Crear un grupo de trabajo con el objetivo de fijar límites mínimos y máximos de tributación en el Impuesto de Patrimonio y con el horizonte de que este gravamen juegue "un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario y contribuir a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes". El acuerdo alcanzado entre Gobierno y ERC, a partir de la enmienda irrenunciable del grupo republicano al proyecto de PGE 2021 que aspiraba a acabar con el presunto oasis fiscal madrileño estableciendo una cuota estatal en el impuesto de pago obligatorio en toda España, se ha saldado finalmente con el compromiso gubernamental de constituir un grupo de trabajo que se centrará a lo largo de los próximos meses en el análisis de esta cuestión para tratar de darle solución.
Hacienda no lo va a tener particularmente difícil para cumplir ese compromiso. Como avanzó La Información el pasado mes de septiembre, el departamento que dirige María Jesús Montero ya encomendó esa misma tarea hace unos meses a un grupo de élite formado por altos cargos del Ministerio, encabezados por el subdirector general de Impuestos Patrimoniales, Luis Javier Romero; y con técnicos de la propia Dirección General de Tributos y de la Agencia Tributaria; investigadores del Instituto de Estudios Fiscales; y miembros de la Abogacía del Estado.
El objetivo era ya entonces analizar todas las alternativas técnicas disponibles para establecer un gravamen mínimo en el Impuesto de Patrimonio y también las posibilidades jurídicas de hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, un cauce controvertido sobre todo en el caso de que se hubiera optado por dar carrete a la propuesta de Unidas Podemos de crear un nuevo Impuesto sobre las Grandes Fortunas.
No es el primer grupo de trabajo que el Ministerio de Hacienda constituye para estudiar las posibilidades de armonización fiscal durante la era Montero. Al poco de ocupar su despacho en la calle Alcalá, la ministra de Hacienda ya encomendó al Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación Autonómica, un órgano técnico cuyo objetivo es trabajar las materias que posteriormente pueden someterse a debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera - donde se sustancian las cuestiones fiscales que implican a Estado y comunidades autónomas-, un análisis exhaustivo de las posibilidades de ajuste del sistema de financiación autonómica sin necesidad de entrar en una reforma a fondo, poniendo entre las tareas a valorar un eventual avance en la armonización del marco fiscal en lo referente a los impuestos estatales cedidos: Impuesto de Patrimonio e Impuestos de Sucesiones y Donaciones.
Fuentes conocedoras de esos estudios aseguran que todo ese trabajo técnico realizado en la sombra ya ha puesto a disposición del Ministerio de Hacienda todas las alternativas técnicas y jurídicas disponibles para resolver los problemas creados por la decisión de la Comunidad de Madrid de no cobrar el Impuesto de Patrimonio en su territorio y, sobre todo, por su tendencia a liberar también de cargas fiscales tanto las herencias como las donaciones en vida, lo que ha desencadenado una competencia a la baja en los últimos años que amenaza con anular la capacidad recaudatoria de estos ingresos. "Sin duda no es una cuestión de encontrar soluciones técnicas es una cuestión de oportunidad política", advierten, en relación a la solución acordada para superar todo el revuelo causado por la enmienda de ERC.
Preocupación por embarrar una reforma "necesaria'
"Se ha planteado un importante debate fiscal como si fuera una rivalidad futbolística", lamenta Jesús Rodríguez Márquez, abogado de Ideo Legal y exdirector general del Instituto de Estudios Fiscales. "Se puede estar a favor de mantener el Impuesto de Patrimonio o a favor de eliminarlo, y hay argumentos para defender ambas posiciones, pero el debate debe hacerse desde el respeto a la corresponsabilidad fiscal de las autonomías". "El debate ha estado contaminado por diversos vectores: trámite presupuestario, controversia política, refriega entre el Gobierno y Comunidad de Madrid, y no se ha atendido a que se trata de un asunto de competencia fiscal y de razón de ser de estos impuestos", recalca Diego Martínez López, profesor de Economía de Universidad Pablo Olavide de Sevilla y exsecretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.
De fondo, el temor de que el debate sobre el Impuesto de Patrimonio quede etiquetado como un pulso entre Moncloa y Díaz-Ayuso o entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. "Decir que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal es una barbaridad", argumenta Diego Martínez. "Un paraíso fiscal no es solo un lugar donde hay impuestos bajos, sino donde se oculta información y se entorpece la acción de las administraciones fiscales. La fiscalidad en Madrid es favorable y se podría decir que demasiado favorable, pero es así porque los impuestos se han descentralizado mal y porque la recaudación normativa del sistema de financiación autonómica está mal calculada. Ahí está el problema". En su opinión, el actual esquema no es ni eficiente ni equitativo y se deberían establecer unos mínimos de tributación en el sentido de lo que planteó el Comité de Expertos para la Financiación Autonómica reunido por Cristóbal Montoro.
Jesús Rodríguez Márquez entiende que hay un consenso académico bastante generalizado en relación a la necesidad de fijar una horquilla de tributación mínima y máxima para que las comunidades autónomas no puedan abolir un impuesto cedido por el Estado, como ocurre con el Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid por el efecto de la bonificación del 100% sobre la cuota a pagar. Por la operativa de este dispositivo, el Gobierno de Madrid renuncia cada año a unos 1.000 millones de euros de recaudación, pero esa renuncia no tiene impacto alguno sobre los recursos que percibe la región desde el sistema de financiación autonómica. "El sistema no penaliza de ninguna forma la competencia fiscal a la baja", explica Diego Martínez.
"Se está produciendo un anquilosamiento de estos impuestos", sostiene Rodríguez Márquez. "Los que estamos a favor de que estos impuestos continúen existiendo sabemos que necesitan de una reforma profunda y en parte pase por el establecimiento de una imposición mínima que evite que las comunidades autónomas los eliminen". No todos están de acuerdo con esa imposición mínima. La organización de asesores fiscales Aedaf, en línea con lo que se sostiene desde la Comunidad de Madrid, entiende que "el sistema de financiación autonómica se ha basado en el principio de autonomía financiera como fundamento de la autonomía política de las comunidades autónomas y en el de la corresponsabilidad fiscal con el Estado" y que atacar esos principios de forma unilateral en la Ley de Presupuestos incluso podría haber llegado a ser inconstitucional.
Expertos y Ministerio de Hacienda parecen coincidir en un punto. El asunto debe tratarse, sí, pero en el marco de la negociación del sistema de financiación autonómica sea para introducir retoques o para abordar una reforma profunda del mismo como el Gobierno se comprometió a hacer al poco de iniciar su andadura pero que cada día parece más complicado. "Éso sería lo mejor", matiza Jesús Rodríguez Márquez, "pero si el Gobierno, al que le corresponde de forma legítima marcar las directrices de la política fiscal, quisiera reformar la normativa del Impuesto de Patrimonio para implantar una tributación mínima podría hacerlo perfectamente".
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