En mayo de 2019 la ministra de Hacienda tocó a rebato. Derribado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y recién estrenada la mayoría parlamentaria que otorgó a los socialistas las elecciones generales del 28 de abril, María Jesús Montero movilizó a la Dirección General de Tributos para identificar los beneficios fiscales en IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades potencialmente eliminables para aflorar de forma sencilla y rápida nuevos ingresos que permitieran al Ejecutivo abordar sus ambiciosos planes de gasto para el incipiente proyecto de Presupuestos de 2020. El objetivo marcado entonces por la responsable de Hacienda fue extraer entre 4.000 y 5.000 millones de euros extra de los más de 60.000 millones de euros en ingresos que se pierden cada año por la operativa de estas ayudas fiscales, cuya eficacia no termina de estar clara.
No fue la única tecla que pulsó la ministra. Su gabinete se puso en contacto con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, enfrascada ya entonces en la segunda fase del plan de evaluación de gastos que le encargara en su día el Gobierno del PP, para instarle a acelerar la evaluación de los beneficios fiscales en los grandes impuestos y también la de los incentivos a la contratación al objeto de abordar la supresión de los menos eficaces en su proyecto de Presupuestos para 2020.
Casi nada de este esforzado trabajo tendrá incidencia sin embargo en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Agarrada al mantra marcado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la necesidad de posponer el grueso de las subidas de impuestos hasta que la economía haya enfilado ya de forma sólida la senda de la recuperación económica, la ministra de Hacienda ha decidido aparcar también la purga de incentivos fiscales en la que su ministerio llevaba trabajando desde hace más de un año a la espera de que el año que viene ofrezca un panorama menos turbulento para poder ejecutarla.
Lo hará incluso pese a disponer del aval técnico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que hace tres meses presentó sus conclusiones sobre el análisis de los trece grandes incentivos fiscales en IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades que el Gobierno Rajoy le instó a evaluar en su día e invitó al Gobierno a reformular cuando no directamente eliminar buena parte de ellos, bien porque no generan ningún estímulo significativo a la hora de alcanzar los objetivos por los que fueron creados o bien porque siendo beneficiosos están mal diseñados o son poco eficientes.
Las arcas del Estado pierden cada año más de 60.000 millones de euros por la operativa de los más de 600 incentivos regulados en el sistema fiscal español, que tanto la Airef como el Tribunal de Cuentas han señalado en sus informes por su ineficacia y que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido expresamente que no saben si sirven para algo o no.
Socimis y planes de pensiones, la excepción
En este primer y suave embate, el Gobierno solo ha arremetido contra las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales y contra el favorable régimen fiscal que en su día se proporcionó a las socimi, cuando la prioridad de la política económica era revitalizar el mercado inmobiliario a toda costa. En el ámbito de los planes de pensiones, Hacienda, alentada desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, ha sacado la tijera para cortar por lo sano las ayudas fiscales que reciben los contribuyentes por sus aportaciones a planes de pensiones individuales, de modo que cuando éstos realicen su declaración de renta correspondiente al ejercicio de 2021 - ya en la primavera de 2022- no se podrán desgravar hasta 8.000 euros como venía sucediendo hasta ahora sino que únicamente podrán deducirse 2.000 euros al año como máximo, como adelantó La Información.
La medida acabará con una de las principales herramientas de planificación fiscal de la que disponían los contribuyentes para ajustar su factura del IRPF, pero también con una de los principales incentivos al ahorro previsión. El Gobierno lo elimina con el argumento de que solo beneficiaba a las rentas más altas, cuando Airef solicitó su reformulación porque terminaba perjudicando a algunos ahorradores...principalmente a las rentas altas. La jugada se completa con la implantación de un nuevo estímulo fiscal de hasta 10.000 euros sobre las aportaciones a planes de pensiones de empleo, una figura apenas explotada en España pero que el Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a impulsar.
Otra ventaja fiscal que no pasará el corte de los Presupuestos de 2021 será el régimen fiscal de las socimi. El proyecto gubernamental rescata la tributación mínima del 15% que ya incluyó en su proyecto presupuestario de 2019 sobre los beneficios no distribuidos a los accionistas (dividendos) por este tipo de sociedades. Para estar dentro del régimen especial de socimi, la norma exige a los administradores distribuir el 80% del beneficio generado por la operativa ordinaria de estas sociedades de inversión en inmuebles destinados al alquiler, pero a cambio establece una exención total sobre el resto de los beneficios de la sociedad a cambio de que éstos se reinviertan en el negocio bajo una serie de requisitos.
El establecimiento de un tipo del 15% sobre esos beneficios no distribuidos ataca uno de los principales atractivos de este tipo de sociedades de inversión respecto a otras figuras. La noticia cayó este martes como un jarro de agua fría en el sector y las socimis se situaron a la cabeza del castigo de la bolsa española. Colonial y Merlin Properties, las dos únicas del sector que cotizan en el Ibex 35, sufrieron caídas del 4,93% y 1,57%, respectivamente.
Ambas medidas generarán unos ingresos extra de entorno a 600 millones de euros a las arcas públicas, 580 millones por el tijeretazo a los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales y unos 25 millones por el cambio en el régimen fiscal de las socimis, lejos de los 5.000 millones de euros que el Gobierno aspiró en su día a levantar por esta vía.
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