Domingo, 29.03.2020 - 07:54 h
Renta, Sociedades e IVA

Moncloa resucita la idea de que Cataluña entre en la gestión de grandes impuestos

El Gobierno baraja si incluir en la negociación con la Generalitat la activación del Consorcio entre agencias tributarias previsto en el Estatut.

Quim Torra y Pedro Sánchez, en su reunión en el Palau de la Generalitat
Quim Torra y Pedro Sánchez, en su reunión en el Palau de la Generalitat / EFE

No está en el inventario de materias abiertas a la negociación con la Generalitat que el Gobierno de España difundió este jueves a los medios de comunicación bajo el grandilocuente título de 'Agenda para el Reencuentro', pero sí ha estado sobre la mesa de los 'spin doctors' que han preparado los contenidos del esperado encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra en Barcelona y sí forma parte del catálogo de asuntos susceptibles de entrar en esa negociación, según aseguran fuentes conocedoras de esos trabajos preparatorios. El asunto en cuestión es la posible creación de un consorcio paritario entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para gestionar de forma conjunta y colegiada los grandes impuestos del sistema fiscal español, el Impuesto sobre la Renta (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuya llevanza centraliza ahora el organismo tributario del Estado.

Las fuentes consultadas explican que uno de los factores que más han valorado los promotores de esta propuesta en el seno del Gobierno es que la eventual creación de ese Consorcio Tributario no constituye una cesión en sentido estricto, sino más bien el cumplimiento de un viejo compromiso nunca concretado. Porque la idea de consorciar la gestión de los grandes tributos del Estado entre AEAT y la Agencia Tributaria Catalana no es una idea nueva sino que se recoge en el artículo 204 del controvertido Estatut de Cataluña, propiciado en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la ambición de engrasar el encaje de Cataluña en España y en el que, una década después, muchos ven la semilla de la discordia actual.

El Estatut, de hecho, define de forma muy clara cuál sería el perímetro de actuación de ese Consorcio Tributario: "La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás impuestos del Estado -en el artículo anterior se remite a los tributos propios y a los cedidos por el Estado, por lo que ese 'demás' hace referencia a las grandes figuras tributarias de dimensión estatal- recaudados en Cataluña" . Competencias todas ellas que a día de hoy ejerce de manera exclusiva la Agencia Estatal de Administración Tributaria y cuya reserva legal al ámbito estatal quedó ratificada cuando el Constitucional echó abajo el paquete normativo aprobado por el Parlament para habilitar la desconexión de España y con él la apuesta por la soberanía fiscal.

El Consorcio Tributario -cuyo modelo quedó desbordado por la espiral soberanista de los últimos años- plantea un esquema cooperativo, en el que Cataluña sencillamente entraría a formar parte de forma directa de la gestión de unos impuestos que al cabo suponen más de dos terceras partes de los ingresos totales de los que dispone la Generalitat cada año. El texto del Estatut apunta cuál sería el punto de llegada de ese modelo: "El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña", señala el texto.

Las fuentes consultadas recuerdan, asimismo, que el modelo cooperativo que encarna ese Consorcio no fue ni siquiera puesto en cuestión por el Tribunal Constitucional, que de hecho ratificó la constitucionalidad de la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de una posible gestión compartida de los tributos. De manera más reciente, el informe de propuestas de los expertos para la reforma de la financiación autonómica abogaba por avanzar en la configuración de una 'Administración Tributaria Integrada', basada en una "participación conjunta del Estado y de las CCAA en la gobernanza de la Administración Tributaria" y concretada en la configuración de un Consorcio y en la entrada de los autoridades fiscales autonómicas en el Consejo de Dirección de la Agencia Tributaria.

Del compromiso incumplido a la exigencia de 'soberanía fiscal'

Es un compromiso incumplido porque el Estatut de Cataluña establecía un plazo de dos años a partir de su aprobación, en junio de 2006, para constituir este Consorcio, algo que nunca sucedió. Hay que recordar que en los meses que siguieron a la aprobación de esa norma los más activos en exigir al Gobierno de Madrid la puesta en marcha de ese Consorcio fueron el president socialista de la Generalitat, José Montilla, y su consejero de Hacienda, Andreu Mas Colell. El asunto decayó con el ascenso al poder de Artur Mas, cuyos objetivos apuntaban más a la soberanía fiscal total que a la cooperación con el Estado.

La entrada de Mas determinó la deriva de la demanda de una mayor cooperación a la configuración de una Hacienda propia, como luego han revelado las investigaciones de las autoridades a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la intervención de las cuentas catalanas. El asunto llegó a la implantación de un sistema informático capaz de gestionar todos los impuestos que se pagan en Cataluña -incluidos los estatales- y a la creación de una plataforma para centralizar la presentación de declaraciones tributarias ante el Estado, como forma de hacerse con la información fiscal de los contribuyentes catalanes.

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