera antes de terminar 2021.
Inspección de Trabajo
Este miércoles, los sindicatos se reunieron con la secretaria de Estado de Función Pública en el marco de la Mesa General de Negociación de la AGE, pero el único tema abordado fue el acuerdo que firmaron UGT, CSIF y CIG sobre el refuerzo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Los sindicatos esperaban salir de esta reunión con más información o detalles sobre el plan de ahorro energético pero el Ministerio no les ha dado más pistas. No obstante, han acordado una dotación de 6 millones de euros, que se concretará en una productividad adicional y que afectará a todas las categorías de la inspección, no solo a inspectores y subinspectores.
Los sindicatos firmantes también han acordado con Función Pública la incorporación de 200 interinos y la negociación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la inspección. CCOO ha decidido no firmar el acuerdo porque considera que la oferta del Ministerio ha sido "pobre en extremo". Los inspectores de trabajo habían convocado una huelga a finales de marzo que terminaron desconvocando para dar más plazo al Gobierno para cumplir con el compromiso de reforzar la inspección.
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