España saldrá de la crisis de la Covid-19, que le ha provocado el mayor desplome económico de su historia reciente, en cuestión de meses, sin necesidad de hacer recortes de gasto y con subidas de impuestos bastante moderadas para lo que se esperaba. El Gobierno lleva meses asegurando que esta vez será diferente, que en esta crisis no habrá austeridad ni recortes y que nadie quedará atrás, y ese relato es a grandes rasgos el que anoche trasladó el Ejecutivo a Bruselas en su Plan Presupuestario para 2021 en el que ni hay rastro de ajustes de gasto ni de reformas estructurales, quizá los dos grandes déficit que buena parte de nuestros socios europeos observan y critican de la política económica española.
Si en La Haya, Viena o Estocolmo esperaban algún guiño del Gobierno de España para aparcar sus reticencias a poner en manos de los países del sur decenas de miles de millones de euros en transferencias a fondo perdido, sus expectativas habrán quedado insatisfechas. Ya no es sólo que en cuestión de pensiones - una de las principales causas de la indignación de los 'frugales' con España- el Gobierno no solo no plantea ninguna medida especifica de reducción del gasto sino que anuncia la recuperación de la actualización de las pensiones conforme al IPC, es que en las 109 páginas del documento no figura una sola medida específica orientada a reducir el gasto público en tanto que sí emergen un puñado de iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital, el programa para impulsar la protección a la dependencia u otros tantos que se van a traducir en aumentos de gasto estructurales para las arcas públicas.
El plan elaborado por el Gobierno de España solo apunta dos posibles vectores de ajuste del gasto, que utiliza para argumentar el cumplimiento por su parte de la recomendación de la Comisión Europea de que "cuando las condiciones económicas lo permitan, se apliquen políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad" de las cuentas públicas. Ahí menciona la realización de los ejercicios de evaluación del gasto por parte de la Autoridad Fiscal y los campos en los que se podría actuar para avanzar en la racionalización del gasto, si bien no anuncia que vaya a adoptar medida alguna en este sentido en el corto plazo.
El Gobierno, no obstante, entiende que a lo largo de 2021 va a ser capaz de reducir el déficit público desde el 11,3% del PIB en que el Ejecutivo considera que va a cerrar el año 2020 - casualmente, el mismo máximo que se alcanzó en 2009, en el arranque de la gran crisis financiera de hace una década- hasta el 7,7% del PIB. ¿Cómo? En parte, por el 'ajuste natural' del gasto público que el área económica descuenta que se va a producir en 2021 por el repliegue progresivo de las medidas de protección a trabajadores y empresas activadas durante este año. El Gobierno asume que buena parte de esas medidas seguirán estando activas hasta el final de la primavera pero confía en poder modularlas para limitar su impacto en gasto y también en que la pandemia esté bajo control para entonces. La hoja de ruta del Gobierno se sostiene sobre un escenario en el que la Covid-19 estará controlada antes del verano del año que viene....
Pero también por el poderoso incremento de los ingresos que el Ejecutivo calcula que se va a producir en 2021 gracias a la inversión de los más de 27.000 millones de euros en fondos que llegarán de Europa. Los 33.000 millones de euros extra que el Gobierno ha calculado que le van a entrar en caja el año que viene son el principal argumento explicativo del recorte del déficit público en 2021. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta planificar un proceso de consolidación fiscal más adelante, cuando la economía esté estabilizada, pero para cuando eso ocurra también ha prometido que abordará la revolución fiscal que según la documentación remitida a Bruselas no se va a producir durante el año que viene.
El plan del Gobierno contempla generar 9.000 millones de euros extra gracias a nuevas medidas fiscales entre 2021 y 2022. En el Plan Presupuestario remitido a Bruselas solo detalla algunas de ellas: los ya conocidos nuevos impuestos sobre servicios digitales y transacciones financieras, la subida hasta el tipo general del 21% de IVA de productos que gozaban de exenciones como las bebidas azucaradas, determinadas iniciativas de fiscalidad verde como la creación de un impuesto sobre los plásticos de un solo uso y el siempre socorrido recurso a la economía sumergida, que según el Ejecutivo generará el año que viene nada menos que 1.000 millones de euros extra con determinadas medidas de gestión, restricciones al uso del dinero en metálico (1.000 euros en operaciones comerciales) y rebajando a 600.000 euros de deuda tributaria el umbral para ser incluido en la lista de morosos. Veremos.
Una crisis de unos meses
Moncloa le traslada a Bruselas que con sus medidas de gasto público y el respaldo de los fondos europeos considera que a principios de 2022 España habrá recuperado el nivel de PIB anterior al azote del coronavirus y que a principios de 2023 ya estará creciendo a los ritmos anteriores a la llegada de la crisis, un panorama mucho más alentador que el dibujado por el Banco de España o por el consenso de los analistas que retrasan hasta al menos 2023 si no 2024 la recuperación del nivel de PIB del año 2019.
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