Alrededor de 100 millones en incentivos

Montero acuerda tres años más de horas extra para tener a raya el fraude fiscal

Hacienda y sindicatos prorrogan hasta 2023 el plan de incentivos ideado en 2014 por Montoro para elevar la dedicación de los funcionarios a la lucha contra el fraude. Quejas por su falta de transparencia. 

María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
EFE

El Ministerio de Hacienda ha atado para los próximos tres años la continuidad del esquema de incentivos al rendimiento por mayor dedicación (PIA, según las siglas del esquema) ideado en el año 2014 por el equipo de Cristóbal Montoro y que desde entonces la Agencia Tributaria ha venido renovando ejercicio tras ejercicio para disponer de su plantilla durante un puñado de horas más al año respecto a la jornada estándar al objeto de cumplir sus objetivos de recaudación por fraude fiscal, según confirman a La Información fuentes sindicales.

Esta prórroga  plurianual, incluida en una disposición final del acuerdo, es una de las escasas novedades del texto pactado por la Agencia Tributaria con la mayoría de los sindicatos más representativos en el organismo - con la excepción de Gestha (el de técnicos de Hacienda)-, que básicamente reproduce el esquema del acuerdo de 2020 y que, por tanto, vuelve a situar como objetivos prioritarios de esa dedicación extraordinaria la intensificación de las actuaciones de información y asistencia al contribuyente para fomentar el cumplimiento voluntario, el fomento de ese cumplimiento voluntario en el IRPF y en el IVA, lo que en los últimos años ha permitido desarrollar campañas informativas para los propietarios de pisos turísticos o para las pymes; y la intensificación de las más habituales actuaciones de control del fraude fiscal a posteriori. Las partes se comprometen a mantener durante 2022 y 2023 el esquema básico del acuerdo, "sin perjuicio de las adaptaciones que puedan ser requeridas derivadas de la posible aprobación de los Planes de Intensificación de Actuaciones de 2022 y 2023".

La cláusula deja abierta la posibilidad de una negociación futura sobre los aspectos que tanto la Agencia Tributaria como los sindicatos han decidido posponer en esta ocasión. Desde la Agencia Tributaria se pretende ampliar de 12 a 18 horas el volumen de dedicación extra necesario para acceder a esta bolsa de productividad, que según fuentes sindicales está dotada con unos 95-100 millones de euros; mientras que desde los sindicatos se aspira a una retribución más generosa de esas horas extra y a cerrar el 'gap' que existe en la distribución de esta bolsa entre los inspectores de Hacienda y el resto de subgrupos profesionales de la Agencia Tributaria.

Los datos que baraja el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) y que han alentado su rechazo al acuerdo apuntan a que mientras los inspectores perciben de media más de 8.500 euros anuales por su participación en este plan de incentivos, la retribución anual a la que pueden aspirar los técnicos no llegan a 4.000 euros al año (3.907 euros), decreciendo aunque de forma menos pronunciada según desciende la categoría laboral hasta los 2.200 euros por año que reciben los profesionales en la categoría más baja de la Agencia Tributaria. Gestha denuncia, además, que ese escalón entre los inspectores de Hacienda y el resto de cuerpos se explica por la parte del PIA cuya distribución no responde a criterios objetivos, sino subjetivos, y cuyo reparto es un misterio para los sindicatos.

La Agencia mantiene el velo sobre el reparto de los incentivos

Los técnicos de Hacienda, que se sienten especialmente damnificados por este sistema de reparto, llevaron el tema a los tribunales y el año pasado el Tribunal Supremo reconoció el derecho de las Juntas de Personal y del resto de los representantes de los trabajadores a conocer información básica para la asignación de estos pluses como los objetivos asignados a cada unidad, su grado de cumplimiento y, quizá lo más relevante, los criterios seguidos por los directivos de la Administración para distribuir los premios al rendimiento entre los miembros de su equipo, una información a la que hasta ahora no tenían acceso.

Gestha, promotora de la causa, confiaba en que el nuevo plan plasmara las exigencias de transparencia avaladas por el Supremo, pero no ha sido así. "No hemos firmado porque sigue sin haber transparencia, ni en el reparto de los fondos ni en el monto total del plan, cuya cuantía no se nos proporciona", denuncia José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda. Los técnicos sospechan que los inspectores (menos del 10% de la plantilla) se llevan el 43% de los fondos totales del plan, mientras que el resto se tiene que conformar con repartirse el 57% restante. "No hay un plan como tal, no hay unos indicadores específicos y los objetivos a cumplir son muy bajos", recalca Mollinedo, que sugiere que en el fondo el PIA es un complemento salarial disfrazado de plan de incentivos a la productividad.

Los requisitos establecidos para 'liberar' el 100% de los incentivos previstos no son demasiado exigentes. Los funcionarios de la Agencia Tributaria, que desde que el plan se abrió al conjunto del personal del organismo - en origen se concibió solo para los inspectores - se adhieren en un 97% del total, sólo tienen que hacer 12 horas extra en un año para acceder a ese premio salarial y esperar a que el resultado anual de la lucha contra el fraude alcance los 13.167 millones de euros, un nivel que desde el año 2014 ha sido superado de forma sistemática y que no parece requerir de especial sobreesfuerzo. En 2019 se obtuvieron 15.715 millones de euros por este concepto.

Los sindicatos firmantes del acuerdo destacan que los objetivos de recaudación y realización de actuaciones recogidos para 2021 son bastante más exigentes que los fijados en el acuerdo de 2020 y que el acuerdo da flexiblidad a la Agencia Tributaria para orientar esa dedicación extra a los programas y proyectos que considere. Destacan también otras ventajas que no se aprecian a simple vista. "Los niveles de absentismo laboral en la Agencia Tributaria han disminuido de forma muy significativa desde la generalización del PIA al conjunto de la plantilla, lo que es un indicativo del nivel de compromiso de los empleados de la Agencia Tributaria en la lucha contra al fraude", subrayan desde Comisiones Obreras. 

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