La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha puesto las cartas encima de la mesa. El Gobierno abordará la reforma del modelo de financiación autonómica de manera inminente, abrirá una ronda de negociaciones con los partidos políticos lo antes posible y si todo sale como está previsto presentará el próximo mes de noviembre un primer 'esqueleto' de su propuesta de modelo de financiación de las comunidades autónomas, que según ha revelado en su comparecencia parlamentaria de este jueves para dar cuenta de las prioridades políticas de su departamento en la próxima legislatura tendrá como prioridad abordar las "situaciones de competencia fiscal desleal y 'dumping fiscal', que a su juicio ampara el modelo tal y como está concebido.
En su punto de mira, aunque no lo mencionó de manera explícita, la Comunidad de Madrid y su entorno fiscal 'friendly', que a golpe de rebajas fiscales y desactivación de impuestos cedidos como el de Patrimonio ha conseguido consolidar una imagen de territorio amigable para empresas y grandes fortunas que muchas comunidades autónomas contemplan con desconfianza y que llevan años criticando e intentando derribar, bajo el argumento de que les arrebata actividad económica.
En los últimos tiempos, el trabajo estadístico de la Agencia Tributaria se ha esforzado por aportar nuevos indicios de las distorsiones que genera el modelo fiscal madrileño en su entorno más inmediato. Informes internos de Hacienda han evidenciado en este sentido la influencia directa de medidas como la supresión de facto del Impuesto de Patrimonio en la región -mediante su bonificación del 100% a la cuota de los contribuyentes afectados- o las rebajas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el desplazamiento de grandes fortunas a Madrid.
María Jesús Montero nunca ha ocultado, desde que era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, su preferencia por establecer alguna suerte de armonización fiscal para evitar esas diferencias entre comunidades autónomas. El asunto es controvertido porque en aras de evitar esa competencia fiscal entre territorio restringe el ya escaso margen de maniobra tributario del que disponen los gobiernos regionales, como se ha puesto de manifiesto desde el Partido Popular, que ya ha deslizado que acudirá a los tribunales si al Gobierno se le ocurre restringir la autonomía fiscal de las comunidades autónomas con algún tipo de armonización.
La ministra de Hacienda ha señalado esa armonización como prioridad política número uno del futuro modelo de financiación autonómica, que una vez finalizados los trabajos técnicos, según reveló este jueves la ministra, enfocará en los próximos meses la enrevesada negociación política para alumbrar un nuevo modelo de financiación.
Facilitar salida al mercado de los gobiernos regionales
En tanto se aborda esa negociación política, que se antoja larga y complicada, Montero ha avanzado que abordará más a corto plazo alguna medida para facilitar la reestructuración de la deuda autonómica, un objetivo para el que ha fichado a una ex analista de Standard & Poor's especializada en los mercados de deuda como secretaria general de Financiación y Autonomía Local del Ministerio.
Las intenciones de Hacienda en este campo pasan por suavizar las obligaciones de devolución de la deuda pendiente de las CCAA con el Estado aprovechando el buen momento de los mercados y aligerar los requisitos de acceso a los fondos creados por el Estado para dar liquidez a las comunidades autónomas - el FLA y la Facilidad Financiera- para evitar que sean un obstáculo en la salida de las CCAA a los mercados. Un planteamiento éste último que, en función de como se concrete, podría llegar a abrir la puerta del retorno de la Generalitat de Cataluña a los mercados de deuda, ahora bloqueado por los exigentes requisitos que impone la Administración del Estado.
Récord en la lucha contra el fraude fiscal
En una intervención que se ha prolongado durante cerca de una hora, Montero ha tenido tiempo también para avanzar que en 2019 se batió el récord de fraude aflorado por la lucha contra el fraude fiscal con una cifra que situó en más de 15.700 millones de euros, superando el dato ya extraordinario del ejercicio de 2015.
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