Sábado, 20.07.2019 - 18:35 h
Cuestionado por los Tribunales 

Montero aparta 90 millones para pagar el polémico 'bonus' para la lucha antifraude

El Gobierno olvida las dudas de los tribunales sobre sus criterios de reparto de la productividad y mantendrá el mismo esquema de los últimos años.

María Jesús Montero
María Jesús Montero, en la sesión parlamentaria de votación de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos / EFE

Las dudas de los tribunales sobre la transparencia y objetividad de los criterios de reparto de las bolsas de productividad entre la plantilla de la Agencia Tributaria no han conseguido cambiar el paso del Ministerio de Hacienda, que ya ha apartado una partida de 90 millones de euros para la negociación con los sindicatos del controvertido 'bonus' vinculado a los resultados de la lucha contra el fraude, según han asegurado a La Información fuentes del organismo. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rubricó según estas mismas fuentes la semana pasada la aplicación al Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (PEIA) de 90 millones de euros procedentes de la 'reserva de autofinanciación' del 5% sobre los resultados de la lucha contra el fraude a la que la Agencia Tributaria tiene derecho según la normativa vigente. 

Dicha cláusula - pensada para favorecer la autonomía financiera del órgano estatal de gestión del sistema tributario - habilita (que no obliga) a las autoridades a reinvertir en el organismo cinco de cada cien euros aflorados por la lucha contra el fraude fiscal, si bien prácticamente nunca se ha utilizado al completo para este fin.

La firma de la ministra es el formalismo que activa el proceso de negociación con los sindicatos, que éstos esperan desde hace días y que este año viene envuelto en la polémica por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a la Agencia Tributaria a hacer públicos los criterios según los cuales se reparten estos premios de productividad.

La polémica no afecta únicamente al conocido como PEIA - el plan de incentivos por resultados impulsado en 2014 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reanimar el fraude aflorado por la Agencia Tributaria a base de estimular que los funcionarios echasen más horas en sus puestos de trabajo - sino al conjunto de la bolsa de productividad repartida a la plantilla de la Agencia Tributaria, cuya cuantía total supera los 200 millones de euros y que, según fuentes de la Agencia, llega a suponer un extra de hasta 40.000 euros en el caso de algunos inspectores de Hacienda, el cuerpo mejor retribuido.

Según los datos trasladados por la Agencia Tributaria a los sindicatos, en 2018 el 96% de la plantilla de la Agencia Tributaria se adhirió al PEIA, obteniendo de media un extra salarial por ello de 3.844,66 euros, frente a los 2.494,11 euros del año 2017, un 54% más, dentro de una horquilla de entre 2.150 euros en el caso del personal administrativo y 9.300 euros de media en el caso de los inspectores de Hacienda.

La situación de incertidumbre abierta por el rosario de resoluciones judiciales y del Consejo de Transparencia en contra de la opacidad de los criterios de reparto de la productividad en los órganos de lucha contra el fraude fiscal ha llegado al punto que desde la Dirección de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria se ha llegado a advertir que una sentencia desfavorable en el Supremo - dónde Hacienda ha recurrido la sentencia desfavorable de la Audiencia Nacional - podría suponer el fin del actual esquema de reparto de la productividad.

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