Montero aprueba unos PGE con 1.600 millones menos de gasto de lo previsto

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé de forma inesperada un volumen de gasto inferior en algo más de 1.600 millones de euros al previsto en el techo de gasto aprobado por el Congreso de los Diputados y remitido días antes a Bruselas, según ha asegurado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto gubernamental de cuentas públicas para el próximo año. La ministra ha explicado de forma muy vaga este ajuste, atribuyéndolo a la necesidad de ajustar el volumen de gasto presupuestario al flujo de ingresos previsto y justificando también que el techo de gasto es el máximo que permite la ley y que ésta no exige apurarlo hasta el último euro.

En cifras contantes y sonantes, el ajuste implica que mientras que el techo de gasto aprobado por el Parlamento ascendía a 196.097 millones de euros el gasto no financiero previsto para 2021 será de 194.456 millones de euros. Seguirá siendo el mayor gasto presupuestario de la historia, pero resta 1.639 millones de euros respecto al gasto previsto hace apenas tres semanas. El Gobierno explica que en las negociaciones con los grupos parlamentarios de los últimos días ha habido cuestiones relacionadas con los ingresos que han terminado por caerse del planning del Gobierno y eso ha exigido a Hacienda ajustar los gastos al volumen de ingresos del que se espera disponer en 2021.

La ministra, no obstante, ha querido destacar que 2021 contemplará el mayor gasto social de la historia. Nada menos que 239.765 millones de euros - aquí se incluye no solo el gasto del Estado, como en el techo de gasto, sino también el de la Seguridad Social-, un 10% más del que se prevé ejecutar en esas partidas en 2020. Ese incremento del gasto se apoyará en parte en la llegada de los fondos europeos, que el Ejecutivo empleará entre otras cosas como ya anunció en el impulso de una 'industria de los cuidados' en España, lo que implicará mayores gastos en los capítulos de políticas sociales. Montero ha querido destacar que aún en ausencia de esta inyección extra el gasto social habría crecido un 6%. 

Ese paraguas de gasto amparará, por ejemplo, el incremento del 0,9% de las pensiones, del que se beneficiarán cerca de diez millones de pensionistas; la subida del 1,8% a los 450.000 perceptores de pensiones no contributivas; un incremento del 34,4% en los gastos asociados al funcionamiento del sistema de atención a la dependencia; la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas; o el incremento de los fondos orientados a las políticas de lucha contra la pobreza infantil, que se incrementarán un 59%.

Un presupuesto 'extraordinario'

"Es un presupuesto extraordinario, por el singular contexto en el que se enmarca, pero también por la magnitud de las cuantías sin precedentes que va a movilizar", ha subrayado la ministra en relación a la inclusión en las cuentas públicas de 27.000 millones de euros en fondos europeos. Una inyección que permitirá lo que la ministra ha calificado como "un presupuesto expansivo" que busca acelerar la recuperación lo máximo posible y según el relato del Ejecutivo sentar las bases de un modelo productivo más ecologista, más cohesionado y más feminista.

La ministra ha glosado que el proyecto presupuestario del Gobierno aspira a corregir determinadas disfunciones del estado de bienestar que la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto y también a impulsar un puñado de reformas largamente reclamadas desde la academia, como aquellas que tienen que ver con la transición ecológica, la digitalización de la economía o el impulso a la formación, que el Ejecutivo tiene la intención de abordar con la ayuda de los fondos europeos. 

Por otro lado deja algunas lagunas, al menos a partir del relato trasladado este martes por la ministra de Hacienda. Para empezar se supone que el Presupuesto únicamente recoge la cobertura financiera de los ERTE y del resto de disposiciones del 'escudo social' hasta el próximo 31 de enero y que las eventuales prórrogas que se pudieran arbitrar sencillamente no están previstas. "Tranquilidad, los recursos que se necesiten se obtendrán como ha venido sucediendo hasta ahora", explicó la ministra. Lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que se ha financiado con más emisiones de deuda y más gasto público, lo que se traduciría en más déficit.

Pese a ello, y a pesar también de la optimista previsión de ingresos e incluso de crecimiento que recoge el cuadro macro que da sostén a los Presupuestos, el objetivo de Montero es reducir el déficit público desde el 11,3% hasta el 7,7% del PIB.

Una subida de impuestos muy atenuada

Para financiar todas estas políticas de gasto social y el resto de políticas de gasto incluidas en el Presupuesto, el Ejecutivo confía en la inercia de la recaudación fiscal que se ha observado en los últimos meses, que según la ministra de Hacienda invita a pensar que los ingresos por impuestos evolucionarán por encima de la economía. 

Cuando el Gobierno envió su hoja de ruta a Bruselas el pasado 15 de octubre se estimó la mejora de los ingresos para 2021 en 33.000 millones de euros, las expectativas ahora son algo menos optimistas. La ministra Montero atribuyó esta circunstancia a que hay medidas que en principio estaban previstas pero cuyo perímetro ha variado en la negociación con los grupos políticos para perfilar un proyecto de Presupuestos que pudiera recabar el apoyo político necesario para salir adelante. Según la ministra esto explica, por ejemplo, que los ingresos por impuestos indirectos, principalmente IVA, vayan a ser menos cuantiosos que los que se comunicaron a Bruselas, entre otras cosas porque por ejemplo el Gobierno ha renunciado finalmente a cargarse la exención en el IVA a los servicios de educación y sanidad privada que barajaba como una de sus principales fuentes de ingresos para 2021.

La subida del IRPF será mucho más suave que la prevista. Solo se subirán los impuestos a los contribuyentes con rendimientos del trabajo superiores a 300.000 euros y con rentas del capital por encima de los 200.000 euros, lo que limita el impacto a un grupúsculo de unos 50.000 contribuyentes sobre los cerca de 19 millones que cada año tienen que ajustar cuentas con Hacienda. En el Impuesto de Sociedades, se aparca la activación del tipo mínimo del 15%, pero sí se aplicará la reducción al 95% de la exención sobre los dividendos recibidos de filiales, si bien ésta quedará restringida a 1.739 grandes empresas y no afectará a las que tengan un nivel de facturación inferior a los 40 millones de euros.

También se han restringido limitado el alcance de la subida del IVA hasta el tipo general del 21% a las bebidas azucaradas, que se aplicará en los establecimientos de venta minorista, pero no en bares y restaurantes en los que esos refrescos tendrá un IVA del 10%.