Como ya había adelantado oportunamente a lo largo de la semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al final fue que sí. Al final, el Gobierno de España encontró con la inestimable colaboración de la Abogacía del Estado el resquicio legal para adelantar a las comunidades autónomas de Régimen Común -todas salvo Navarra y el País Vasco- los 4.682 millones de euros extra que les correspondían en virtud del sistema de financiación autonómica, pero que permanecían bloqueados en las arcas del Estado por la ausencia de Presupuestos Generales en 2019 y por las restricciones legales que las leyes españoles imponen a los Gobiernos en funciones. Lo ha hecho por la vía del Real Decreto.
El asunto es que se supone que no podía hacerlo. Lo que se sabía hasta este viernes es que la Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda había informado en contra de abonar a los gobiernos autonómicos esos algo más de 4.500 millones de euros que les correspondían por el incremento de los ingresos tributarios esperados por el Estado en 2019, estando el Gobierno en funciones y sin unos Presupuestos en vigor que sustentaran jurídicamente esa decisión. Es, claramente, una distorsión del sistema de financiación autonómica, que exige sin mucha explicación una decisión administrativa del Gobierno del Estado para liberar en dirección a las arcas autonómicas unos recursos que con la ley de financiación en la mano les corresponden.
Pero la distorsión había llevado al Gobierno a un callejón sin salida, que finalmente ha conseguido salvar. La comparecencia de María Jesús Montero tras la reunión de este viernes del Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el Real Decreto que permitirá al Gobierno abonar esos recursos a las comunidades autónomas -ahorrándose de paso un flanco seguro de ataque por parte de las comunidades autónomas del PP en la próxima campaña electoral-, ha sido un intento de explicar las razones del cambio de opinión de la Abogacía del Estado.
Montero ha apuntado a dos argumentos fundamentales. El primero se refiere al principal argumento que utilizó en su momento la Abogacía del Estado para impedir esos pagos: la injerencia de un Gobierno en funciones en cuestiones que probablemente le tocaría resolver al próximo. Al parecer, Hacienda ha convencido a los servicios jurídicos del Estado haciéndoles ver que a la vista del plazo medio que se tarda en constituir un gobierno en España -unos 40 días- el impago de esos anticipos se iría ya al año que viene, provocando un problema de tesorería a las CCAA que tampoco el gobierno entrante podría resolver.
El segundo flanco por el que ha atacado Hacienda tiene que ver con la situación particularmente delicada de alguna comunidad autónoma, que Montero no ha detallado en su comparecencia pública, que podría afrontar problemas de impago ya el próximo mes de noviembre si no le llegaban esos anticipos que los gobiernos autonómicos contemplaron en su planificación presupuestaria pero que no han llegado a ingresar. Una 'situación de emergencia' que, en opinión de Montero y en última instancia de la Abogacía del Estado, justifican el cambio de opinión de los servicios jurídicos en orden a permitir, ahora sí, que se pague ese dinero.
"Ya dijimos que no nos íbamos a rendir"
María Jesús Montero ha querido desactivar preventivamente las más que probables acusaciones de electoralismo que le van a caer en los próximos días por resolver el asunto a un mes de las elecciones generales del próximo 10-N asegurando que la de pagar fue siempre la posición del Gobierno y que desde su Ministerio siempre se ha dicho que se buscarían hasta el último segundo los resquicios legales para abonar esos adelantos a las comunidades autónomas.
¿Por qué no se encontraron antes? La Xunta de Galicia circuló a principios de septiembre un informe jurídico que avalaba el pago de esas cantidades y la presión de las autonomías, incluso de las gobernadas por el PSOE, era evidente desde antes del verano. Montero ha explicado que en esos momentos aún había posibilidades de acordar un Gobierno para España, en el marco de la negociación con Unidas Podemos, y resolver el problema, pero que ahora ya parece inviable resolverlo antes de que finalice el año y, singularmente, antes del mes de diciembre cuando los problemas de tesorería podrían ser ya generalizados en todas las CCAA.
Un argumento sorprendente si se tiene en cuenta que Montero mantuvo hace apenas un par de semanas, cuando ya se sabía que habría elecciones generales, una reunión bilateral con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la que se comprometió formalmente a resolver mediante créditos blandos la situación de las comunidades autónomas más exigidas y sólo de las más exigidas: la propia Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.
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