Los Presupuestos Generales del Estado son una caja de sorpresas. Su volumen, el peculiar lenguaje administrativo en el que están redactados y el inmanejable entramado de referencias a legislación pasada que trufan el texto convierten muchas de sus medidas en un misterio casi insondable, accesible solo para iniciados. Los departamentos de Fiscal de las grandes empresas los examinan al detalle y esta vez se han encontrado con una desagradable sorpresa que nadie les había contado: el Gobierno pretende elevar los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades que Hacienda exige a las empresas que facturan más de 10 millones de euros desde 2016.
En puridad, no se trata de una subida de impuestos. Lo que se consigue es adelantar el cobro por parte de Hacienda de las cuotas que le corresponden del Impuesto de Sociedades. Si hasta 2016 los pagos a cuenta que hacían las empresas eran del 17% a partir de ese año pasaron a ser del 23% lo que, según la información de la Agencia Tributaria, reportó ese año a las arcas públicas unos ingresos extra de 2.967 millones de euros, casi tres décimas menos en el déficit público.
La medida, de carácter supuestamente extraordinario, fue implantada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy - ya la había utilizado antes el Gobierno Zapatero en su última etapa - con la excusa de acelerar la reducción del déficit por debajo del 3%. De hecho se aprobó con el compromiso tácito de retirarla cuando ese objetivo se alcanzara.
El mecanismo permaneció vivo en 2017 y 2018 y este año 2019 - con el déficit ya por debajo del 3% - supuestamente hubiera correspondido su suspensión. Pero los planes del Gobierno son otros. Acuciado por el imperativo ideológico de apretar las tuercas a las grandes empresas y por el objetivo presupuestario de obtener 3.400 millones extra de los impuestos pagados por las grandes empresas, el departamento que dirige María Jesús Montero no solo no ha suspendido la aplicación de esta cláusula - que Cristóbal Montoro, dicho sea de paso, reguló sin fecha de caducidad por lo que pudiera pasar - sino que ha incluido un incremento del tipo aplicable a esos pagos fraccionados del 23% al 24%, situándolos ya al borde del tipo legal del 25%. Según la estimación realizada en su día por el Gobierno del PP, la medida alcanzaría a unas 9.000 empresas, las de mayor volumen de facturación del país.
Explicado de forma sencilla viene a ser como si de repente el Ministerio de Hacienda exigiera a las empresas que aumentaran la retención fiscal a los trabajadores hasta el 96% de lo que les correspondería pagar de IRPF por su retribución bruta. En ese caso se recortarían los salarios mensuales de éstos. En el caso del Impuesto de Sociedades, lo que se recorta es la liquidez disponible en la caja de las empresas.
Una medida casi clandestina...y de dudosa legalidad
La medida se ha deslizado con tanto sigilo que no aparece por ningún lado ni en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas ni en la información algo más completa proporcionada por el Gobierno a la Autoridad Fiscal para realizar su evaluación de dicho plan presupuestario. En realidad, la medida sí se menciona en la información enviada a Bruselas, pero para recordar el impacto presupuestario que tuvo en el 2016 y estimando en cero euros su efecto en 2019.
Más llamativo aún es que su inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 no haya movido un ápice la previsión de nuevos ingresos en el Impuesto de Sociedades prevista con anterioridad. No hay cifra oficial del impacto de este incremento de los pagos a cuenta, pero si nos atenemos a los resultados obtenidos por la revisión realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la recaudación extra para 2019 estaría entre los 350 y los 400 millones de euros, una cifra lo suficientemente relevante como para mencionarse.
Que no se mencione abona la teoría trasladada a La Información por dos asesores fiscales de empresas del Ibex 35 de que se trata de una maniobra para intentar generar ingresos que permitan aproximar lo más posible el dato incluido en los Presupuestos de 2019 a la realidad. Desde el Ministerio de Hacienda se limitan a explicar que la subida del tipo mínimo de los pagos fraccionados para empresas que facturan más de 10 millones de euros va en línea con otras medidas, como la aprobación de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible o la reducción del 100% al 95% de la exención a dividendos de fuente extranjera.
La 'jugada' del Gobierno coincide con un auto de la Audiencia Nacional que pone en cuestión la constitucionalidad del incremento de los pagos anticipados que las grandes empresas abonan a Hacienda a cuenta de la cuota final del Impuesto de Sociedades, según informó Expansión.
El auto cuestiona tanto la forma, por haberse aprobado una modificación sustancia del Impuesto sobre Sociedad por la vía del Real Decreto-Ley, como el fondo, al considerar que la medida atenta contra el principio de capacidad económica que protege la Constitución, motivos por los cuales ha decidido elevar una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional.
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