El Congreso de los Diputados será el que determine la forma más adecuada de distribuir entre las comunidades autónomas los 13.400 millones de euros que el Gobierno está dispuesto a garantizarles en el próximo año 2021 para financiar las singulares necesidades de gasto generadas por la crisis sanitaria, en lo que supone una suerte de segunda versión del Fondo Covid, que este año repartirá 16.000 millones entre las 15 autonomías de régimen común. El Gobierno pretende que esos recursos sirvan para sufragar al menos el 50% del desequilibrio presupuestario del 2,2% del PIB en el que estima incurrirán las comunidades autónomas el próximo año, aunque esta vez ese podrá ser inferior o superior sin que los gobiernos autonómicos se expongan a ninguna penalización explícita por la decisión del Ejecutivo de suspender las reglas fiscales durante los ejercicios de 2020 y 2021, siguiendo el ejemplo de la UE.
Resulta que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera - el foro en el que el Gobierno y las comunidades autónomas sustancian esta clase de asuntos - Hacienda no detectó un consenso entre los diferentes gobiernos autonómicos a la hora de determinar el criterio de reparto de esos fondos. Unos defendían que se repartieran en función de los parámetros que establece la ley de financiación autonómica, que regula el modo en que se deben hacer las transferencias de recursos desde el Estado hacia las comunidades autónomas; en tanto que otros abogaban mejor por distribuirlos en función de los criterios fijados para el Fondo Covid, incidiendo más en el carácter excepcional de esa inyección presupuestaria extra y a su vinculación a la crisis sanitaria, siempre en función del criterio que les garantiza una mayor entrada de recursos.
Situada en esa tesitura, y con la experiencia de su fracasada iniciativa para 'movilizar' los remanentes de los ayuntamientos aún fresca en la memoria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha optado por remitir la decisión respecto al criterio de reparto a utilizar al legislativo, al Congreso de los Diputados. El asunto es fundamental para las comunidades autónomas porque disponer de más o menos recursos procedentes del Estado determinará el margen de maniobra que tendrán los gobiernos autonómicos para desarrollar sus políticas de lucha contra la pandemia en 2021 sin tener que incrementar su cuenta de cargas pendientes. Y la maniobra de Montero va a conseguir que se sustancie en paralelo a las negociaciones políticas de PSOE y Unidas Podemos mantienen con diferentes fuerzas políticas - la mayoría nacionalistas y regionalistas - para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante los Presupuestos. He aquí un nuevo elemento de negociación encima de la mesa.
El fondo de 13.400 millones de euros es la herramienta que el Ministerio de Hacienda ha encontrado para que los recursos de las comunidades autónomas no se desplomen en 2021. Durante el presente ejercicio, los gobiernos autonómicos van a recibir del Estado cerca de 134.000 millones de euros entre la financiación ordinaria que les reconoce el sistema de financiación autonómica y los recursos extraordinarios que les ha inyectado el Estado a través del Fondo Covid y otras herramientas. De cara a 2021, las autonomías corrían el riesgo de quedarse solo con los recursos ordinarios del sistema de financiación, que el próximo año serán de algo menos de 114.000 millones de euros, en torno a 2.000 millones de euros inferiores a los de este año. Sin apoyo extraordinario, el desplome de los ingresos procedentes del Estado sería de unos 20.000 millones. El 'fondo Covid 2' cubrirá buena parte de ese 'gap', aunque las autonomías dispondrán en cualquier caso de 7.000 millones menos de partida por el menor respaldo presupuestario estatal en 2021, año en el que la ministra Montero espera que la presión sobre el gasto sanitario y educativo sea también menor.
El 'control silencioso' del Estado sobre el déficit
Desde que anunció la suspensión de las reglas fiscales dispuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria la semana pasada la ministra de Hacienda no se ha cansado de repetir que la cifra de déficit que se va a fijar a futuro - del 2,2% para las comunidades autónomas en 2020 y 2021- no pasará de ser una mera referencia, que el Gobierno no penalizará a las comunidades autónomas que se desvíen del déficit y que la prioridad absoluta es hacer lo necesario para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, desde que a Cristóbal Montoro se le ocurriera allá por 2012 la idea de 'rescatar' a las comunidades autónomas mediante un mecanismo de provisión de liquidez anclado a fondos del Estado cualquier desviación excesiva paga el precio del control reforzado del Estado sobre las cuentas de las autonomías.
La ministra Montero lo dejó claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Si las comunidades autónomas no tienen suficiente con sus recursos propios, con los que les proporciona el sistema de financiación y con la parte que les corresponda de los 13.400 millones de euros extra que el Ejecutivo pondrá a su disposición -bajo el criterio que determine el Parlamento- en 2021 no tendrán ningún límite para incurrir en déficit. Eso sí tendrán que recurrir a los mercados de capitales para endeudarse -las pocas comunidades autónomas que se han ganado estos años el derecho para hacerlo- o al Estado para que les libere fondos de los dos mecanismos de liquidez que aún existen: la Facilidad Financiera, que presta a tipo de interés cero pero que prevé un control reforzado de las cuentas autonómicas por parte del Estado; o del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que cobra un tipo de interés inferior al de mercado, pero un sobrecoste al fin y al cabo, cada vez que una región recurre a ese canal.
Excederse en el recurso al déficit puede incrementar la dependencia financiera de las cuentas autonómicas del Estado, lo que puede ser un pesado lastre cuando la situación de excepcionalidad de la pandemia se termine. La ministra de Hacienda también recordó a los gobiernos autonómicos que las generosas entregas a cuenta que el Gobierno está manteniendo a las comunidades autónomas en el actual contexto para darles oxígeno financiero se ajustarán dentro de dos años cuando toque liquidar el sistema y aflore la sobrefinanciación recibida tanto en 2020 como a recibir en 2021. "En ese momento el Gobierno activará los recursos necesarios para que la devolución de esas cantidades no sea un problema", ha tranquilizado la ministra de Hacienda, pero cuando ya arrastras cargas a las que hacer frente por el FLA o la Facilidad Financiera igual sí que son un problema.
Las CCAA se quedan fuera del gran fondo europeo
Varias comunidades autónomas habían trasladado en los últimos días a la ministra de Hacienda su intención de que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordara el tema de los fondos europeos, que de confirmarse la propuesta de la Comisión regarán de recursos España a lo largo de los próximos tres años a golpe de préstamos y transferencias a fondo perdido. La ministra rechazó incluir el asunto en el orden del día pero sí abordó la cuestión.
Lo hizo para insistir - ya se lo había trasladado anteriormente - que el 'bazuka' de 140.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción y Resiliencia no está para distribuirlo equitativamente entre las diferentes comunidades autónomas o corporaciones locales, sino para inocularlo en proyectos tractores alineados con las prioridades de política económica de la Unión Europea - principalmente, transición ecológica y digitalización de la economía- y con capacidad para generar actividad económica y puestos de trabajo. Es decir, que ese dinero que se invertirá con un criterio de racionalidad económica y no de equilibrio territorial.
Las comunidades autónomas sí podrán optar sin embargo al grueso de los 12.436 millones de euros del fondo 'React UE', pensado para impulsar políticas de cualificación de los trabajadores, lucha contra el paro juvenil y medidas contra la pobreza, alineadas con las competencias de las comunidades autónomas. Acceder a esos recursos dependerá de la capacidad que tengan para presentar o engancharse a proyectos que las hagan acreedoras de esa financiación europea, pero como poco les abre la puerta a una potencial inyección extra de recursos de 8.000 millones en 2021 y otros 2.000 millones de euros en el año 2022, según admitió la ministra.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios