Montero busca evitar otro debate sobre Patrimonio tras el batacazo en Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está dispuesta a repetir en la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude la ruidosa discusión política que se generó en el debate presupuestario a propósito de la enmienda de ERC, apoyada por Unidas Podemos y otros grupos de la izquierda política, que instaba al Gobierno a reformar de inmediato la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio para crear un tramo estatal y acabar de esta manera con la exención total de su pago de la que disfrutan los contribuyentes de más posibles de la Comunidad de Madrid desde el año 2011. Entonces, Hacienda resolvió la refriega política generada en torno a la controvertida enmienda con el compromiso, aún no cumplido, de abordar este debate más adelante y crear un grupo de trabajo bilateral con ERC para estudiar el asunto. Esquerra ha recuperado la enmienda para la 'ley antifraude', pero ahora el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a negociar, según aseguran fuentes parlamentarias

No lo está pese a que los socios del Gobierno de Unidas Podemos han manifestado su intención de apoyar esta enmienda tal y como ya lo hicieran en el tramitación de la Ley de Presupuestos y asumiendo el riesgo de la nueva grieta en la relación entre las dos alas del Ejecutivo a la que puede dar lugar. En los últimos días los esfuerzos de los negociadores de Hacienda y del grupo parlamentario socialista - que de repente han desbloqueado la negociación de una ley que llevaba casi seis meses paralizada - se han centrado, según admiten varias fuentes parlamentarias, en tratar de acordar aspectos puntuales con los grupos parlamentarios que puedan asegurar la aprobación del texto, que Hacienda confía en cerrar antes del verano con el objetivo de garantizar su aprobación definitiva en el segundo semestre del año.

Las fuentes consultadas aseguran que entre esos aspectos que se han puesto sobre la mesa de negociación no se ha incluido sin embargo la controvertida enmienda en torno a la reforma del Impuesto de Patrimonio, ni siquiera para realizar alguna especie de posicionamiento formal como el que resolvió la cuestión hace unos meses. Hacienda parece haber decidido ignorar esa propuesta, pese al respaldo explícito a la misma manifestada por Unidas Podemos. Fuentes parlamentarias consultadas por La Información atribuyen este planteamiento al clima generado tras el demoledor resultado de la elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que algunas fuerzas de la izquierda parlamentaria temen que se pueda traducir en un replanteamiento de las posiciones del Gobierno en torno al debate fiscal.

Desde esos ámbitos se observan con preocupación los últimos mensajes lanzados por el Gobierno sobre el particular, tanto desde el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, que pospone cualquier decisión de calado sobre el sistema fiscal hasta el año 2023, como en las propias declaraciones públicas de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace apenas unos días se encargó de aclarar que el Ejecutivo no tendrá reparo alguno en atrasar aún más su plan de subidas fiscales en tanto no se recupere el PIB anterior a la pandemia.

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Si esto se va a convertir o no en un problema político o en un obstáculo para la aprobación de la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude - un proyecto fundamental para el Gobierno, no sólo porque da sustento legal a un puñado de medidas que Hacienda considera esenciales para tener instrumentos más eficaces para luchar contra el fraude sino también porque de esta norma se esperan 828 millones de euros de recaudación extra para las arcas públicas -, va a depender en gran medida de la posición que adopte Podemos al respecto. La formación morada declinó presentar enmienda alguna al proyecto en protesta por su falta de participación en la definición de la ley y ahora no tiene posibilidad de transaccionar sus aportaciones al proyecto, aunque sí de apoyar o no las que se planteen en la ponencia de la norma, que está previsto que arranque esta semana. De hecho, ya manifestó su intención de apoyar varias enmiendas de ERC como la de Patrimonio o la de ampliar la lista de paraísos fiscales a territorios como Andorra.

Hacienda lleva semanas negociando el apoyo de Podemos a la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude, pero según fuentes conocedoras de esos contactos esa negociación tiene un alcance mucho más amplio y no se limita a buscar un acuerdo sobre las potenciales aportaciones que se puedan realizar a la norma antifraude sino que afecta también a otros ámbitos, como la naturaleza de las ayudas al alquiler que se pueda incluir en la nueva Ley de Vivienda. Las posiciones tampoco son cercanas ahí. El área socialista del Gobierno rechaza regular de forma directa los precios de los alquileres y aboga por hacerlo por la vía indirecta de los incentivos fiscales, ofreciendo desgravaciones de hasta el 90% sobre sus rendimientos a los propietarios de pisos en zonas tensionadas por los elevados precios que decidan rebajar un 10% o más el precio que cobran.

Podemos aboga por una restricción de precios más clara y también por generalizar las penalizaciones fiscales en el IBI a los propietarios que mantengan inmuebles vacíos, que en la actualidad apenas se aplican en dos centenares de ayuntamientos sobre un total de cerca de 9.000.