"El 30 de junio decaen los ERTE por fuerza mayor y el 1 de julio las empresas se encontrarán con una nueva realidad. Tenemos que garantizar la seguridad jurídica, no podemos dejar la normativa en el aire". Con esta afirmación, fuentes gubernamentales descartan finalizar el mes en curso sin aprobar un real decreto ley que prorrogue los expedientes de regulación temporal de empleo en condiciones flexibles desde el minuto uno del mes próximo. "El plazo es perentorio", añaden. Aunque Moncloa confía en que el diálogo social dé sus frutos en las próximas horas y se alcance un acuerdo 'in extremis' que articule esta prórroga, el Gobierno no descarta actuar por la vía unilateral ante la urgencia de mantener esta herramienta como alternativa a una inevitable avalancha de despidos.
El propio Pedro Sánchez fue taxativo la semana pasada al afirmar que "los ERTE están para quedarse". El presidente del Gobierno ha movido hilos en los últimos días para propiciar el acuerdo con la patronal y los sindicatos, ejerciendo presión incluso entre sus ministerios, tal y como reveló La Información. Sin embargo, hasta ahora su estrategia no ha tenido éxito. La última reunión celebrada ayer volvía a finalizar sin firmas y las partes se emplazaban a un nuevo encuentro este jueves. Aunque fuentes de las negociaciones aseguraban que el pacto está cada vez más cerca, lo cierto es que a última hora del miércoles la 'fumata' seguía siendo negra.
"Trabajamos para lograr un acuerdo", insisten fuentes de Moncloa, que adelantan que, de haberlo, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes para dar luz verde al real decreto ley. La norma se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado, lo que daría "suficiente margen a las empresas" para gestionar posibles cambios en sus plantillas y no quedar en un limbo jurídico, matizan desde el área económica del Gobierno. Pero existe otra opción que no deja de contemplar el Ejecutivo y es la posibilidad de que el diálogo social fructifique más tarde, pudiendo llevar el texto al Consejo de Ministros ordinario del martes. En ese escenario, el decreto saldría en el BOE del mismo miércoles, 1 de julio, algo que "no parece razonable" a fuentes gubernamentales que señalan al viernes como la fecha ideal para aprobar este nuevo real decreto ley.
Aunque todo apunta a que los agentes sociales llegarán a un entendimiento este mismo jueves, y esta es la opción preferida por el Gobierno, cabe la posibilidad de que no exista punto de encuentro y el Ejecutivo se vea obligado a legislar sin el respaldo oficial y explícito de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha dejado claro: "Yo puedo dictar un real decreto, dando tranquilidad a empresas y trabajadores, pero el plus es lograr un acuerdo", admitía en una entrevista televisiva este martes. Los interlocutores sociales trasladan que la sensación que les transmitió ayer el Ministerio es la de querer cerrar el pacto a toda costa, para lo que llevó a la reunión una propuesta muy mejorada que inclinó a los sindicatos hacia el 'sí', si bien quedaron flecos por cerrar para la CEOE.
Nuevas exoneraciones
Los sindicatos han arrancado al Gobierno una cesión importante, y es que en su última propuesta rebajan, aunque levemente, las exoneraciones previstas para los empleados que salgan del ERTE en los casos de fuerza mayor parcial. Las organizaciones sindicales consideran que esos recursos deben dedicarse especialmente a los trabajadores con contratos suspensos, si bien Seguridad Social y Economía tienen una visión distinta sobre este punto. La filosofía de Nadia Calviño, según explican fuentes de su departamento, es que hay que premiar las reincorporaciones a la actividad por una cuestión casi "psicológica". La explicación que ofrecen es que al tiempo que se anima a los empresarios a sacar a su plantilla del ERTE mediante exoneraciones, los trabajadores perciben una mayor seguridad si están en sus puestos de trabajo, aunque sea con una jornada reducida, que si siguen en casa en un momento de crisis económica que provoca una "gran incertidumbre".
Los empresarios, por su parte, valoran positivamente que el Gobierno haya accedido a mantener la fuerza mayor total durante este verano, según explican fuentes de la CEOE, porque de este modo se permitirá subsistir a compañías que todavía van a encontrarse con importantes restricciones a su actividad durante los próximos meses. En este sentido, desde la patronal señalan que en el Gobierno se han encendido las alarmas ante los rebrotes del virus que se están produciendo en toda España y en los países del entorno y esto les ha llevado incluso a plantear la posibilidad de que las empresas que se encuentren en territorios que sufran picos de contagios en el futuro puedan acogerse nuevamente a ERTE por fuerza mayor con exoneraciones de hasta el 80%. Al mismo tiempo, se facilitan los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, también con bonificaciones.
En definitiva, el 'pack' convence ahora más que antes a las organizaciones empresariales, si bien no termina de satisfacer todas sus demandas. Fuentes sindicales critican que "la patronal es insaciable" y que hubieran preferido porcentajes de exoneraciones mayores, pero lo cierto es que dentro de la propia CEOE existen opiniones encontradas respecto a la propuesta del Ejecutivo. Así quedó en evidencia el martes, cuando se expuso el borrador del real decreto ley a las organizaciones sectoriales y no pocos empresarios, especialmente los dedicados a actividades relacionadas con el turismo, pusieron el grito en el cielo ante la escasa cobertura que, a su juicio, ofrece el Estado para los ERTE durante los próximos meses. Se basan en previsiones demoledoras: "Un tercio del comercio está en riesgo de echar el cierre".
La CEOE celebra este jueves varias reuniones de calado. Primero se dan cita el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, pero no se espera que estos tengan que valorar una propuesta final del Gobierno porque prácticamente en paralelo se desarrolla la nueva reunión del diálogo social para dar con la clave, si la hubiera, de cara al pacto definitivo. Después tendrá lugar la Asamblea Anual a la que están convocados de manera telemática hasta 700 empresarios, que valorarán la situación económica actual y las conclusiones de la mega cumbre empresarial que se ha celebrado en los últimos días en Diego de León y por donde han desfilado líderes del tejido empresarial como Ana Botín (Banco Santander), Pablo Isla (Inditex) o Juan Roig (Mercadona). Si en algo han coincidido es en destacar la necesidad de mantener las ayudas públicas para poder conservar el empleo en un momento tan delicado como el actual.
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