El Gobierno tiene como objetivo que los propietarios que tengan viviendas vacías las incorporen al mercado del alquiler. Por ello, en el proyecto de ley de vivienda ha incorporado la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen un recargo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de hasta el 150%. No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) aseguran desconocer la cifra de viviendas que podrían aflorar con esta medida. La justificación es que está en manos de los consistorios su aplicación, y, por lo tanto, desconocen el impacto de ésta. En la actualidad, ya existe una penalización del 50% sobre el IBI, pero Moncloa busca mayor efectividad con una penalización más alta.
El incremento afecta a las viviendas que hayan estado desocupadas durante más de dos años, sin una causa justificada, y cuyos propietarios tengan un mínimo de cuatro viviendas urbanas. Aquellos pisos que lleven tres años vacíos se podrán gravar con un recargo de hasta el 100% y podrá añadirse otro 50% adicional si los propietarios tienen dos o más viviendas en el mismo municipio. Fuentes del MITMA apuntan que los ayuntamientos que quieran incorporar esta medida deberán incluirla en sus ordenamientos municipales.
En la misma norma, el Gobierno apuesta por las bonificaciones fiscales para que los pequeños propietarios de viviendas reduzcan el precio de los alquileres, firmen contratos con jóvenes de entre 18 y 35 años o mejoren y rehabiliten sus casas o pisos. Se trata de bonificaciones fiscales que se incluyen en el proyecto de ley de vivienda y que afectan a 150.000 viviendas, propiedad de pequeños propietarios, según los cálculos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esta propuesta llega en un momento en que los expertos de la reforma fiscal siguen deliberando para entregar un Libro Blanco a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que a su vez, defiende que España debe igualar su presión fiscal a la de otros países europeos.
Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez no cuantifican el impacto de las bonificaciones fiscales, "es relativo", responden fuentes del ministerio. Uno de los motivos es que estos incentivos se aplicarán en aquellas zonas que las comunidades autónomas declaren como tensionadas, teniendo en cuenta el índice de precios de referencia. Es decir, el proyecto de ley deja en manos de las CCAA la aplicación de estas ventajas impositivas y por ello, argumenta, hasta que no se conozca qué zonas se declaran "tensionadas" no se podrá saber el impacto.
El documento que el Gobierno remita a las Cortes incluye una bonificación de hasta el 90% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para aquellos pequeños propietarios que reduzcan un 5% el precio del alquiler con respecto al contrato anterior. Actualmente, ya existe una bonificación del IPRF, de hasta el 60% que con este proyecto de ley se reduce al 50% aunque se puede ampliar según algunos supuestos. Además de la reducción de precios, la bonificación crece hasta el 60% si el propietario firma un contrato con un joven de entre 18 y 35 años. Será del mismo porcentaje si el dueño de la vivienda puede argumentar que se ha rehabilitado y podrá ser del 70% si teniendo en cuenta los precios de referencia, el piso se considera "asequible".
La declaración de zona tensionada a los efectos de la ley se llevará a cabo mediante una resolución de una comisión bilateral entre la comunidad autónoma y el MITMA . Para ello, la región deberá presentar un informe en el que justifique que los precios de la vivienda superan el 30% de los ingresos netos medios de los hogares y que el precio ha subido en los últimos cinco años, de media, al menos un 5% más que el IPC de cada comunidad autónoma. Si el Ministerio da el visto bueno a la declaración, los ayuntamientos podrán establecerlas por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan las circunstancias.
Plazos y polémica
Desde el Ministerio de Transportes defienden que el texto "cumple con el mandato Constitucional" y subrayan que se han incorporado pequeñas modificaciones para incorporar las revisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con todo, fuentes del departamento de Raquel Sánchez no descarten que se pueda judicializar el proyecto de ley, "porque ya hay quien lo ha dicho, incluso antes de que se haya aprobado en las Cortes". Sobre cuánto puede durar la tramitación de la norma, las mismas fuentes argumentan que se ha pedido su procedimiento "con urgencia" y que el compromiso con la Comisión Europea es aprobarla "en el tercer trimestre del año".
Con todo, el Gobierno ha establecido un periodo de hasta 18 meses desde la entrada en vigor de la ley para la aplicación de la limitación de los precios del alquiler referida a sistema de índices de referencia. Esta se aplicará cuando el propietario sea una persona jurídica con categoría de gran tenedor. En estos casos, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.
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