El Instituto Cervantes, el CDTI, el CSIC y hasta ADIF...La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en concreto de su Disposición Adicional Cuarta dejó sentado en el año 2015 el principio básico de que el Gobierno no sostendría en el futuro ningún ente público empresarial que no fuera capaz de sostenerse por sí mismo, es decir, que no fuera capaz de generar al menos el 50% de su facturación de su actividad en el mercado, y condenaba a las entidades que no cumplieran ese requisito antes del pasado 2 de octubre de 2019 -entre las que se cuentan las antes mencionadas- a integrarse dentro de la Administración del Estado como organismo autónomo, perdiendo su actual autonomía de gestión y pasando a consolidar en las cuentas del Estado.
La singular situación política vivida en España en los últimos meses y el régimen 'en funciones' en el que se ha movido el Gobierno durante la práctica totalidad de 2019 le ha servido de coartada para esquivar la aplicación estricta de este requisito legal y continuar dando carrete a un puñado de agencias y entidades públicas empresariales que deberían estar ya consolidando en las cuentas del Estado, con consecuencias significativas tanto sobre la deuda pública como sobre el déficit.
Fuentes gubernamentales aseguran a La Información que este 'impasse' no ha impedido que desde la Abogacía del Estado, y también desde la Intervención General del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda, se haya recordado al Gobierno la obligación de cumplir con esta norma que fuerza al Ejecutivo a instar la transformación de esas entidades en organismos autónomos, lo que tendría consecuencias difíciles de asumir en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de ADIF.
Callejón con salida para ADIF
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es una entidad pública empresarial que a día de hoy no genera ingresos de mercado entendidos como tales, sino que se financia a través de los cánones establecidos por el uso de sus infraestructuras públicas en espera de que la entrada en vigor de la liberalización ferroviaria -a partir de diciembre de 2020- active su flujo de ingresos de mercado a través de las tarifas que se cobrarán a los nuevos operadores.
El no acompasamiento del 'timing' de la liberalización ferroviaria con las exigencias establecidas por la ley impulsada por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro en 2015 ha llevado al Gobierno a un aparente callejón sin salida jurídico, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quiere solventar por la vía rápida. El departamento de José Luis Ábalos ha metido en su anteproyecto de reforma de la Ley del Sector Ferroviario en materia de cánones, que sometió hace unos días a información pública, una disposición adicional que pretende blindar la naturaleza jurídica de ADIF "sin quedar sometida a la obligación de adaptación prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público", lo que, básicamente, deja fuera al gestor ferroviario de problemas legales.
Pero el caso de ADIF no es el único. Organismos como el CSIF, Red.es, el Instituto Cervantes o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea viven bajo la amenaza de verse convertidos en organismos autónomos del Estado y, por tanto, de perder parte de la autonomía de gestión y de la libertad operativa de la que se les dotó cuando se les proporcionó la naturaleza jurídica de la que disfrutan en la actualidad.
Fuentes del Gobierno aseguran que el problema ya ha sido identificado y que aunque no hay todavía ninguna iniciativa legislativa concreta puesta sobre la mesa la intención es impulsar una reforma legal para atenuar el efecto de esta exigencia de la Ley 40/2015, al menos en las entidades cuya eventual transformación en organismos autónomos del Estado pudiera generar problemas operativos de mayor calibre. En este sentido, se asume que habrá un puñado de entidades públicas empresariales cuya actividad de mercado se ha demostrado mínima que acabarán siendo absorbidas dentro del perímetro del Estado tal y como exige la ley.
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