Después de saltarse el diálogo social para 'comprar' el apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado con la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de la historia de la democracia, de nada menos que el 22,3%, hasta situarlo en 900 euros, el Gobierno va a dejar ahora a la patronal y los sindicatos que sean ellos los que negocien un nuevo incremento, en la dirección de situarlo en 1.000 euros en 2020.
A finales del año pasado, el Gobierno socialista 'enfadó' a los agentes sociales al ignorarles en la negociación de uno de los elementos clave para los que habitualmente el poder Ejecutivo suele contar con la opinión y las recomendaciones de la patronal y los sindicatos: la subida anual del SMI. Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de Pablo Iglesias a los Presupuestos para 2019 y, en el marco de la negociación presupuestaria, cedió a la petición del dirigente morado de situar el SMI en 900 euros.
Ahora, y según ha avanzado la ministra de Hacienda en una entrevista a Efe para explicar el programa económico socialista, de seguir en La Moncloa tras las elecciones generales del 28 de abril, Sánchez no tiene previsto volver a subir por decreto el sueldo mínimo legal, ya que cree que el camino "óptimo" tiene que venir ahora del acuerdo entre patronal y sindicatos, en boca de María Jesús Montero.
"Hemos dado un empujón y tienen que continuar ellos, creo que de manera importante, retomando la negociación colectiva", ha señalado la ministra en referencia al desarrollo del acuerdo por el que empresarios y sindicatos ya se comprometieron a promover la subida del salario mínimo en convenio a los 1.000 euros mensuales en 2020.
Más allá, entre las medidas más importantes del programa electoral Montero ha situado la implantación de un ingreso mínimo vital "en el transcurso de la legislatura", a partir del año 2020, acompañado de un itinerario que permita la reinserción en el mercado laboral.
Ayudas al alquiler
Además, un nuevo Gobierno socialista recuperaría las ayudas al alquiler para los jóvenes con bajos ingresos, similar a la implantada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ahora estaría diseñada según el nivel retributivo de los solicitantes. Montero ha recordado que seguirán con el plan de llegar a 20.000 viviendas sociales de alquiler en cuatro años para determinados niveles de renta, pero ha advertido de que cuando este parque público no es suficiente "hay que tener una renta de emancipación como ayuda suplementaria para poder salir de casa".
Por otra parte, la ministra ha dejado claro que "lo primero" con un presupuesto en marcha sería el recargo añadido a los dividendos de sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) y no se ha mostrado favorable a bonificaciones o exenciones fiscales en el IBI ya que -en su opinión- no está garantizado que un beneficio en este impuesto pueda fomentar el alquiler privado.
"El Gobierno de España no va a limitar la capacidad recaudatoria de otras administraciones", ha incidido Montero, que ha reconocido que el denominado banco malo, la Sareb, tiene actualmente una cartera de activos inmobiliarios que no tienen salida por lo que -ha puntualizado- el Gobierno está trabajando ya para ver cómo pueden ser "apetecibles" y rentables para el mercado privado.
En cuanto al alquiler turístico, la ministra se ha mostrado respetuosa con las competencias autonómicas en vivienda, y ha incidido en que "sólo ejerceremos si efectivamente hay un consenso unánime de que sea el Gobierno de España el que dé un paraguas".
La primera medida: aprobar los PGE
Montero ha explicado que la apuesta fiscal del PSOE coincide con la recogida en el rechazado proyecto presupuestario de 2019 -subida de IRPF para rentas altas, tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades y nuevos gravámenes para servicios digitales y transacciones financieras- "con la salvedad del impuesto a la banca".
"No descartamos la posibilidad de retomar el impuesto a la banca en la próxima legislatura", ha indicado Montero, a la vez que aclara que sería un nuevo impuesto que gravaría determinados servicios financieros y solo se pondría en marcha en caso de que la aportación de la banca tras los cambios en sociedades y transacciones financieras "no sea suficiente". Sin embargo, ha puntualizado que esto no se detectaría hasta contar con todos los datos del año 2020.
También ha abogado por incorporar novedades en "fiscalidad verde" en línea con la que se aplica en Europa, mientras que la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas como propone Podemos habría que estudiarla en el momento en el que se plantearan proyectos de ley o "acuerdos" con otros partidos. Esta nueva fiscalidad se incorporaría en la primera ley que pretende aprobar el PSOE si conserva el Gobierno, que serían los Presupuestos Generales del Estado.
Montero ha admitido que estas cuentas requerirán de "algún tipo de ajuste" tanto en ingresos como en gastos para cuadrar el déficit público, que en este caso sería del 1,3% del PIB como marca la meta oficial o del 1,8% si se consiguiera cambiar la ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, la ministra ha considerado que si no fuera posible aprobar unos presupuestos para este año el déficit público podría situarse en el 2%, que es la previsión -ha precisado- que se enviará a Bruselas antes de que acabe este mes con la actualización del Programa de Estabilidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios