El Gobierno mueve ficha. Ante la cerrazón empresarial a sentarse a negociar las directrices nacionales de subida salarial con los sindicatos, Moncloa enseña sus cartas y pone sobre la mesa su oferta de incremento de los sueldos públicos. Órdago a Antonio Garamendi, que venía reclamando al Ejecutivo que especificara cuánto va a gastarse en mejorar las nóminas de los funcionarios antes de exigir a los empresarios que hagan lo propio con sus trabajadores. El movimiento de Hacienda no solo cumple con la demanda del presidente de la CEOE, sino que plantea un escenario de contención salarial frente a la inflación difícilmente cuestionable por parte de la patronal. El Gobierno busca, con esta maniobra, marcar las pautas del pacto de rentas.
Desde que arrancaran las reuniones de alto nivel entre los ministerios del área económica y los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales el pasado mes de junio, Garamendi ha venido pidiendo al Ejecutivo que 'se moje' y concrete cuánto van a subir el próximo año las pensiones y los sueldos públicos. La primera incógnita se despejó sin más discusión, ya que las nóminas de los pensionistas van a revalorizarse sí o sí con la inflación porque así lo establece el nuevo marco legislativo. Pero la cuestión de los salarios de los funcionarios no ha sido resuelta hasta esta misma semana, cuando el Ministerio de Hacienda ha realizado su primera oferta a los sindicatos en aras de incorporar un acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que están ultimando los socios del Gobierno.
Pero no solo eso. Esta misma semana, el presidente de la CEOE advirtió al Gobierno central desde Bilbao de que si aspira a cerrar un pacto de rentas con los agentes sociales debe incorporar a la mesa de negociación las medidas que va a adoptar en materia fiscal. Dicho y hecho. Este mismo jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocaba una rueda de prensa para informar sobre el nuevo plan fiscal del Ejecutivo, que incluye un tributo de solidaridad para las grandes fortunas, una subida de impuestos a las rentas de capital, un aplazamiento de la compensación por pérdidas de las filiales de grupos consolidados de grandes empresas, así como rebajas para las rentas bajas a través del IPRF, una ampliación de las reducciones para los autónomos y una rebaja en Sociedades para las pequeñas empresas.
La patronal ya conoce, por tanto, el plan fiscal del Gobierno, así como la subida salarial que ha ofrecido en la negociación a los sindicatos del sector público. En concreto, en la primera reunión celebrada este miércoles, Hacienda planteó un incremento del 1,5 % adicional en 2022 -que se sumaría al 2% aplicado a principios de año-, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024. Esa oferta fue mejorada 24 horas después hasta el 7,5% repartida entre 2022, 2023 y 2024 -el 9,5% si se suma el 2% que los salarios públicos ya han subido este año- manteniendo el 1,5% adicional con efecto retroactivo para 2022 y mejorando la subida para 2023 en otro punto variable (un 0,5% vinculado a la inflación acumulada de 2022 y 2023 siempre que supere el 6% y otro 0,5% vinculado al PIB si supera el 5,9%) y la de 2024 con otro variable del 0,5% si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
El Ejecutivo impone así la moderación salarial para los empleados públicos frente a una inflación galopante, ya que la subida máxima del 3,5% para 2023 se queda muy lejos de la proporción en la que el Ejecutivo va a incrementar las nóminas de los pensionistas el próximo año, que podría situarse en torno al 9%, en función de cómo cierre el IPC en noviembre, y aboca en todo caso a los funcionarios a perder poder adquisitivo este año. Con esta senda, el Gobierno busca marcar las pautas del ansiado pacto de rentas, orientando a la patronal y los sindicatos en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que en estos momentos continúa bloqueado por la negativa de la CEOE a incorporar las cláusulas de revisión salarial con el IPC que exigen los sindicatos.
Pero lo cierto es que las cifras que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Hacienda en la negociación con los sindicatos del sector público no distan de las que estuvieron manejando las organizaciones empresariales y sindicales en la mesa del AENC antes de romper las negociaciones. Como se reveló en estas páginas, la CEOE empezó ofreciendo una subida salarial de hasta el 9% en tres años, que incluso CCOO y UGT valoraron positivamente. De hecho, la senda de subida que pelearon los sindicatos antes de que la negociación saltara por los aires estuvo en ese entorno del 9%-10%, pero el problema para la patronal surgió cuando las organizaciones sindicales impusieron las cláusulas de revisión, inaceptables para la CEOE, que aún así llegó a contemplar la posibilidad de incorporar algún tipo de actualización en 2025 en función del IPC acumulado, según fuentes al tanto de las negociaciones.
La senda de crecimiento de las nóminas públicas, por tanto, no está ni mucho menos alejada de la que antes del verano estaba dispuesta a aceptar la CEOE para los trabajadores del sector privado. El choque insalvable surgió por las cláusulas de revisión que ahora el Gobierno sí contempla para los funcionarios en esas proporciones de subida variables que ha incorporado a su última oferta para los años 2023 y 2024. El Ejecutivo, en cualquier caso, viene defendiendo que ningún planteamiento puede contribuir a la espiral inflacionista, de modo que la apuesta por una cierta contención salarial frente a una inflación desbocada es clara. La pelota, por tanto, está en estos momentos en el tejado de la patronal, que previsiblemente volverá a sentarse con los sindicatos cuando pase su proceso electoral, fijado para finales de noviembre, según auguran fuentes de la organización empresarial.
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