"Pasarse en un presupuesto es fácil. No tiene problema, no tiene problema, chiqui". El vídeo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando de manera informal a un grupo de periodistas las, en su opinión, poco relevantes implicaciones de tener que ajustarse en 2019 a un déficit del 1,3% - como dicta la senda de déficit aprobada por el PP - en lugar del 1,8% que pretendía el Gobierno de Pedro Sánchez terminó por hacerse viral. Y no precisamente para ponderar la soltura de la ministra sino para ilustrar una supuesta despreocupación respecto el cumplimiento de los objetivos de déficit. Quizá no ayudó que finalizara su exposición asegurando: "son 1.200 millones y eso es poco".
Las cifras oficiales que el Ministerio de Hacienda ofrece con regularidad mensual sobre la ejecución del presupuesto y sus modificaciones tampoco ayudan. Según los últimos datos disponibles, entre la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez y el final del mes de septiembre - un periodo de tres meses- el Gobierno ha ensanchado los márgenes de los Presupuestos del Estado en más de 5.000 millones de euros a golpe de modificación presupuestaria.
En realidad, el volumen bruto de las modificaciones presupuestarias introducidas en los Presupuestos de 2018 asciende a 8.853 millones de euros, si bien parte de esa ampliación viene de la ejecución por parte del Gobierno del PP del presupuesto prorrogado de 2017, que amplió a su vez en cerca de 5.500 millones durante la primera mitad del año hasta para atender contingencias que al parecer no cabían en el presupuesto anterior. El Gobierno de Rajoy dejó el volumen bruto de créditos presupuestario en marcha en 281.619 millones de euros; al cierre de septiembre esa cifra había aumentado hasta 286.918 millones ya bajo el mandato de Pedro Sánchez.
La maldición de la 'herencia recibida'
El Ministerio de Hacienda asegura tener coartada para esta avalancha de modificaciones presupuestarias. La secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, explicaba este jueves en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso estas ampliaciones de crédito por la existencia de situaciones sobrevenidas, por la activación de programas sociales que el Gobierno entendía urgentes, pero, sobre todo, por el arrastre de compromisos adquiridos por el Gobierno del PP en el trámite de enmiendas del proyecto de Presupuestos de 2018 que luego no tuvieron su correspondiente reflejo en las cuentas y por la existencia de partidas insuficientemente dotadas.
El agujero más inquietante es el que tiene que ver con el acuerdo cerrado en su día por el Gobierno con el PNV para aplicar una subida generalizada de las pensiones del 1,6% en 2018, por encima de la subida general del 0,25% que se preveía en los presupuestos iniciales. El asunto ya ha sido explicado en más de una ocasión: el Gobierno adquirió el compromiso pero no lo reflejó en la cuenta de gastos de la Seguridad Social lo que dejó en herencia al Ejecutivo socialista un 'regalo' de 2.000 millones de gasto extra sin consignación presupuestaria.
Pero hay más. La secretaria de Estado de Presupuestos desgranó al detalle las cuentas que el PP dejó sin pagar: las bonificaciones para abaratar el transporte de los ciudadanos de Canarias y Baleares, las cotizaciones extra a la Seguridad Social derivadas de la subida de sueldo de los funcionarios, el plan de seguros agrarios, la financiación mínima garantizada para el sistema de atención a las personas dependientes, determinadas compensaciones aprobadas por catástrofes naturales acaecidas en los años 2015, 2016 y 2017 y cuyo pago el Gobierno todavía no había atendido. Una retahíla de asuntos que según fuentes de Hacienda suman 178 millones de euros extra que no aparecían por ningún lado en su proyecto de Presupuestos.
Entre los gastos extra que el Gobierno sí asume, Gualda citó gastos sociales asociados a la contribución española a la ONU para atender a los refugiados en Palestina, los 30 millones de euros del plan de emergencia para atender la llegada de inmigrantes a las costas españolas, el programa de reasentamiento de los refugiados, el crédito extra de 10 millones de euros para combatir la pobreza infantil o los planes contra el trabajo ilegal y la violencia de género.
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