La ministra de Hacienda y flamante nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quiere acelerar al máximo los trámites para llevar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso después de cerca de dos años operando con las últimas cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro, pero eso no significa que el proceso se vaya a resolver en cuestión de días.
Será más bien cuestión de semanas y en parte porque Montero espera que las buenas artes de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en Bruselas le otorguen un mayor margen de maniobra por el lado del gasto para poder dar respuesta a las demandas de la macroestructura de Gobierno configurada tras el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con 23 departamentos ministeriales (cuatro vicepresidencias incluidas) y una treintena de secretarias de estado.
La negociación con Bruselas será por tanto el primer paso de las próximas cuentas públicas. Luego vendrá la negociación con los partidos para garantizarse un respaldo mayoritario al techo de gasto presupuestario y en última instancia la presentación formal del proyecto presupuestario a la Cámara, según la hoja de ruta perfilada por la responsable del Ministerio de Hacienda en su "no toma de posesión" celebrada este lunes en la sede del Ministerio.
A estas alturas la senda de consolidación fiscal del Reino de España es lo más parecido a un enigma que uno se pueda encontrar. En teoría, la única que está oficialmente aceptada por Bruselas marca que en 2020 España debería cerrar con un déficit del 0,5% del PIB, un objetivo que parece inalcanzable cuando es más que probable que en 2019 ese indicador se haya quedado por encima del 2% del PIB. El Gobierno, no obstante, se siente más concernido por la cifra negociada por Calviño tras su primera visita a Bruselas como ministra de Economía, cuando arrancó aunque solo oficiosamente un mayor margen de confort: 1,1% del PIB.
Pero la senda de reducción del déficit negociada por la hoy vicepresidenta económica del Gobierno con Europa también se quedó corta y en el último Plan Presupuestario el Gobierno hablaba ya de un objetivo de déficit del 1,7% del PIB para 2020 como referencia más razonable. ¿Será ésa la referencia que negociará Nadia Calviño? De momento nada se concreta desde el área económica del Gobierno.
Como si fuera el Ministerio de Justicia Social
Era la sede del Ministerio de Hacienda, pero el primer discurso de la titular del Ministerio ya como portavoz del Gobierno 'de facto' alcanzó un vuelo inusual en anteriores comparecencias. Para empezar, Montero quiso desprender a Hacienda de ese barniz de 'guardián inflexible de los recursos públicos' que ha arrastrado casi desde que el mundo es mundo y alguien decidió que la gestión de las caudales públicos debía confiarse a un departamento 'ad hoc'. "Éste no debería llamarse Ministerio de Hacienda sino 'Ministerio de Justicia Social' porque su función no se hacer la vida imposible al resto de ministerio sino acompañarlos para que todas las políticas sean armónicas y contribuyan a la redistribución".
En este sentido, Montero situó como principales objetivos de la acción política de Hacienda reequilibrar el papel del Estado del Bienestar, fortalecer los servicios públicos y hacerlo en la medida de lo posible con la participación de todos los actores. Definidos los objetivos, dejó muy claro cómo el Gobierno quiere alcanzarlos: "La pregunta no es si se pagan muchos o pocos impuestos, sino quién los paga y cómo se gastan esos recursos para alcanzar los objetivos planteados".
Montero ha admitido que en esta nueva etapa el Ministerio de Hacienda retomará la agenda de asuntos que se quedara pendiente con la caída del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, lo que augura una agitada política fiscal con reformas del IRPF, Sociedades, Patrimonio, fiscalidad verde y probablemente otras figuras. Pero también identificó como uno de los retos de la legislatura el alumbrar un nuevo modelo de financiación autonómica, un reto mayúsculo en un mandato caracterizado por la fragmentación parlamentaria y tal vez por una enconada batalla autonómica entre gobiernos regionales progresistas y conservadores.
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