El Gobierno ya sabe desde hace casi dos semanas que en los próximos dos años tendrá a su disposición 43.000 millones de euros en inyecciones a fondo perdido procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, activado por los países de la UE para impulsar la actividad económica en Europa y, más en concreto, en aquellos países como España que más están sufriendo el impacto de la pandemia. El reto, no pequeño, que afronta ahora el Ejecutivo es dar destino a un volumen de recursos sin precedentes, nunca antes gestionados por la estructura de la Administración en un periodo tan corto de tiempo y que, además, deben ir lo suficientemente bien orientados como para alcanzar los objetivos de política económica sugeridos desde la Comisión Europea y mejorar tanto el crecimiento potencial de la economía como su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo.
"Una oportunidad histórica" para modernizar la anquilosada estructura productiva del país, según admiten todos los agentes económicos, para cuya gestión el Gobierno ha optado por la centralización en Moncloa de la oficina que se encargará de la selección de los proyectos que se financiarán con los fondos europeos y de su posterior seguimiento, esencial para ejecutar la evaluación de la utilidad de los fondos que exige Europa.
Una labor titánica en la que el exiguo equipo del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia que dirige Manuel de la Rocha, al que se ha encomendado la coordinación de la gestión del 'superfondo europeo', va a contar con apoyos externos: el de los expertos reclutados por Moncloa, con el objetivo de identificar aquellos ámbitos del tejido productivo donde se debe hacer una apuesta más decidida para paliar la vulnerabilidades del tejido económico doméstico; el del personal de otros ministerios y especialmente de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y del Ministerio de Hacienda, al objeto de garantizar la coordinación de los proyectos seleccionados con el Plan de Reformas en el que ha venido trabajando el departamento de Nadia Calviño y realizar una adecuada gestión administrativa de los fondos; y se estudia también solicitar el apoyo de un grupo de funcionarios de élite del Banco de España para prestar labores de asistencia técnica en el proceso de selección de proyectos, según aseguran fuentes financieras.
La función de esta unidad, que en principio no se integraría en la oficina de Moncloa sino que prestaría asesoramiento técnico externo, sería colaborar en la selección de los proyectos y en la determinación del respaldo financiero más adecuado en cada caso, un ámbito de especialización no tan habitual en el ámbito de la Administración del Estado pero que sí existe en el Banco de España. Según las fuentes consultadas, su participación en el proceso se está estudiando para reforzar la dimensión técnica del proceso de selección de proyectos, una de las principales preocupaciones que existe en el Gobierno en relación a la gestión de los fondos europeos.
En las últimas semanas y al compas de la publicación de los datos por parte de la Comisión Europea sobre el limitado aprovechamiento de los fondos comunitarios que se da en España - aunque no solo en España- ha aumentado la preocupación en el seno del Ejecutivo respecto al esquema de gestión del superfondo asociado a los recursos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia. Fuentes de Moncloa subrayan que desde Presidencia se asegura que "se hará el esfuerzo que sea necesario" para dotar a los órganos encargados de la gestión de los fondos del personal y los recursos materiales necesarios para optimizar su aprovechamiento.
Hasta la fecha las incertidumbres al respecto superan a las certezas. El relato oficial que se traslada desde todos los ámbitos del Gobierno es que la coordinación es total y que, sobre todo, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos mantiene hilo directo y permanente con Presidencia en todo lo referente a la definición del esquema de gestión de los fondos europeos y también en el proceso de selección de proyectos. Sin embargo, tanto dentro como fuera del Gobierno surgen voces que cuestionan el entramado diseñado por el Ejecutivo y la división, para muchos artificial, que se ha creado entre el organismo que ha coordinado en los últimos meses el diseño del Plan de Reformas - la Vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño - y el que va a tomar las decisiones sobre los proyectos a financiar con los fondos europeos, que supuestamente deben ajustarse y servir a los objetivos de ese plan de reformas. Todo ello trufado con la intermediación de comités de expertos, unidades de seguimiento con representación de las grandes empresas del Ibex y otros intermediarios.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que recordar hace apenas una semana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el papel central que su Ministerio jugará en la gestión de estos fondos. No sólo porque se tienen que encajar en los Presupuestos Generales del Estado o porque la evaluación de su utilización le corresponderá a la Intervención General del Estado, sino porque bajo su competencia se aloja el departamento que más sabe de la gestión de la financiación europea: la Dirección General de Fondos Comunitarios.
Y todo ello en un contexto de máxima presión sobre el Gobierno para realizar un reparto 'político' de esos fondos. CEOE ha creado su propia oficina para canalizar proyectos que aspiren a la financiación europea en dirección al Gobierno, los sindicatos preparan por su parte planes específicos para garantizar la dimensión social en la utilización de esos fondos y en el Congreso se empieza a perfilar un consenso para que exista un reparto territorial equilibrado y equitativo de los mismos en función de criterios como el peso de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos en la economía....
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