"¡Qué inventen ellos!". La célebre y destemplada contestación de Miguel de Unamuno a la insistente preocupación de José Ortega y Gasset por las carencias del conocimiento científico en España ha quedado grabada en el imaginario colectivo como un símbolo de la supuesta falta de interés del español por la ciencia o más recientemente por la innovación tecnológica. Embarcado en un ambicioso plan para remover los cimientos del tejido productivo doméstico a golpe de fondos europeos, al Gobierno le preocupa que los proyectos que presenten las empresas a las convocatorias vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia planteen ideas para transformar y modernizar España...pero con componentes y tecnologías fabricadas en el extranjero y se ha puesto manos a la obra para evitarlo.
El Gobierno tiene la intención de diseñar las convocatorias para financiar proyectos con fondos europeos de forma que prioricen la utilización de componentes fabricados en España o propicien la creación de nueva base industrial en el país como forma de asegurar que el Plan de Recuperación optimiza la generación de empleo y la capacidad tecnológica y competitiva del tejido productivo doméstico. El secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, ponía este miércoles en una jornada organizada por 'Spain Investors Day' algún ejemplo práctico de lo que pretende el Gobierno. "Lo que buscamos es que se quede el grueso de la producción en nuestro país. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de los electrolizadores para la producción y almacenamiento de hidrógeno - uno de los ámbitos en los que el Gobierno pretende desarrollar uno de esos proyectos tractores - es fundamental que las convocatorias ayuden a que esa producción se quede en España".
El planteamiento gubernamental tiene un importante asterisco que no se oculta desde Moncloa, que es el 'principio de no discriminación' que rige sobre todos los procedimientos de contratación pública en el ámbito de la Unión Europea. Un principio que impide favorecer a las empresas o a los productores nacionales en la contratación de bienes y servicios. Desde el Gobierno, no obstante, se entiende que ese principio no tiene por qué ser una cortapisa para que las convocatorias realizadas desde las Administraciones Públicas contribuyan a potenciar la industria local o en el mejor de los casos a crear una base industrial de nuevo cuño en ámbitos y sectores hasta ahora quizá insuficientemente desarrollados en el país.
El Ejecutivo piensa de hecho en los proyectos estratégicos para la recuperación, los llamados Perte, para impulsar la creación de esa base industrial que es una de las principales carencias del tejido productivo doméstico y cuyo impulso es uno de los objetivos declarados del Plan de Recuperación. Tienen la ventaja de que la calificación como 'Perte' de los proyectos dependerá de forma directa del Consejo de Ministros y éste supuestamente tendrá margen de maniobra para otorgar esa consideración a partir de los criterios que considere más oportunos, entre los cuales podría valorar su capacidad para impulsar la industria nacional.
El Gobierno negocia estos días el 'ok' de Bruselas a los proyectos estratégicos que ya están más perfilados, entre los que se cuentan el del vehículo eléctrico, que será el primero en ponerse en marcha y cuya activación se espera para este mes de julio; el proyecto de almacenamiento de hidrógeno verde; un proyecto bautizado como 'Salud de Vanguardia' para modernizar la prestación de servicios sanitarios en el país; el del sector aeronáutico, que aspira a mantener en España buena parte de la actual capacidad industrial de Airbus en el país; otro orientado a la industria agroalimentaria; y al menos otro orientado a la explotación de las capacidades de la inteligencia artificial.
Un espaldarazo a la industria 'made in Spain'
"Tenemos que evitar que cuando hablamos proyectos estratégicos para la modernización, digitalización o sostenibilidad de la economía española, se haga importando todo. Evidentemente, tenemos que cumplir la legislación europea que impide la discriminación, pero sí podemos hacer que las convocatorias estén diseñadas para que se valore la creación de capacidades en España, por ejemplo creando alianzas de empresas a través de toda la cadena de valor para que se quede el grueso de la producción en España", explica Manuel de la Rocha.
Esa amplio perímetro de los proyectos para que alcancen a toda la cadena de valor y permeen así al mayor número de empresas posible no será el único criterio. El Gobierno también pretende que esos grandes proyectos estratégicos, en los que Moncloa confía para transformar y mejorar el potencial de crecimiento del país, tengan una implantación territorial amplia, para que no sólo contribuyan a generar una nueva base industrial sino también a repartir ésta a lo largo de todo el territorio.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios