En las últimas horas, el Gobierno ha logrado frenar las pretensiones de Podemos, que exigía 10.000 millones de gasto adicional como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así lo revelan fuentes cercanas a las intensas negociaciones que, finalmente, se han plasmado en un documento que tiene un impacto presupuestario muy inferior, de poco más de 5.000 millones de euros.
La cuantía que suman todas las medidas que han pactado esta mañana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, no llega a los 6.000 millones de margen que otorgó Bruselas al Gobierno español para elevar el déficit en el próximo ejercicio hasta el 2,7%, frente a la senda inicial prevista por el anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy, del 2,2%. Esa misma cifra, 6.000 millones, es la que la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que necesita recaudar para cuadrar sus objetivos.
Sánchez se deja así otros 1.000 millones de euros de margen para encarar ahora las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios, entre quienes tiene que arrancar otros 20 votos para la mayoría absoluta, 19 para la simple. Recordemos que, con Podemos, suma 156, y los Presupuestos exigen la mayoría absoluta de 176 votos de la Cámara para su aprobación en primera votación y simple, de 175, en la segunda.
Hasta ahora, en líneas generales, el Ejecutivo se ha comprometido con la formación morada a incrementar el gasto en 704 millones de euros para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización de las prestaciones en base al IPC, más otros 384 millones para subir las pensiones mínimas y no contributivas un 3%. En total, la subida de las pensiones se come más de 1.000 millones.
Por otro lado, se dota con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias y estima el coste de la universalización de la escuela de 0 a 3 años en 330 millones. Además, las ayudas para el comedor para combatir la pobreza infantil se cifran en 25 millones de euros. También se mejora la dependencia en 515 millones.
Además, se recupera la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales, con un impacto presupuestario de 315 millones de euros, y se sube el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 900 euros, desde los 736 actuales, con un efecto de 340 millones de euros. También se recupera el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, por otros 323 millones de euros.
El documento contempla el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, estructurado fundamentalmente en un primer momento en un incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables con un coste de 180 millones de euros. A esto habría que sumar los 300 millones de euros que suponen elevar el permiso de paternidad hasta 8 semanas, desde las 5 actuales, y la financiación completa del Pacto de Estado de Violencia de Género, por otros 220 millones de euros.
El acuerdo, de 50 páginas, cuantifica en 630 millones de euros el plan de vivienda social y en 400 el plan estatal de rehabilitación de vivienda, en 273 millones de euros la subida de las partidas para Ciencia e I+D+i, en 150 millones el aumento de las becas, en 10 millones la lucha contra la despoblación y en 20 millones el apoyo a la producción y visibilización de nuestras distintas lenguas, entre otros.
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