Moncloa interviene para atajar el caos entre los ministros del área económica

Que el engranaje entre los distintos ministerios del área económica del Gobierno no está bien engrasado es una realidad desde que se configuró la coalición, pero lo que empezó siendo una cuestión de meras diferencias de matiz ideológico a tratar de limar en la intimidad del Consejo de Ministros se ha convertido en motivo de preocupación para Moncloa. En la última semana, la división entre las dos facciones –por un lado, la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro José Luis Escrivá, garantes de la ortodoxia económica, y por otro, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, sucesora de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia tercera y responsable de las políticas laborales- se ha evidenciado con mayor intensidad ante la opinión pública, hasta el punto de que el propio presidente Pedro Sánchez ha tenido que salir a intentar poner orden en el discurso económico.

"El mercado laboral está reaccionando positivamente al levantamiento de las restricciones a la actividad", afirmaba tajante el presidente en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros el pasado martes. Aunque Sánchez admitía que la economía española aún está lejos de la recuperación total, aseguraba que "poco a poco estamos viendo los efectos de esa reactivación". El mensaje no es baladí. Primero, porque contrasta con el mal augurio que había lanzado Calviño apenas 24 horas antes, al afirmar que marzo no había sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo, y segundo porque supone un espaldarazo a Díaz, que esa misma mañana había valorado positivamente la reducción del paro.

El mensaje de Sánchez no fue casual. Fuentes gubernamentales explican que en Moncloa no habían "caído bien" las declaraciones de Calviño. "Nadie entendió que se posicionara de esa forma", revelan. Por este motivo, el presidente salió a defender los datos del paro con contundencia, valorando el incremento de la afiliación en 70.790 personas y el descenso de 59.149 parados, así como la reactivación de los trabajadores en ERTE. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos justifican que la vicepresidenta, a la hora de señalar que los datos no eran buenos, se refirió al menor crecimiento de la afiliación desde el año 2012 y a la caída del empleo desestacionalizado. Todo ello, sobre la base de que la afiliación es "mejor termómetro" del mercado laboral que el paro registrado, como coincide el consenso de los analistas.

Calviño, en efecto, conocía los datos de paro y afiliación desde el lunes. "Es habitual que los responsables del área laboral compartan esta información con Economía con cierta antelación, aunque no suelen hacerse valoraciones públicas hasta la publicación de los datos", explican fuentes conocedoras de los vericuetos de las relaciones gubernamentales. Sin embargo, pocas horas antes de que Sánchez tomara cartas en el asunto, la divergencia irrumpía también en la rueda de prensa de presentación de los datos. Preguntado al respecto del mal augurio de Calviño, el secretario de Estado de Empleo y 'número dos' de Díaz, Joaquín Pérez Rey, respondía con un escueto "desconozco en qué se basaban los análisis de la vicepresidenta segunda". Acto seguido, su homólogo de Seguridad Social y 'segundo' de Escrivá, Israel Arroyo, echaba un capote a la responsable de Asuntos Económicos explicando que, mientras el registro del paro se presenta con un 'stock', los datos de afiliación se reproducen con una media, de modo que el desempleo puede reflejar un buen comportamiento a cierre de mes, mientras la media de afiliación sale perjudicada por una primera quincena menos favorable.

Pero la vicepresidenta no optó por valorar públicamente y de manera negativa los datos del paro con antelación por casualidad. Calviño estaba, en efecto, preparando el terreno para la rebaja de previsiones del cuadro macroeconómico que iba a llevar a cabo al final de la semana. La máxima responsable del área económica del Gobierno ya tenía sobre la mesa las nuevas proyecciones, en base a una serie de indicadores adelantados del primer trimestre del año que evidenciaban un fuerte impacto de la tercera ola de la pandemia, sobre todo en enero y febrero, y también de la borrasca Filomena. Un extremo que, por cierto, confirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa, tras avanzar la mejora de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, hasta elevar el alza del PIB al 6,4% este año, y dejar caer que el Ejecutivo rebajaría las suyas propias a ese entorno, tras dos meses "muy malos en el ámbito de la actividad económica y la creación de empleo". La rebaja se cuantificó el viernes en un 6,5%.

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Hasta ahí el conflicto en lo que se refiere a los datos del paro. Pero las diferencias en el área económica del Gobierno también han venido desde otros frentes. La prórroga de los ERTE a partir del 31 de mayo o, más bien, las condiciones en las que se va a desplegar el esquema durante el verano han sido otro punto de choque evidente en los últimos días. Mientras Calviño y Escrivá han apostado públicamente por retocar la fórmula vigente para incentivar la reactivación de plantillas a través de mayores bonificaciones sobre los trabajadores que salen del ERTE, Díaz ha garantizado que el sistema se prorrogará en condiciones similares a las actuales. El asunto de la focalización de las exoneraciones de cotizaciones sociales en una u otra parte de la plantilla ya ha sido objeto de debate en las negociaciones de las distintas prórrogas de los expedientes en el ámbito del diálogo social y todo apunta a que en esta ocasión no será diferente.

El SMI... y la reforma laboral

Esta misma semana también han salido a relucir viejos desencuentros de la coalición como es el asunto del salario mínimo interprofesional (SMI). Ante el escenario de grave crisis económica provocada por la pandemia, Calviño ha defendido su congelación. En los mismos términos se ha pronunciado el ministro Escrivá en una entrevista en Heraldo este viernes: "En cada momento los objetivos de la política tienen que ser distintos. Y en este momento concreto, las prioridades en política tienen que estar ligadas a la recuperación del empleo". Horas antes, Yolanda Díaz reafirmaba en otra entrevista su intención de subir el SMI un 0,9% por "coherencia" con la subida de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios. La guerra sobre el salario mínimo no está zanjada y la intención de la titular de Trabajo es volver a plantearla en el seno del Ejecutivo en cuanto finalicen los trabajos de la comisión de expertos designada 'ad hoc'.

Otro de los embrollos -no menor- en los que se han visto envueltos los distintos responsables de las políticas económicas del Gobierno es el abordaje de la reforma laboral. Díaz ha planteado a los agentes sociales el desmontaje del núcleo duro de la legislación de 2012 para reequilibrar la negociación colectiva, en base a lo pactado en el acuerdo de coalición y a las demandas sindicales, frente al enfoque de Calviño, que defiende una reforma integral más alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea, encaminada a reducir la excesiva dualidad del mercado laboral español y la elevada tasa de paro juvenil. También hay otra diferencia de enfoque de forma y es que, mientras Díaz ha advertido de que no va a renunciar a su obligación de legislar si no hay acuerdo en el diálogo social, Calviño ha marcado una clara línea roja al fijar que todas las reformas deben contar con un amplio respaldo político y social para que perduren, tal y como exigen las autoridades europeas, y en particular la reforma laboral debe tener el visto bueno de patronal y sindicatos.

El asunto de la reforma laboral es capital. El Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes el Plan de Recuperación y Resiliencia del que dependen 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU. En él se contemplan hasta 17 modificaciones del marco normativo actual, algunas de las cuales ya están en marcha (como la regulación del teletrabajo o de los repartidores de plataformas digitales) y otras que se van a comprometer con Bruselas y que van a debatirse en el diálogo social. De la fructificación de este paquete dependerá en gran medida la recuperación de la economía española tras el paso de la pandemia y Sánchez es consciente de lo que se juega. Controlar el mensaje económico y alinear el discurso respecto a las materias clave es crucial para alcanzar los objetivos.