Resulta que el plan diseñado por Moncloa para marcar la hoja de ruta de las políticas de este Gobierno y de los que vendrán de aquí a 2050 reservaba una sorpresa, en forma de 'aperitivo reformista', para la primera etapa de ese camino, a la altura de 2030. No sorprende que esa estación intermedia tenga que ver con los impuestos y, concretamente, con la voluntad del Gobierno de subirlos. "La España que queremos para 2050", como la definió plural mayestático en ristre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará antes de 2030 con una revolución fiscal que avanzará en la dirección de esa mayor justicia tributaria que ansía el Gobierno, impulsará la mejora de la recaudación y subirá la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta sobre dos colectivos bien definidos: los beneficiarios de rentas del ahorro y los rentistas inmobiliarios.
La sección fiscal del grupo de 100 expertos reunido por la Oficina de Prospección y Estrategia de Iván Redondo ha llegado a la conclusión de que pese a que la recaudación que se obtiene en España por el Impuesto sobre la Renta es asimilable a la media europea - al contrario de lo que el Ejecutivo asegura que sucede con el conjunto del sistema fiscal - su contribución a la redistribución de la riqueza es menos significativa que otros países y que ello es así porque la organización interna del impuesto ampara un puñado de situaciones que benefician principalmente a las clases medias y a las rentas más altas frente a los contribuyentes con rentas más bajas. El informe de Moncloa sostiene esta afirmación a partir de una estimación de elaboración propia que concluye que la carga fiscal que soporta el 10% de población con mayores recursos es superior a la que soportan las clases medias...
El informe ve espacios de mejora para aumentar la progresividad del IRPF, el termómetro que marca el grado de progresividad de cualquier sistema fiscal, y plantea soluciones. Una de ellas es "eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario", para lo que el plan propone revisar los beneficios fiscales sobre los rendimientos de viviendas alquiladas - lo que curiosamente va en dirección contraria al planteamiento que el Gobierno acaba de poner encima de la mesa en el marco de la futura Ley de Vivienda para favorecer la rebaja de precios del alquiler - y elevar el porcentaje de imputación de renta sobre las viviendas a disposición de los usuarios, que en la actual normativa del IRPF está entre un 1% y un 2% del valor catastral de la vivienda. Éste último es un dispositivo fiscal que imputa una renta virtual a los titulares de viviendas no afectas a una actividad económica - viviendas vacías - por la titularidad de un derecho real de disfrute sobre las mismas.
La explicación del funcionamiento de este esquema de 'imputación de rentas' por la tenencia de un activo que no genera un rendimiento económico explícito a su titular viene a cuento porque el informe señala como una de las vías de agua que hace perder recaudación al Impuesto sobre la Renta la aplicación del principio de no gravar las rentas de capital mobiliario hasta que éstas se ponen de manifiesto de manera efectiva. Los expertos convocados por Moncloa señalan que el hecho de que el IRPF no impute una renta virtual a los contribuyentes, del mismo modo que se hace con los activos inmobiliarios no sujetos a una actividad económica, para gravar anualmente las plusvalías latentes obtenidas por éstos a través de sus inversiones en acciones, fondos de inversión u otros instrumentos financieros y sólo se active cuando esa plusvalía se genera de manera efectiva en el momento en que el activo mobiliario se transmite genera un gravoso diferimiento fiscal que supone un lastre para la recaudación del Impuesto sobre la Renta. Los asesores fiscales consultados advierten de que modificar esa regla por una nueva regla de imputación de rentas elevaría la complejidad del impuesto a límites insospechados.
Las rentas del ahorro, en el punto de mira
Tras la idea, no obstante, subyace una voluntad de configurar un IRPF mucho más exigente con las rentas del ahorro. El Gobierno acaba de aprobar una subida fiscal a las rentas del ahorro en el IRPF, que ha elevado del 25% al 26% el tipo aplicable a los rendimientos por encima de los 200.000 euros obtenidos por los contribuyentes, pero la hoja de ruta definida por Moncloa en el informe 'España 2050' aboga por elevar la presión fiscal sobre estos rendimientos hasta aproximarla a la de las rentas del trabajo y como mínimo acercarla al estándar europeo, que se sitúa en el entorno del 30%.
El informe aboga de forma explícita por "elevar la tributación efectiva del capital", pero se centra de forma singular en las Sicav y las carteras de Fondos de Inversión que señala como los vehículos que utilizan las grandes rentas para evitar la acción del Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias patrimoniales y los rendimientos que obtienen por la tenencia de acciones de empresas cotizadas. Los expertos reclutados por el Gobierno subrayan que la progresividad del Impuesto de Sociedades está lastrada por el hecho de que "un volumen importante de estas rentas societarias tiene una tributación diferente en el IRPF al capitalizarse en carteras de fondos de inversión y Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav)". La propuesta va de suyo: "explorar nuevas formas de gravamen que aumenten la tributación de las rentas del capital capitalizadas en fondos de inversión y sicav".
El fiasco de la cesión de Sucesiones y Patrimonio
No podía faltar el tema estrella de los últimos meses: el futuro de las figuras de imposición patrimonial cedidas a las comunidades autónomas, los impuestos de sucesiones y donaciones y el de Patrimonio, en el centro de la polémica desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. El juicio del informe 'España 2050' concluye que la cesión de estos impuestos a los gobiernos autonómicos "ha generado una elevada heterogeneidad normativa que, en ocasiones, distorsiona la recaudación agregada de estas figuras y merma la progresividad del sistema" y que ésta ha sido perjudicial para la progresividad del sistema tributario, que atraviesa todo el informe como la gran bandera del enfoque fiscal del 'España 2050'.
La solución propuesta aboga por un replanteamiento de la configuración actual del impuesto y de su papel en las haciendas autonómicas "para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance
recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país", apuntando de forma directa a la estrategia de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid. El objetivo del plan 'España 2050', al fin y al cabo, es llevar la presión fiscal en España desde el 35% del PIB en que se encuentra en la actualidad hasta el 43% de aquí a 2050.
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