Más allá de los escasos resultados tangibles alcanzados, el balance del Gobierno sobre la celebración en Madrid de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP25) entre los días 2 y 15 de diciembre fue positivo, no sólo por haber conseguido organizar en tiempo récord -cinco semanas- un evento que en principio debía haberse celebrado en Santiago de Chile sino también porque se hizo con un gran éxito de afluencia y un coste presupuestario aparentemente reducido, que el Ejecutivo cifró en 50 millones de euros e ilustró como "la segunda COP de menor coste de los últimos nueve años", según refirió la entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, en el balance oficial que reportó en el último Consejo de Ministros del año pasado.
Ese día la ministra proporcionó lo que aparentemente parecía la factura detallada de los costes de la organización del evento para el Gobierno: 48 millones de euros por el alquiler de Ifema, 850.421 euros a RTVE por ofrecer la señal de 'pool' del evento, 160.800 euros por sufragar el desplazamiento gratuito en transporte público de los participantes, además de los contratos menores para atenciones protocolarias, servicios de traducción, programas de divulgación o la evaluación y certificación de los sistemas de gestión ambiental del evento. En total, alrededor de 53 millones de euros, de los que una quinta parte se habrían sufragado gracias al respaldo de los patrocinadores.
Sin embargo, y pese a la minuciosidad con la que la ministra portavoz detalló las diferentes cuentas de gasto asociadas al evento, la factura real de la organización de la COP25 excedió, y con mucho, esos alrededor de 50 millones de euros de los que habló el balance oficial del Gobierno e incluso los 60 millones en los que el Ministerio de Transición Ecológico estimó en su día el coste total de albergar la COP25. La información oficial sobre ejecución presupuestaria publicada por la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, eleva ese coste por encima de los 77 millones de euros, en torno a un 40% más que la cifra difundida por el Ejecutivo.
Hacienda, de hecho, apunta directamente a la celebración en España de la Cumbre del Clima como el factor principal que explica el repunte del 34% registrado en la cuenta de gastos corrientes del Estado en el mes de noviembre de 2019 respecto al mismo mes del ejercicio anterior. "El incremento en el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los pagos en noviembre de 2019, sin equivalente en 2018, para la celebración en Madrid de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) por 77.665 miles de euros", es decir, más de 77 millones de euros.
La Información se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para obtener su explicación de la discrepancia entre la información reportada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y la información oficial publicada por el Ministerio de Hacienda en sus balances de la ejecución presupuestaria sin haber obtenido ninguna respuesta sobre el particular.
Estrategias para reducir la factura para las arcas públicas
Tan pronto como Naciones Unidas aceptó la oferta de España para organizar la COP25 ante la agitación social en Santiago de Chile, el Gobierno empezó a moverse para tratar de contener el coste presupuestario asociado a la organización de un evento de semejante magnitud. Apenas una semana después del anuncio el Ejecutivo ya había llevado al BOE la declaración de la Cumbre del Clima como 'acontecimiento de excepcional interés público' como trámite previo imprescindible para abrir la puerta a que las empresas e instituciones patrocinadoras pudieran acceder al trato fiscal preferente que les permite la Ley de Mecenazgo.
De este modo, el Gobierno de Sánchez, como ya hiciera con la final de la Champions de Madrid o los partidos de la Eurocopa que se celebrarán este año en Bilbao, dispuso por la vía de urgencia un esquema de deducciones fiscales de hasta el 90% de las cantidades aportadas para las empresas, organismos e instituciones que realizaran actuaciones de mecenazgo con motivo de la celebración en Madrid de la Cumbre Climática bajo el reconocimiento, explicitado en el real decreto que aprobó en su momento el Gobierno para agilizar la organización del evento, de que "resulta esencial fomentar, en la mayor medida posible, la participación del sector privado". Ésta finalmente sirvió, siempre según el balance oficial del Gobierno, para reducir en un 20% la factura total de la organización del evento.
El Gobierno ha continuado maniobrando para tratar de reducir aún más el coste presupuestario neto del evento y a día de hoy está en curso una iniciativa para conseguir más apoyo financiero a través de los Fondos Europeos. A la espera de obtener cierto respaldo financiero de Bruselas, el Ejecutivo ya deslizado que la inversión realizada generará retornos muy superiores -incluso por encima de los 100 millones de euros- de los que la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid serían las principales beneficiarias.
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