"No nos lo habían dicho, pero no nos ha cogido por sorpresa". La afirmación de uno de los negociadores sindicales dentro de la Mesa General de Función Pública ilustra la sensación de los sindicatos mayoritarios en el ámbito de la Administración ante la confirmación por parte del Gobierno de su intención de estudiar la congelación del salario de los funcionarios para el próximo ejercicio de 2021. En los últimos meses los indicios se acumulaban. La renuencia de la ministra de Función Pública, Carolina Darias, a reunir la Mesa General de Función Pública para empezar a negociar la posible renovación del pacto salarial aprobado en 2018 y que extendía sus efectos hasta 2020, la falta de respuesta a los rumores cada vez más insistentes sobre una eventual congelación y la certeza de que el ajuste de las nóminas de los empleados públicos es una de las primeras medidas que figuran en el manual cuando de ajustar el presupuesto de gastos se trata configuraban un caldo de cultivo propicio a una maniobra, que aún sin ser oficial ya todos dan por hecha.
En los días previos a situar la medida en el escaparate el Gobierno mantuvo una ronda de contactos bilaterales con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública al objeto de testar su disposición de partida a rubricar un acuerdo plurianual con la garantía de avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido por las nóminas de los empleados públicos y configurar un contexto de 'paz social' para abordar el resto de las iniciativas que pretende abordar el Ejecutivo en los próximos meses, como la aprobación de una Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, hoy inexistente, que regule temas pendientes desde hace años como la carrera profesional de los funcionarios, la evaluación del desempeño o el régimen especial del personal directivo; la negociación de la crítica regulación del teletrabajo en la Administración; o la nueva regulación de los interinos para cumplir con los imperativos de la normativa comunitaria.
La confirmación de que entre los planes del Gobierno para 2021 figura congelar las nóminas de los funcionarios ha proporcionado a los sindicatos la pieza que faltaba para encajar las piezas del puzzle. Fuentes de una de las plataformas mayoritarias en la Administración admiten que ya descontaban la 'subida cero' de 2021 y que en sus reuniones internas la clave se situaba en cómo modular sus reivindicaciones salariales de 2022 y 2023 para conseguir el que es un objetivo irrenunciable para los tres grandes sindicatos de la Función Pública - UGT, CCOO y CSIF -, la recuperación de parte del poder adquisitivo perdido por los salarios de los funcionarios durante la gran crisis financiera de hace una década en el horizonte de la legislatura y que los cálculos de las centrales sitúan entre el 13% y el 18%.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha dado la callada por respuesta a los requerimientos sindicales de los últimos días para aclarar si el Ejecutivo va o no a congelar el sueldo de los funcionarios el año que viene y se ha limitado a poner sobre la mesa su intención de negociar un acuerdo de legislatura, al estilo del que se rubricó con Cristóbal Montoro en el año 2018 y cuyo incompleto desarrollo es otro de los frentes que los sindicatos no han dado por cerrados en sus negociaciones con el Gobierno.
Un esquema similar al que se está negociando en las empresas
Según las fuentes sindicales consultadas, el Gobierno ya sabe, porque así se le ha trasladado desde las centrales en las últimas horas, que ese acuerdo sólo será posible en la medida en que garantice que cuando finalice 2023 los empleados públicos habrán ganado algo de poder adquisitivo en sus nóminas. Los sindicatos están dispuestos a 'tragarse el sapo' de que las nóminas de los empleados públicos se mantengan congeladas durante 2021 para ayudar a controlar la cuenta de gasto del presupuesto, pero sólo si en el marco de ese 'acuerdo de legislatura' que se les plantea desde el Gobierno se prevén subidas salariales con ganancia de poder de compra en 2022 y 2023.
El camino al acuerdo no será sencillo porque hay otros factores que también amenazan con presionar al alza la cuenta de gastos de personal de las Administraciones Públicas más allá de la evolución de los salarios. CSIF, UGT y CCOO aceptaron en 2018 a regañadientes el mantenimiento de la tasa de reposición de vacantes - un dispositivo legal implantado en los años duros de los recortes presupuestarios y cuyo objetivo es regular la cobertura de las vacantes que se generan en la Administración para habilitar sólo las estrictamente necesarias- a cambio de una significativa flexibilización de su efectividad en los ámbitos más esenciales de la Administración, pero llevan meses advirtiendo de que su existencia debe llegar a su fin.
Los sindicatos culpan a esta cláusula de las carencias de plantilla que la Covid-19 ha aflorado de manera especialmente perceptible en organismos como el Sepe o el Instituto Nacional de Seguridad Social que se han visto desbordados por las nuevas obligaciones de gestión impuestas por el 'escudo social' dotado por el Gobierno contra la pandemia y se han visto obligados a recurrir a empresas externas para poder cumplir su función. UGT y CCOO han sido muy críticos con esa externalización y han exigido al Gobierno que actúe en las ofertas públicas de empleo para poder cubrir no sólo las vacantes existentes sino las carencias estructurales de personal que afectan a estos y otros organismos del Estado.
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