España entrará muy probablemente en el ejercicio de 2021 con el déficit público más elevado de su historia reciente, pero el Gobierno no ve en ello un obstáculo para remover las restricciones legales que limitan el gasto público en el que pueden incurrir gobiernos autonómicos y municipales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, que es intención del Ejecutivo incluir en su proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 la desactivación de la actual regla de gasto que limita el margen de maniobra de las administraciones territoriales a la hora de gastar.
La 'regla de gasto' es un mecanismo de disciplina presupuestaria que se impuso dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el PP en el año 2021 y que impide a las administraciones públicas de cualquier nivel gastar por encima de un índice determinado por su capacidad para crecer a medio plazo y los ingresos estables de los que dispone. Su aplicación en los últimos años no ha estado exenta de polémica, ya que ha 'penalizado' de alguna forma a las administraciones territoriales - autonomías y ayuntamientos - en una mejor situación financiera, al no permitirles gastar todo el superávit acumulado sino únicamente aquél que no rebasaba los umbrales de gasto impuestos.
De hecho, la eliminación de la regla de gasto para comunidades autónomas y ayuntamientos fue uno de los primeros compromisos que adquirió la actual titular de Hacienda tras ser designada ministra. La incapacidad del Gobierno para sacar adelante los proyectos presupuestarios de 2019 y 2020 y la inestabilidad parlamentaria de este periodo le ha impedido cumplir ese compromiso, que este lunes ha vuelto a reiterar con la promesa de formalizarlo en el próximo proyecto presupuestario. Lo ha hecho, precisamente, en una comparecencia parlamentaria en la que se le exigía explicar el mecanismo acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que el Estado pueda disponer de esos remanentes de tesorería anclados en cuentas bancarias a cambio de proporcionar a los ayuntamientos un mayor margen para gastar. Un acuerdo que ha provocado una tremenda polvareda política, trufada de acusaciones al Gobierno de tratar de confiscar el superávit municipal para cumplir su agenda política.
Frente a las críticas por la imaginativa solución acordada entre Hacienda y la FEMP en las que se ha unido casi todo el arco parlamentario a excepción del PSOE, María Jesús Montero ha recordado que se trata de un mecanismo voluntario para aquellos ayuntamientos que lo vean más como una oportunidad que como un problema y ha argumentado que se trata precisamente de una solución para tratar de esquivar las restricciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dentro de la ley. "El Gobierno no confisca nada. Al Gobierno del Estado esto le va a costar dinero: 5.000 millones de euros, en concreto", ha explicado la ministra de Hacienda.
"El objetivo es movilizar unos recursos públicos -en torno a 14.000 millones de euros, ha precisado- parados en cuentas bancarias y que, además, están costando dinero al erario público por el efecto de los tipos de interés negativos, a razón de 70 millones de euros al año". La ministra se ha justificado diciendo que en un contexto como el actual no tiene sentido que esos recursos, que los ayuntamientos no pueden gastar por la singular operativa de la regla de gasto, no se puedan utilizar para "mejorar el gasto social en que incurren los ayuntamientos o para contribuir a la creación de empleo" y ha asegurado que de este modo se quieren 'liberar' 5.000 millones de euros para contribuir a la actividad económica.
Ésa es la solución que se ha buscando en el corto plazo. A medio plazo, la intención del Gobierno es "dejar sin efecto la regla de gasto de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas" aprovechando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Algo que también se había pedido desde la Autoridad Fiscal, que entiende que en un contexto de crisis galopante no tiene sentido restringir la capacidad de gasto de las Administraciones Públicas mediante la regla de gasto.
La presidenta del organismo, Cristina Herrero, de hecho, no sólo ha recomendado suspender la regla de gasto para comunidades autónomas y ayuntamiento sino también que el Gobierno active la 'cláusula de excepcionalidad' que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria para, del mismo modo que se ha hecho desde Bruselas, se suspendan las restricciones a la utilización del Presupuesto en tanto persiste la crisis de la Covid-19.
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