El anuncio de la aprobación de la nueva Ley de Industria ha pillado con el pie cambiado a los pesos pesados del sector, que se han mostrado "sorprendidos" y denuncian haberse enterado de la noticia "por los medios". "No sabíamos que se iba a aprobar", confiesa el portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Carlos Reinoso, a La Información tras conocer que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la norma que pretende actualizar el marco jurídico vigente, que data del año 1992.
"Hacer una Ley de Industria sin una implicación activa de la industria no es el mejor escenario para asegurar que responda a los retos", señala Reinoso en conversación con este periódico. También cuestiona el hecho de que "hacerla de espaldas a la industria no es la mejor garantía de que el texto vaya a emanar y, lo que es más importante aún, que responda a las necesidades", declara. Las siete asociaciones sectoriales que conforman esta 'superpatronal' aseguran aglutinar en torno a cuatro millones de empleos en España.
El portavoz de la Alianza asegura que desde el Gobierno no les han remitido borradores previos ni se ha establecido ningún diálogo, limitando su participación a la consulta pública abierta el pasado verano. Esta era, en su opinión, "un papel vacío" ya que "no había ningún texto sobre el que comentar" y "cada uno aportó su contribución".
Puntos clave del nuevo anteproyecto
El Gobierno ha fijado en su anteproyecto tres grandes objetivos destinados al desarrollo de una política industrial activa que permita transformar el modelo productivo. El primero pasa por reindustrializar la economía española para que la industria aumente su peso en el PIB y el empleo, a lo que suma su transformación digital, especialmente de las pymes. Todo ello se completa con un empuje para adaptarse a la transición ecológica, con la vista puesta en la economía circular o la descarbonización.
Para ponerlo en marcha, el Ejecutivo pretende aprovechar el impulso de los PERTE, cuyas cuantías ascienden a 30.000 millones y donde destacan planes como el de los microchips (12.000 millones) o el de las renovables (6.800 millones). Esto se complementa con nuevas definiciones que permitan transformar la industria nacional hacia un modelo soberano y más interrelacionado para evitar la dependencia de terceros y garantizar la autonomía estratégica.
El borrador de la norma contempla la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial, consultivo y asesor, para colaborar con el sector en materias como la competitividad, sostenibilidad, difusión o la cultura industrial. También variará el modelo de financiación y aumenta el control administrativo y la vigilancia del mercado en temas de seguridad y calidad, que se complementan con una actualización de las sanciones.
Piden una agencia que evalúe las políticas del Gobierno
Para que esta ley pueda ser "ambiciosa", la Alianza por la Industria remitió un documento con una serie de propuestas con las que pretende mejorar la competitividad de la industria española. Una de las más destacadas solicita la implantación de una agencia independiente que examine cómo afectan las políticas públicas que aprueba el propio Gobierno: "la política industrial es el sumatorio de otras como la laboral, fiscal, energética, medioambiental o formativa, y sin este mecanismo no tendremos una política en mayúsculas".
Reinoso se ha mostrado decepcionado por que el Ejecutivo no haya respondido a las propuestas que le remitieron para poder retroalimentar un debate que la industria considera necesario. A su juicio, esta aprobación obedece a la necesidad de cumplir con el compromiso adoptado con la Comisión Europea, que reclamó una reforma de la regulación industrial para conceder los fondos europeos NextGenerationEU.
Dudas de que llegue a aprobarse
De hecho, tanto los grandes actores de la industria electrointensiva, como representantes de la oposición (ERC y Ciudadanos) participantes en el Foro Energía celebrado la pasada semana en el Congreso de los Diputados, ya mostraron sus dudas sobre que esta nueva norma fuera a salir adelante antes de que se acabara la legislatura, debido a los plazos que se requieren para su tramitación parlamentaria suelen superar el año de duración.
El portavoz de esta 'superpatronal' considera que la nueva Ley "es una gran oportunidad para acometer las reformas estructurales que son necesarias para que en este país haya una verdadera política industrial, que es lo que echamos en falta". En esa línea, cree que la mejora del modelo permitiría impulsar la competitividad: "Hay países europeos que tienen políticas más proclives para que ésta aflore, y eso se muestra en el peso que tiene sobre el PIB. En España, por desgracia, ese peso es menor, resultado de que no tengamos un contexto de medidas que la impulsen", concluye.
Entre las reclamaciones de la Alianza se encuentran la puesta en marcha de una ventanilla única para la inversión industrial; un marco fiscal nacional y local propicio para atraer capitales; fomentar la formación profesional enfocada a la industria; financiación para proyectos piloto de nuevos procesos; un nuevo estatuto para consumidores gasintensivos, completar el de electrointensivos o reforzar la digitalización del sector, entre otras.
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