Una comparecencia anual a ejercicio vencido para rendir cuentas de la ejecución anual del plan presentado ante la Comisión Europea, posiblemente de la ministra de Hacienda y probablemente ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Ni comisión parlamentaria específica, ni comparecencias regulares de los ministros responsables de la ejecución de los diferentes proyectos de inversión para ir chequeando el grado de ejecución de los mismos. La hoja de ruta en la que está trabajando Moncloa prevé sustanciar el control parlamentario sobre la ejecución del mayor volumen de recursos públicos controlados por un Gobierno de España en toda la historia - más allá de las cuestiones puntuales que se puedan suscitar en las sesiones de control - con una comparecencia anual de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacer balance de la ejecución de los proyectos, según aseguran fuentes parlamentarias.
El modelo ya ha sido apuntado a cuenta gotas en alguna comparecencia pública por el secretario general de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, que en una reciente charla en la Fundación Alternativas ya avanzó que el Gobierno entendía que la persona más adecuada para rendir cuentas de la ejecución del plan era la titular del Ministerio de Hacienda, en este caso María Jesús Montero, y que tal vez el órgano más adecuado sería también la Comisión Mixta para la Unión Europea. Las fuentes consultadas añaden que la idea del Gobierno es que esa rendición de cuentas se sustancie con regularidad anual, una vez se disponga de datos completos de la ejecución del ejercicio y se puede contrastar la información disponible con los objetivos de avancen marcados por el Gobierno en los planes trasladados a la Comisión para el ejercicio en curso.
El planteamiento supone un paso atrás respecto a la idea inicial transmitida por el Gobierno, que hace apenas un mes preveía comparecer cada tres meses para dar cuenta de la evolución de los fondos europeos. La secuencia tampoco coincide con los tiempos de la evaluación implantada por Bruselas en el Reglamento que regula el funcionamiento de las ayudas europeas, en el que se prevén controles semestrales sobre la ejecución de las ayudas y el cumplimiento de los objetivos previstos con los proyectos financiados con fondos europeos. Un control crítico, cuyas conclusiones podrán llevar a la Comisión a reducir el flujo de ayudas hacia los países y en última instancia incluso a retirarlas.
Avanzando en la estructura institucional
Por su parte, el Gobierno sí someterá a un control estricto a los ministerios y a las administraciones territoriales que asuman la gestión de proyectos de inversión. El esquema que Moncloa tiene en mente pasa por regular las transferencias de recursos a comunidades autónomas y grandes ayuntamientos para desarrollar proyectos de inversión en los ámbitos de su competencia a través de convenios marco, en los que se fijarán no sólo los fondos asociados al proyecto en cuestión sino también los objetivos de política económica que se deben cumplir con estos proyectos.
"Es importante que las comunidades autónomas están preparadas", señalan desde el Gobierno. "Cualquier incumplimiento en el calendario previsto en las inversiones o en los objetivos fijado en el convenio marco tendrá penalización, hasta el punto de retirar los fondos asignados en el caso de que no se cumplan los objetivos previstos". El Gobierno actuará ahí sobre las administraciones territoriales y los ministerios como la Comisión Europea actuará sobre los gobiernos de los diferentes países a la hora de evaluar la eficacia de sus planes de recuperación.
El Ministerio de Hacienda está actuando aquí en varios niveles. Por una parte ha reclamado a los gobiernos autonómicos que aceleren las reformas legales que sean necesarias para adaptar sus normativas a la ejecución de los fondos europeos y remover los posibles obstáculos burocráticos que puedan existir. Por otra, está acelerando la configuración y las atribuciones de la futura Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas, que según la normativa canalizará "la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español de estado de las autonomías y de establecer mecanismos vías de cooperación y coordinación en la implementación del Plan".
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