Los expertos fiscales de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargan contra la capacidad normativa de las CCAA en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones mediante una simple modificación de la Ley de Cesión de Tributos del año 2009, para abrir una guerra fiscal contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que obligará al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre el alcance de la autonomías financiera de las comunidades autónomas para resolver la cuestión. Los expertos se remiten a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y mencionan una sentencia del Constitucional del año 1990 para justificar la limitación de la capacidad que las autonomías tienen para regular los impuestos cedidos, pero obvian en el análisis otras sentencias del TC más actuales, como la que analiza la autonomía financiera del nuevo Estatuto de Cataluña en 2010, que consolidan y dan el aval Constitucional al desarrollo normativo autonómico en materia fiscal, sobre todo una vez que se lleva años ejerciendo con toda la legitimidad legal.
La presidenta de Madrid ya ha avisado que está dispuesta a defender la rebaja de tributos en su comunidad en cuantas instancias jurídicas sea necesario, frente a un documento que parece que está hecho a medida en contra de los intereses de las regiones gobernadas por el PP. El propio documento reconoce que son tres autonomías -Madrid, Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP- las que han rechazado cualquier tipo de limitación para bajar sus impuestos cedidos, mientras que otras dos, Galicia y Castilla y León, también de la órbita popular, se oponen a ello, aunque con matices.
Cataluña es un caso aparte, dado que propone un cambio radical en la normativa de los tributos que incluso aumentaría la capacidad normativa de la Generalitat, una opción que los expertos rechazan como solución al problema. Fuentes técnicas y académicas consultadas por La Información resaltan que, lo más paradójico de la cuestión, es que la mejor arma legal que Madrid tiene ahora para defender su autonomía financiera, consagrada en el artículo 156 de la Constitución, es la propia sentencia que avalaba los cambios fiscales para Cataluña en su Estatut, precisamente al año siguiente de aprobarse la Ley de Cesión de Tributos y sobre lo establecido en esta norma.
Es por ello que resulta chocante para algunos expertos en Derecho Financiero y Tributario que todo el trabajo de los 17 componentes del grupo de 'sabios' de Montero se sintetice ahora en una propuesta que plantea la "simple" reforma de esa ley para poner límites en la cesión de la capacidad normativa, doce años después de haber entrado en vigor, y con numerosas sentencias del TC posteriores que han avalado las actuaciones de las CCAA en Patrimonio y Sucesiones. Los juristas consultados advierten que el enfrentamiento "en lo político y en lo científico" en esta materia apunta a que cualquier solución va a tener que esperar más allá de la legislatura en vigor, por más que la primera intención de la ministra de Hacienda era tener este tema en marcha antes incluso que el resto de los cambios fiscales que se puedan derivar del informe de los expertos.
Conflicto jurídico o económico
El documento presentado este jueves analiza, con datos de 2019, las distorsiones que se generan entre comunidades autónomas a la hora de pagar el Impuesto sobre el Patrimonio y el que grava las herencias y las donaciones, dos tributos sobre la riqueza pero con justificaciones de redistribución de la renta completamente distintas y que se pueden analizar tanto desde un punto de vista económico y de mercado, o por su trascendencia jurídico-administrativa como cesión de competencias.
Los fiscalistas recuerdan que el único titular de los impuestos cedidos es el Estado, de forma que tiene capacidad para cambiar los limites de esa cesión si detecta que hay "diferencias en la la tributación del rendimiento del capital que podrían afectar a la unidad de mercado". "Siendo el IP y el ISD impuestos personales que gravan el capital, la cesión de amplias potestades normativas a las CCAA en esta materia constituye una cierta inconsistencia de nuestro sistema fiscal que en alguna medida conviene corregir", dice el informe.
Ante es problema, que se plantea en términos puramente económicos, los expertos proponen cambiar la Ley de Cesión de Tributos (no orgánica), que fundamenta el actual sistema de financiación autonómica desde 2009, con nuevos límites sobre el mínimo exento, la reducción de la tarifa estatal y un tope máximo a las deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra, que en Madrid es del 100%. "Con ello se conseguiría una tributación mínima coordinada en todo el territorio común", concluyen.
Cuando el conflicto se traslada al ámbito jurídico, los juristas consultados no solo aluden a la sentencia del TC sobre el Estatut en 2010 y al hecho de que hay comunidades autónomas que llevan más de una década desarrollando su autonomía financiera dentro de los límites de la jurisprudencia constitucional, sino que recuerdan incluso la sentencia del TC sobre la Loapa (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), en el año 1983, que echó por tierra la intención de aquel Gobierno de legislar en contra de las competencias reconocidas para algunas autonomías cuando ya llevaban años ejerciéndolas de forma legítima.
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