El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá la última palabra sobre cualquier operación corporativa impulsada por una compañía no española para tomar el control o una participación relevante - por encima del 10% - en las empresas domésticas que sean consideradas estratégicas. Esta especie de 'golden share' se implantó de manera transitoria en los primeros compases de la crisis y luego se convirtió en permanente, pero únicamente para los casos de maniobras propiciadas desde fuera del ámbito de la Unión Europea. La persistencia de la crisis sanitaria, y de la crisis económica asociada a la misma; la evidencia de que numerosos 'campeones nacionales' están cotizando muy por debajo de su valor; y la constatación de que en otros países europeos se están adoptando medidas similares han aconsejado al Ejecutivo extender ese escudo protector a las empresas radicadas en la Unión Europea, aunque en este caso de manera transitoria hasta el 30 de junio, dentro del paquete de medidas aprobado este martes para garantizar la solvencia del tejido empresarial.
Este mecanismo de control habilita al Gobierno para bloquear cualquier maniobra de inversores no españoles orientada a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española o a tomar el control de su órgano de Administración, según precisa la normativa hasta ahora solo vigente para empresas ajenas al espacio UE. Su objetivo es el mismo. Establecer un blindaje regulatorio para las empresas de una serie de sectores estratégicos en un contexto especialmente delicado. Ese perímetro alcanzaría a empresas encargadas de gestionar infraestructuras críticas para el funcionamiento del Estado (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, según detalla el texto gubernamental), compañías de tecnologías críticas y productos de doble uso (hablamos aquí de empresas de ciberseguridad, tecnologías de la defensa...), empresas encargadas del suministro de insumos fundamentales (sector eléctrico y de hidrocarburos), sectores con acceso a información sensible y datos personales; y, finalmente, empresas de medios de comunicación.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado que esta medida se aplicará a los inversores europeos de forma más restringida que a los de países ajenos a la Unión, de modo que se limitará a las operaciones inversores de actores europeos en sociedades cotizadas y en sociedad no cotizadas únicamente cuando la cuantía de la operación supere los 500 millones de euros. Lo que no ha aclarado es si esto se ha hecho o no con el visto bueno de la Comisión Europea, tradicionalmente alérgica a cualquier disposición nacional que limite la normal operativa mercantil en el seno de la Unión Europea.
Más margen para acogerse a la financiación asistida del ICO
"Con el paquete aprobado hoy ampliamos esa red de seguridad a lo largo los próximos meses hasta que remitan los efectos más negativos de la pandemia", ha explicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, que también ha dado cuenta de otras medidas orientadas a apuntalar ese escudo económico como la ampliación hasta el próximo 30 de junio de 2021 del plazo para acogerse a la financiación con cobertura estatal del ICO, la extensión a 24 meses del periodo de carencia disponible para empezar a devolver esa financiación o la prolongación hasta ocho años del plazo habilitado para sustanciar la devolución de la financiación recibida, frente a los cinco años que figuraban en la norma hasta ahora.
Esa mejora en las condiciones de suscripción y devolución de la financiación recibida con garantía pública no estará disponible para el grueso de las 550.000 empresas que han recibido el respaldo de la línea de avales del ICO. No podrán ampliar el periodo de carencia de los préstamos ni el plazo de devolución las empresas que hayan caído en concurso de acreedores o que hayan empezado a incurrir en impagos de manera sistemática. El Gobierno incluso se ha dotado de una nueva herramienta de control para garantizar que esas mejoras llegan únicamente a las empresas con cierto futuro y a partir de mañana, cuando entre en vigor el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el ICO podrá acceder a la base de datos del Banco de España para certificar que las empresas que reclaman la novación de las condiciones de sus créditos para aprovechar estas nuevas ventajas están en una situación acreditable de solvencia.
El Gobierno ha aprobado también dentro de este paquete de medidas una extensión hasta el próximo 14 de marzo de la moratoria concursal aprobada en los primeros compases de la pandemia y que básicamente impide a los acreedores llevar a concurso a las empresas con impagos por la vía de eximir a los jueces de la obligación legal de declarar en concurso a las mismas. Según la vicepresidenta Calviño es una actuación para evitar que empresas solventes con problemas transitorios de liquidez o incluso de solvencia se vean abocadas a la quiebra, con las dificultades administrativas y de gestión que ello conlleva y que la vicepresidenta asegura que están tratando de resolver en colaboración con el Ministerio de Justicia en el marco de la transposición de una directiva europea.
Su criterio no coincide con el de los administradores concursales, que ven esta medida como una patada hacia adelante y que aseguran que más que resolver ese problema lo que se va a conseguir es que en marzo estén en situación de concurso de acreedores muchas más empresas que ahora, las que ya están en problemas y las que se corresponden con los acreedores de las empresas que ahora están en problemas.
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