El Gobierno decidió abordar por la vía rápida la reforma del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para cargar a la banca el coste fiscal del registro público de los contratos hipotecarios - que se ha publicado este viernes en el BOE y que entrará en vigor este mismo sábado - para, entre otras cuestiones, evitar que una parálisis en el efervescente mercado hipotecario tuviera efectos negativos sobre la economía.
Así lo explica en la exposición de motivos de la reforma del Real Decreto Ley de reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en que se ha concretado el rimbombante anuncio gubernamental de que nunca más los ciudadanos españoles volverán a pagar impuestos por la escritura pública de las contratos de préstamo hipotecario.
El Gobierno justifica la necesidad de urgencia, que debe acompañar a todo Real Decreto, por lo "inaplazable de poner fin de manera inmediata a la incertidumbre e inseguridad jurídica generada" por la sucesión de sentencias contradictorias procedente del Tribunal Supremo. Y añade que esa indeterminación jurídica "ha causado una paralización en el mercado hipotecario, cuya importancia socioeconómica es innegable".
Hablamos de un mercado que, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, ha movido más de 45.000 millones de euros en los ocho primeros meses del año, cerca de un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, que ya fue considerado de forma generalizada como el año de la recuperación del mercado hipotecario.
En los ocho primeros meses del año en España se han suscrito 321.657 contratos hipotecarios, de las cuales 232.605 se constituyeron para la adquisición de una vivienda, lo que supone superar la cifra agregada de todo el año 2017. Datos que avalan la preocupación del Gobierno y permiten hacerse una idea del cada vez mayor peso en la economía de este segmento.
La banca no pagará en los contratos con la Iglesia o los partidos
El Gobierno se ha visto obligado a cambiar también la ley para preservar las ventajas fiscales que la antigua regulación de los Actos Jurídicos Documentados concedía a una serie de colectivos: las Administraciones Públicas, la Iglesia, las ONG o los partidos políticos, por ejemplo. En el régimen anterior, estos colectivos estaban exentos del pago de AJD y ese 'statu quo' se ha preservado en la nueva redacción a beneficio de la banca, que no tendrá que abonar esa carga fiscal por la escrituración pública de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria con estos actores.
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